SOBERANIA ANTE TODO

LA REUNION CUMBRE ANTIDROGAS DE SAN Antonio (Texas) fue convocada para hacer el seguimiento de la que se efectuó hace dos años en Cartagena (Colombia). Pero esta vez no fueron cuatro los países participantes, sino seis. Ese detalle se convirtió en el indicio más evidente de que la guerra contra el tráfico de drogas no sólo no está terminada, sino que ha adquirido una nueva amplitud geográfica. Colombia, Perú y Bolivia estuvieron como hace dos años representados en su calidad de productores y procesadores de hoja de coca y de cocaína en el mundo. Venezuela (en cabeza de su Canciller) y México, entraron con su nueva calidad de países "puente" en el recorrido de la droga. Al otro lado se situó de nuevo Estados Unidos, como mayor país consumidor del planeta.
Cuando se presentó a la opinión pública norteamericana la celebración de la cumbre antidrogas de San Antonio (Texas), el gobierno de George Bush hizo énfasis en que la reunión era una demostración más de la armonía existente entre los países directamente afectados por el fenómeno del narcotráfico. Para la popularidad de Bush, duramente golpeada por el desempeño económico de su gobierno, la reunión serviría para mostrar logros en un campo tan crucial como las drogas. Al final, sin embargo, lo que quedó demostrado es que la tendencia de los países latinoamericanos se dirige a asumir sus propias actitudes para enfrentar esa lucha.
La razón es clara. En la reunión preparatoria celebrada en Quito, Estados Unidos había propuesto la creación de un "Grupo Regional de Acción" como organismo destinado a coordinar las acciones contra el tráfico ilícito y en particular, para dirigir las acciones coercitivas, sin que las fronteras nacionales fueran un impedimento. Esa posición quedó rechazada en forma unánime. Sus contrapartes fueron enfáticas en que no aceptarían el menoscabo de su soberanía.
Por el contrario los latinoamericanos insistieron, cada uno con sus matices, en la necesidad de centrar los esfuerzos en el apoyo económico. Colombia la caracterizó con el lema "No queremos ayuda, queremos comercio". Otros, como Perú, se inclinaron por la ayuda económica simple. Unos y otros declararon que el problema de la droga no es de un país, sino mundial.
Ello no significa que no hubiera posiciones divergentes entre los latinoamericanos. Colombia abogó por la adopción de un cronograma que terminaría en el año 2010, cuando debería estar erradicado el problema. Esa propuesta no progresó porque los presidentes de Perú primero, y Bolivia después, se negaron a aceptar una regulación que no podrían cumplir.
La razón de la divergencia sobre el cronograma, según los analistas, está en el desempeño diferente que han tenido los países en la lucha contra el narcotráfico. Colombia tiene una posición mucho más firme porque en los dos años transcurridos desde la primera cumbre antidrogas ha conseguido demostrar una eficacia innegable en el combate contra el flagelo. Bolivia y Perú, por contraste, tienen dificultades para asumir esa lucha, y sus economías están en condiciones más precarias para comprometerse logros concretos.
La posición peruana se basó en la solicitud de ayuda económica para la sustitución de cultivos antes que en la represión de los campesinos. Hubo quienes comentaron que las condiciones sociológicas de ese país y de Bolivia son diferentes a las de los demás, porque allí la coca es un cultivo ancestral, que es la forma de subsistencia de 60 mil familias. Fujimori sostenía que la única participación de su país en el narcotráfico se cifraba en esos campesinos pobres, y que no estaba dispuesto a convertirles en enemigos del Estado por cuenta de la militarización del conflicto. Pero en una actitud considerada incongruente, aceptaba la erradicación de los cultivos siempre que recibiera la contribución prevista en la Iniciativa Andina del presidente Bush.
Para los analistas, la negativa latinoamericana a permitir la creación de una fuerza multinacional contra el narcotráfico se basa en el viejo resquemor de Latinoamérica ante los antecedentes intervencionistas de Estados Unidos. Hoy se dice que existen tres riesgos básicos de seguridad y fuentes posibles de intervención norteamericana. Uno tradicional y dos nuevos.
El abogado chileno Santiago Escobar, director de la Comisión Suramericana de Paz, un organismo no gubernamental dedicado a las investigaciones sociales, sostiene que el factor tradicional se relaciona con el eje centroamericano y caribeño, e involucra a Panamá y su canal así como a Cuba y Haití. Los elementos nuevos tienen que ver con el narcotráfico y los riesgos económicos de la cuenca amazónica. La intervención norteamericana con el pretexto de la droga ya se dio en Panamá, con los resultados conocidos no sólo en términos de la muerte de más de siete mil civiles inocentes, sino en la ineficacia manifiesta para terminar el uso del istmo coma puente en el tráfico ilícito como centro de lavado de dinero.
