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| 9/28/1998 12:00:00 AM

A SUS ESPALDAS

Un escándalo por la financiación de su partido demuestra que ni siquiera el presidente francés está exento.

La financiación de las campañas es un tema caliente en el mundo entero. La semana pasada, a tiempo que en Estados Unidos se abría una investigación preliminar contra el vicepresidente Al Gore, en Francia estallaba un asunto semejante. La apertura de una investigación en contra de Alain Juppé, antiguo primer ministro del presidente Jacques Chirac, por malversación de fondos y financiación ilegal de un partido político volvió a poner sobre la mesa el tema de una posible implicación directa del presidente. En este país, como tal vez también en Estados Unidos, el asunto constituye un capítulo más de la batalla político-jurídica que libran la derecha y la izquierda.
La noticia monopolizó los espacios políticos de periódicos y noticieros, aunque no tomó a nadie por sorpresa. En efecto, el último eslabón en la investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por miembros del partido de derecha Unión para la República (RPR), dirigida por el juez de instrucción Patrick Desmure, era Alain Juppé, primer secretario del partido entre 1987 y 1994. Juppé se mostró particularmente tranquilo en las declaraciones que hizo a los medios y en una jugada hábil admitió que era posible que ciertas irregularidades hubiesen sido cometidas y que estaba dispuesto a asumir sus responsabilidades, no sin antes mencionar el vacío jurídico existente hasta la adopción de las leyes de 1988, 1990 y 1995 sobre financiación de los partidos políticos.
En efecto, hasta 1988 los partidos disponían de pocos medios para subsistir y disfrutaban de una vacío jurídico total. Era moneda corriente en ese entonces que ciertas entidades del Estado y empresas privadas controladas por uno u otro partido político mantuvieran en su nómina empleados que en realidad trabajaban para estos últimos. Sin embargo las tres modificaciones sucesivas del sistema prohibieron estas prácticas, y en particular la financiación de los partidos por el sector privado. En su calidad de primer secretario del partido, Juppé será investigado en los próximos meses por haber aceptado que los salarios de ciertos empleados que trabajaban para el partido fuesen pagados por empresas privadas, que obtenían a cambio contratos del Estado. Adicionalmente, en calidad de director de gabinete del alcalde de París, Juppé aceptó enviar empleados del Estado a trabajar en el RPR.
Estos dos hechos, que podrían desembocar como mínimo en una sanción de ineligibilidad para Juppé, comprometen al actual presidente de la República en la medida en que éste era, en tanto que alcalde de París y presidente del RPR, su jefe directo. La carrera política de Juppé, quien desempeña actualmente el cargo de alcalde de Bordeaux, se vería así seriamente comprometida. Sin embargo, más allá de las implicaciones personales para Juppé, la medida del juez fue considerada un ataque del Partido Socialista que 'cohabita' con el presidente. En efecto, en la práctica el ministro de Justicia francés goza de poderes considerables para nombrar jueces y abrir o cerrar expedientes, lo cual permite al gabinete ejercer cierto control sobre la rama judicial _control que perturba la separación de poderes_.
Inmediatamente la derecha, que se encuentra dividida y enfrentada a una grave crisis moral e ideológica, cerró filas para manifestar su apoyo total a Juppé al tiempo que calificaba de inconstitucional y absurda una eventual investigación del presidente Chirac. El debate sobre la inmunidad del presidente, otro tema sobre el cual la ley es vaga y confusa, está abierto y lo que está en juego no es tanto una improbable investigación de Chirac durante su mandato sino su responsabilidad tan pronto como el septenio termine y pierda su inmunidad presidencial.
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