SOBRESALTO A TRES BANDAS

"En Honduras pasan muchas cosas, pero en realidad no pasa nada", suele decir un mordaz político local, Efraín Díaz Arrivillaga, presidente del opositor Partido Demócrata Cristiano. Boutade o no, la frase no miente del todo.
Su patria, con 4 millones de-habitantes es el país más pobre de Centroamérica, lo que no es una novedad en Latinoamérica. Pero el subdesarrollo no le ha impedido a Honduras convertirse en un gran fortín militar (con descomunal Fuerza Aérea) y miles de soldados norteamericanos corriendo de un lado para otro en su territorio, y con otro tanto de contras nicaraguenses haciendo lo mismo en las enmarañadas fronteras, lo que sí es un suceso. Con una democracia formal funcionando desde 1982 y sin un movimiento guerrillero visible, lo que es raro en la región, Honduras en los últimos años se ha hecho célebre en las secciones internacionales de los diarios por tres cosas: por las espectaculares maniobras militares con Estados Unidos con las que trata de meterle miedo a Nicaragua, por las zancadillas dialécticas del canciller Paz Barnica a Contadora y por las escaramuzas verbales entre Tegucigalpa y Managua.
Todo esto cambió, sin embargo, la semana pasada cuando las agencias de noticias trajeron de Tegucigalpa un mensaje nuevo: una lucha intensa se había trenzado allí entre las tres ramas del poder público: el ejecutivo peleaba contra el legislativo por unos cambios burocráticos en el judicial.
Tras seis días de combate, las cosas no parecían amainar. Por el contrario, arreciaban.
El problema comenzó en la madrugada del viernes 29 de abril cuando el poder legislativo, tras 14 horas de deliberaciones, destituyó a cinco de los nueve jueves de la Corte Suprema de Justicia bajo el cargo de corrupción. Sin demora, los legisladores nombraron los substitutos y designaron a Ramón Valladares Soto, un jurista de 66 años y de larga trayectoria, como nuevo presidente del alto tribunal, en reemplazo de Carlos Manuel Arita Palomo. Los debates en la legislatura, en las que se impuso el sec tor opuesto al gobierno de Suazo Córdoba, de 50 de los 82 diputados que constituyen el total de la corporación, anunciaron que los nuevos jueces serían juramentados ese mismo día y que estos tendrían un período de 10 meses el cual concluirá el 27 de septiembre de 1986.
¡No había terminado de amanecer cuando el presidente de la República Roberto Suazo Córdoba, intervino en el asunto. Acusó a los legisladores de haber violado la constitución con las remociones y de haber efectuado un "golpe técnico de Estado", en favor de "intereses, ajenos" que no precisó.
Recordando su obligación de mantener la paz y la seguridad interior de la República, él anunció que en su calidad de comandante general de las Fuerzas Armadas adoptaria "las medidas necesarias para la defensa de la República". Esas medidas fueron desconocer las destituciones y ordenar al jefe de las Fuerzas Armadas, general Walter López Reyes, proteger el edificio de la Corte Suprema y a sus magistrados. "Traidores" fue la palabra que esgrimió el jefe del ejecutivo en su alocución radial de madrugada contra los 50 diputados autores de !a reestructuración de la Corte, los cuales obraron, según él, "bajo el imperio de la ambición y de una clara connotación sectaria, que pone en peligro la integridad y permanencia de las instituciones republicanas". Defendió a los jueces desplazados diciendo que el poder legislativo no presentó pruebas de la presunta deficiencia en la aplicacion de la justicia por ellos. El presidente, además, involucró en su discurso el tema de Nicaragua, aunque no pronunció esa palabra, al decir que la situación creada podía ser aprovechada "por los enemigos externos que propician el establecimiento de regímenes lotalitarios que niegan la dignidad humana", lo que creó la inquietud en la ciudadanía de que tras la decisión del legislativo sobre los jueces hubiera motivaciones políticas de fondo.
Al día siguiente, el problema se agravó cuando un tribunal civil ordenó la captura de los magistrados elegidos el viernes por el congreso bajo el cargo de "traición a la patria" y de "atentar contra el gobierno". El primero en ser capturado fue el jurista Valladares Soto. El resto de jueces substitutos pronto salió huyendo cuando se enteró de la detención de Valladares y de que la policia ya venía tras ellos. La posibilidad de un golpe de Estado fue descartada por el general Walter López, militar que se ha distinguido por diferenciarse de su antecesor, quien fue acusado varias veces de corrupción, de ser un elemento proclive a un golpe de Estado, y de haber arrasado con los derechos humanos en el pais. Walter López, indicó que las Fuerzas Armadas se mantendrían neutrales ante el conflicto de poderes. De todas maneras el alto mando acuarteló a los soldados, canceló todas las licencias y declaró a las fuerzas en estado de alerta.