Escobar dice que la intervención hipotética en el futuro asumiría características aún más inquietantes, puesto que no sería tradicional, sino "un despliegue de fuerzas de caracteríticas nuevas, inserto en el nuevo cuadro estratégico mundial, con formas y características diferentes". Serían intervenciones militares "con búsqueda de legitimidad global, incluso a nivel de las Naciones Unidas, y soluciones políticas en el marco de una nueva concepción de la soberanía".
Colombia podría ser el que salió mejor parado de la cumbre. El presidente George Bush y los miembros de la delegación norteamericana no ahorraron adjetivos para reconocer los logros colombianos, que para un observador de ese país "no son siquiera comparables con los de los demás países". En las deliberaciones generales, el presidente norteamericano George Bush cedió varias veces la palabra al Colombiano Gaviria, quien asumió la voz cantante en más de una ocasión. Según un miembro del equipo colombiano, "los norteamericanos nunca habían sido tan cordiales con nosotros, esto es algo que no tiene precedente alguno".
Pero en el balance, la Declaración de San Antonio no llenó las expectativas creadas a su alrededor. Es cierto que en el documento de 20 páginas se frenó la militarización del problema y que se consiguieron logros importantes, como el reconocimiento de la importancia de contar con economías fuertes, la revitalización de los sistemas judiciales y la creación de una comisión internacionalque intentará involucrar a los países de Europa y Asia en el combate global. Pero a juicio de los conocedores del tema, ninguna de esas iniciativas asume un enfoque ralista: que el crecimiento del narcotráfico, un monstruo de mil cabezas, no se detiene con incautaciones de droga y tiene su origen en razones socioeconómicas que hay que buscar en los dos extremos del problema: tanto en la oferta, como en el consumo.-

LA CONTROVERSIA INTERNA
MUCHA AGUA CORRIO BAJO los puentes entre la reunión de hace dos años en Cartagena y la que se llevó a cabo la semana pasada en San Antonio. El contraste entre el cubrimiento periodístico lo señala: si a Cartagena vinieron cantidades de periodistas norteamericanos, algunos con chalecos antibalas, para no perderse la aventura de su presidente en la boca del lobo del narcotráfico, en San Antonio el hecho no pasó de ser un acontecimiento local. Ese es un índice que representa además el cambio de actitud de la opinión pública, que en una encuesta reciente que preguntaba por la mayor fuente de preocupación de los norteamericanos, colocó al narcotráfico en el octavo lugar. La política antidrogas de Bush se encuentra bajo una avalancha de críticas que provienen no sólo de los medios, sino de universidades y organizaciones que han estudiado a fondo el problema. The Washington Post, por ejemplo, dirigió sus andanadas la semana pasada contra el zar de las drogas, el ex gobernador de Florida Bob Martínez,"un funcionario publico más bien sin impacto, cuya influencia decreciente subraya el rápido eclipse del tema de las drogas en el primer plano de la agenda doméstica de Bush". Cuando fue nominado al puesto en diciembre de 1990, Martínez acababa de ser derrotado en su estado y Bush, según se afirma, le dio la mano para tratar de salvar la carrera política de su viejo aliado republicano.
Esa es, sin embargo, sólo una parte de la controversia. Para los críticos, la administración ha dedicado una parte desproporcionada de los esfuerzos a la reducción de la oferta en el exterior con el resultado, según ellos, de que las drogas siguen abundando al norte del río Bravo al tiempo que las democracias andinas se militarizan cada vez más. Alex Wilde, director de la Oficina de Washington sobre América Latina, una organización no gubernamental, sostiene que "tenemos suficiente trayectoria como para saber que este enfoque no puede hacer mella en la oferta que alcanza a los estadounidenses". Un documento del Instituto para Estudios Políticos (IPS, por su sigla en inglés) afirma que "La administración (de Bush) ha respondido a los informes de su fracaso con una escalada militar, en vez de efectuar una reevaluación crítica a la campaña de control de drogas". Para ilustrar su tesis, el texto señala que la porción del presupuesto antidrogas que manejan los militares pasó de 440 millones de dólares en 1989, a 1.200 en 1992. Usando las cifras del propio gobierno, el documento dice que la producción de cocaína en la región andina aumentó en un 40 por ciento y que la de heroína va en ascenso.
Pero el más demoledor fue el senador John Kerry, presidente de la comisión sobre narcóticos del Senado, quien en una audiencia el jueves no escatimó cifras para refutar la idea gubernamental de que ha habido progresos en la lucha. El senador dijo que el mismo Bush "se fijó la meta de reducir en un 15 por ciento las importaciones de cocaína en los dos años siguientes a Cartagena". Pero según Kerry, "el logro real que se consiguió fue un aumento del 15 por ciento". El senador dijo que de seguir la política como hasta ahora, los esfuerzos de su país contra la droga equivalen a "sostener un cubo bajo una cascada ".