Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2006/12/02 00:00

Sin pruebas

Argentina acusa a Irán del atentado de la Amia en 1994. Pero la falta de evidencias hace sospechar motivos políticos.

Los familiares de las víctimas del atentado de la Amia suelen hacer marchas para recordar sus muertos y para protestar por la impunidad del caso. Esta tuvo lugar el 18 de julio

La orden de captura dictada por un juez argentino contra nueve iraníes, entre ellos el ex presidente Akbar Hashemi Rafsanjani, por el atentado que destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) y provocó la muerte de 85 personas el 18 de julio de 1994, ha desatado un gran revuelo internacional.

Por primera vez, un Estado democrático acusaría judicialmente a Irán de un acto terrorista, en momentos en que Estados Unidos presiona a la comunidad internacional para sancionar a Teherán por los ensayos nucleares que ese país se resiste a cancelar. Sin embargo, no parecen tener la solidez suficiente.

Según el fiscal Alberto Nisman, la orden del atentado “fue tomada por las más altas autoridades de Irán de entonces”, que comisionaron a la organización chiíta libanesa Hezbollah (Partido de Dios), subordinada a Teherán. La razón habría sido que Buenos Aires decidió rescindir contratos de provisión de material y tecnología nucleares con Irán. Los fiscales se basan en una reunión de un año antes entre los responsables del gobierno iraní en Mashad, con diplomáticos destacados en Argentina, que propusieron como blanco la sede de la Amia.

La acusación aparece luego de que toda la investigación sobre el atentado se desmoronó como un castillo de naipes en 2004: los únicos acusados, cuatro policías argentinos y un reducidor de autos, fueron liberados por falta de pruebas, y los promotores de la investigación –el juez Juan José Galeano y los fiscales– fueron procesados.

Galeano fue destituido por cosas como pagar 400.000 dólares al principal acusado, Carlos Telleldín, el vendedor de la camioneta usada en el atentado, para que imputara a unos policías que dependían del gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, enemigo del entonces presidente Carlos Menem.
A este papelón se agregó que el año pasado fue detenido en Londres el ex embajador iraní en Argentina Hadi Soleimanpour, uno de los acusados, pero fue liberado porque la justicia inglesa no encontró pruebas.

Raúl Kollman, periodista de Página 12, especialista en la causa Amia, dijo a SEMANA que, las acusaciones contra Teherán y Hezbollah “se basan en versiones de disidentes iraníes, que no estaban en Irán ni en Argentina, algo así como las versiones que podrían dar cubanos exiliados sobre un supuesto atentado ordenado por Fidel Castro. Son testimonios sesgados y sin evidencia”.

El presidente Néstor Kirchner, peronista de centroizquierda, ha sabido mantener buenas relaciones con Washington, diferenciándose de su amigo, el venezolano Hugo Chávez. Este año Cristina Fernández de Kirchner se entrevistó en Nueva York con las organizaciones judías norteamericanas, a quienes prometió que habría avances en la investigación de la Amia. Poco después, la justicia se pronunció. Pero para Kollman “ni Irán ni Hezbollah han sido acusados de cometer atentados fuera del Oriente Medio. Hubo algunos ataques contra opositores iraníes, no atentados masivos en otro país”.
¿Quién fue, entonces? La hipótesis de Kollman es que “antes de los atentados a las Torres Gemelas, hubo una serie de atentados realizados por grupos radicalizados que no respondían a ningún país, como el atentado frustrado contra las Torres Gemelas, otro en Londres, y en algunos países de África”.

Las cosas se han orientado “para una acusación que conviene políticamente, hacia Irán, y no hacia Siria, por ejemplo”. El documento acusatorio, de 800 páginas, dedica más de 100 al Islam y otros temas políticos, ajenos a lo estrictamente judicial.
La decisión de pedir la captura de los iraníes fue saludada por las organizaciones judías locales, pero surgieron voces escépticas, pues temen estar ante un intento de deslindar la responsabilidad del Estado argentino por la impunidad de una causa que lleva 12 años sin dilucidar.

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