Jueves, 23 de octubre de 2014

| 1982/09/20 00:00

SIRENAS POLICIALES

Complejos problemas económicos y de orden público sacuden al régimen de Belaúnde Terry.

SIRENAS POLICIALES

Debatiéndose entre una crisis económica cada vez más profunda y un incremento de la violencia guerrillera, el presidente Fernando Belaúnde Terry se ha visto precisado a recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) en busca de un nuevo préstamo a tres años de plazo por 960 millones de dólares. "La policía necesita los medios necesarios para enfrentar a los terroristas en la forma más enérgica" dijo recientemente un diputado del partido oficialista, "pero también tenemos que volcar dinero para eliminar las causas" añadió.
Belaúnde Terry, dirigente populista, retornó al poder hace dos años luego de haber sido elegido tras una década de dictadura militar. Pero sus promesas electorales, centradas en la construcción de carreteras, escuelas y viviendas, así como en la creación de empleos, están siendo erosionados por la inflación, que llega ya al 60% anual.
Perú soporta, además, un apresurado incremento de pérdidas de divisas, como consecuencia del servicio de la deuda pública y privada adquirida en los últimos años. Durante los pasados meses, los pagos al exterior por esos dos conceptos absorbieron el 100% de los dólares recaudados por las exportaciones. Hace dos años, ese indicador no llegaba siquiera al 70%.
Ahora, a este cuadro se agregarán las condiciones impuestas por el FMI al Banco Central de Reserva del Perú (BCR) por el nuevo préstamo. Las condiciones, básicamente, son una reducción "realista" de los niveles salariales y la apertura de la economía peruana a la competencia extranjera.
Enfrentado a un déficit de la balanza de pagos superior a los 1.500 millones de dólares, el gobierno recaudará este año 800 millones de dólares menos de lo previsto, gracias a la caída de los precios de sus principales exportaciones metalíferas, el cobre y la plata, la más baja en los últimos 40 años.
El nuevo convenio con el FMI consta de dos líneas de crédito, una por 285 millones de dólares, para compensar la caída de las importaciones y otra por 685 millones de dólares de facilidad ampliada. A estos guarismos se suman otros 520 millones de dólares, prestados al Perú por organismos financieros internacionales privados, previo el visto bueno del FMI.
Estos 1.490 millones de dólares obtenidos hacen que la deuda externa se eleve a 11.000 millones de dólares.
EL COSTO SOCIAL DE LOS PRESTAMOS
El primero de los créditos fue entregado ya, pero el segundo será girado al BCR en cuotas trimestrales. La oposición arguye que ese sistema de entregas permitirá al FMI presionar para que el Perú cumpla las condiciones cualquiera que sea su costo socioeconómico.
Economistas independientes han señalado que si bien el incremento de la deuda externa sí aliviará la situación fiscal de inmediato, servirá, por otra parte, para deprimir aún más la economía popular y favorecerá la penetración de empresas extranjeras.
En realidad, la incidencia social de esos créditos será directa; los salarios deberán mantenerse bajos, se tendrán que aumentar los recaudos tributarios y elevarse los precios de las tarifas de agua y luz. El FMI exige estas alzas para mermar el volumen de dinero en manos de la población y disminuir así el ritmo inflacionario, según los preceptos monetaristas clásicos.
LA "LEY ANTITERRORISTA"
En abril pasado, liberaron a 250 presos en un espectacular asalto a la cárcel de Ayacucho. El mes pasado el mismo grupo fusiló a un gobernador de dicha provincia, tras someterlo a un "juicio popular" en el que fue acusado de ser un "colaborador" de la policía.
La suspensión de las garantías constitucionales declarada por el presidente en tres departamentos del sur del país, ha dado a la policía amplios poderes para confrontar a los guerrilleros.
Javier Diez Canseco, miembro del parlamento por la coalición Izquierda Unida, y vice-presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, explicaba recientemente que el decreto 046, denominado comunmente como la "ley antiterrorista", impuesto por el gabinete, apunta fundamentalmente "a reprimir toda forma de oposición al gobierno".
El parlamentario explicaba en una rueda de prensa en Nueva York, dentro de una gira por Estados Unidos para denunciar las violaciones de los derechos humanos en su país, que en el Perú hay hoy cerca de 500 personas en prisión, acusadas bajo el decreto 046 por perturbar el orden público. Informó además que inclusive, ha sido reabierta la notoria prisión-isla de El Frontón, que había sido cerrada. Casi todos los presos políticos del pasado han sido encerrados allí, incluyendo a Armando Villanueva del Campo del APRA y a Hugo Blanco.
Por otra parte un clima de terror psicológico se extiende en las ciudades. Varios miembros del parlamento -Rolando Breña, Hugo Blanco y Diez Canseco mismo- han sido amenazados de muerte por una banda paramilitar.
POLICIA VS. CDH
El fracaso de la policía en reducir la acción guerrillera estuvo a punto de hacer dimitir al ministro del Interior el general retirado José Gagliardi pero Belaúnde lo convenció de quedarse en el cargo. "Los caprichosos terroristas están equivocados. No conseguirán ensombrecer nuestros logros democráticos" decía el presidente en su discurso del 28 de julio aniversario de la Independencia del Perú.
Pero otra cosa piensa la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Al parecer, la policía está aplicando torturas a los detenidos. Antonio Ayerbe, un estudiante, fue golpeado hasta morir, por la policía del Cuzco.
Más recientemente, un grupo de campesinos en Tarapoto que exigía mejores precios para su cosecha de maíz fue abaleado, muriendo 7 de ellos y quedando heridos 28. Según legisladores peruanos, la Comisión de Derechos Humanos recibe de 600 a 800 quejas por año sobre abusos policiales, muchos de ellos graves, como la muerte de estudiantes en Ayacucho, y sobre falsas acusaciones de terrorismo, como el caso de Isidro Quiroz, un concejal de Lima, que fue falsamente acusado de terrorista y fue a dar a la cárcel. Su acusador, a los 10 meses de prisión, admitió que había estado mintiendo. Pero el concejal continúa preso.

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