Más tarde, entró en escena un juez penal, Marco Antonio Lanza, quien con fogocidad similar a la del presidente Suazo culpó formalmente de traición, no sólo a su colega Valladares sino a los 53 miembros del Congreso que habían votado la reestructuración de la Corte. En carta que envió al Congreso mismo, pidió a los declarados traidores de levantarse ellos mismos la inmunidad parlamen taria para que pudieran ser capturados y juzgados por el poder judicial con el que estaban en pleito. Los congresistas, encabezados por Efraín Bu Girón, presidente de dicha corporación, rehusaron por supuesto la petición de Lanza y designaron más bien una comisión encargada de diseñar un plan de acción para los legisladores. Lanza pronto fue repudiado por abogados y hasta por algunos jueces, mientras en la calle soldados y policias, portando armas automáticas, patrullaban las calles y edificios judiciales, en especial el de la Corte Suprema .
Todo indica que quien acaudilló la movilización del Congreso contra los jueces destituidos fue Efrain Bu Girón, quien es aspirante a la presidencia por el Partido Liberal, el mismo de Suazo Córdoba. Esta organización política, la mayoritaria en el país, se halla dividida en fracciones debido a la sorda lucha por la nominación a la candidatura presidencial para las elecciones generales del 27 de noviembre. Otro liberal aspirante presidencial, José Azcona Hoyo, respaldó a Bu Girón cuando éste declaró que ante la gravedad del enfrentamiento la solución "que podría adoptar nuestro mandatario sería la disolución del parlamento". Azcona Hoyo declaró más adelante que "el problema de Honduras se llama Suazo Córdoba... Hasta que Suazo Córdoba renuncie a la presidencia no podrá solucionarse el problema de Honduras".
El jefe del ejecutivo además de tal cargo tiene el de coordinador general del Movimiento Liberal Rodista, que es el que controla la maquinaria del partido. Los seguidores de Efraín Bu Girón pidieron a Suazo Córdoba renunciar a tal cargo posiblemente para que no pueda favorecer a Oscar Mejía Arellano, otro aspirante liberal que es el favorito del presidente.
El conflicto de poderes tiene que ver con la crisis misma del partido liberal que conoce una epidemia de canibalismo entre sus filas desde el año pasado, ante la llegada del año electoral. Varios de los aspirantes a la candidatura presidencial en diciembre pasado, figuran hoy entre los protagonistas del conflicto actual: el popular José Azcona Hoyo, así como Efraín Bu Girón, Carlos Reina, Carlos Flores Facusse y Jorge Bueso Arias. Lo que disparó los sectarismos liberales fue el lanzamiento que hizo el 1 de diciembre pasado el presidente Suazo Córdoba, en favor de Flores Facusse.
Fue tan intensa la pelea que se desató esa vez que el mandatario tuvo que declarar que "no impondré ninguna candidatura porque no tengo ni la facultad ni la madera del dictador para hacerlo .
La temperatura había subido tan alto en el partido de gobierno que en noviembre pasado cuando se descubrió en Miami, Estados Unidos, un complot para asesinar al presidente Suazo Córdoba, organizado por empresarios hondureños, las acusaciones y contraacusaciones de estar unas y otras metidas en el complot.
estallaron. El grupo rodista fue al parecer el que más atacó sin ninguna razón aparente a los disidentes en esa ocasión.
¿Estarán reabriéndose ahora las heridas que en ese momento causaron las agrias acusaciones? ¿Es la sucesión presidencial el motivo de fondo de la batalla de poderes actuales? En medio de la confusión y la reserva que guardan sobre estas cosas los protagonistas del match actual, surge la sospecha de que esto, de alguna manera, es así. Las etapas finales de la crisis indicaban que la Iglesia, por intermedio de monseñor Héctor Enrique Santos, máxima figura de la jerarquía católica, mediaba en el entuerto. Pero la frase clave habría sido dicha por otro monseñor, Luis Alfonso Santos, obispo de Santa Rosa de Copán: "Al pueblo no le importan los pleitos que existen en la cumbre del poder, sencillamente porque sabe que no tiene líderes que buscan el bienestar común... Porque también el gobierno está desprestigiado". -