Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2016/04/23 00:00

El otro terremoto de Ecuador

Las consecuencias inmediatas del sismo que destruyó varias ciudades de Ecuador son solo la punta del iceberg de lo que le espera al gobierno en materia económica.

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica de Ecuador ha contado 436 réplicas. Los edificios que aún continúan de pie sufren a cada sacudida. Foto: A.P.

Manta, Pedernales, Muisne, Portovejo y Esmeraldas, en el noroccidente ecuatoriano, parecen ciudades bombardeadas. Fueron el epicentro de un demoledor terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter el 16 de abril y, además de destruidas, quedaron incomunicadas. Al cierre de esta edición, las autoridades habían reportado 570 muertos y más de 5.000 heridos, sin contar a los cientos de personas que continúan bajo toneladas de vidrio, ladrillo y concreto. Y la zozobra de que vengan réplicas de mayor intensidad solo calienta un poco más el infierno.

Mientras los rescatistas levantan escombros y buscan vida bajo las ruinas, el gobierno de Rafael Correa evalúa las opciones para la reconstrucción. Pero a la gente no le sobra el tiempo. Sin luz ni agua y con la comida y los medicamentos escaseando a causa de los saqueadores de tiendas y farmacias, la necesidad de ayuda humanitaria se hace apremiante. La ONU, la OEA y la Cepal prometieron personal de apoyo y ayuda económica; varios países como Colombia, Chile, Perú, México, España y Cuba enviaron 1.073 expertos socorristas; el PNUD y la ONG Save the Children activaron líneas de donación internacional, pero los días pasan y el olor a descomposición se vuelve insoportable.

No cabe duda de que el sismo empujó a Ecuador cuando ya se estaba tambaleando. Entre 2010 y 2011, en la economía regional se hablaba del milagro ecuatoriano. Solo en ese año, el producto interno bruto (PIB) se disparó de 1,8 a 7,9 por ciento. Y en los años siguientes, el crecimiento promedio fue de 4,6 por ciento, frente a una coyuntura de recesión internacional. Pero 2015 fue un año amargo. Con un crecimiento nulo, el gobierno debió recortar gastos presupuestales por 2.200 millones de dólares de un total de 36.000, lo cual impactó toda la economía nacional. Como si fuera poco, las estimaciones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) eran de -4,5 por ciento antes del terremoto.

Todo comenzó con el petróleo el año pasado. Los ingresos ecuatorianos dependen de la industria del crudo, que participa en un 55 por ciento de su economía con una producción de 550.000 barriles diarios –que lo ponía en el quinto puesto de América Latina–. Por eso la caída de los precios afectó fuertemente al país. El gobierno había establecido su presupuesto de 2016 con base en 35 dólares por barril, pero, en lo que va del año, el promedio ha rondado los 20 y 25 dólares, que no cubren siquiera los gastos de producirlo.

Y lo peor es que en sus años de gloria, Ecuador exprimió la bonanza petrolera e invirtió en infraestructura, inyectó capital a hospitales, escuelas y vías y en diez años triplicó el gasto público para subsidios, mejoramiento de salarios, mantenimiento del aparato estatal y pago de la deuda. Pero el desplome del crudo lo arrastró, y su única esperanza, las negociaciones de la Opep en Doha para congelar la producción y aumentar los precios, fracasó.

Como un golpe mortal, el terremoto solo exacerbó la crisis. El país deberá desembolsar millonarios recursos en un momento en que su situación económica es grave. En un primer estimativo, el presidente Correa calculó “grosso modo, unos 2.000 o 3.000 millones de dólares” para costear la catástrofe, es decir, 2 o 3 puntos del producto interno bruto (PIB). Pero los expertos dicen que la cifra se queda corta. “Esta comprende la reconstrucción de la red vial y habitacional. Sin embargo, si incluimos los costos de la producción perdida y la disminución de la productividad, el costo va a ser mucho mayor”, dijo a SEMANA Pablo Beltrán, de la Universidad San Francisco de Quito.

Los síntomas de la enfermedad son múltiples. A la falta de ingresos petroleros, se le añade la baja inversión extranjera. Además, a causa de la crisis inflacionaria de finales de los años noventa, Ecuador maneja desde 2000 una economía dolarizada, por lo cual su política monetaria es dictada por la Reserva Federal de Estados Unidos y no tiene la discrecionalidad de emitir dinero para manejar el déficit fiscal. Más allá de esto, tener el dólar como moneda hizo que la devaluación del peso colombiano y el sol peruano abaratara sus productos y fomentara la salida de capitales en la balanza comercial. Para rematar, como le dijo a esta revista el académico y economista ecuatoriano Pedro Romero, “lamentablemente en Ecuador no hay fondos de ahorro para contingencias, debido a la política fiscal expansiva del presidente Rafael Correa para mantener una masa de votantes asegurada”.

Así las cosas, la primera acción del gobierno fue acudir al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Banco Mundial y al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para activar una línea de emergencia que, según el Ministerio de Finanzas, llegaría a los 600 millones de dólares. Sin embargo, esta cantidad es insuficiente, por lo cual debe proyectarse la solución del endeudamiento externo con países aliados. Una posibilidad sería el apoyo de China, con quien mantiene una deuda de 6.395 millones de dólares, pero en los últimos meses su desaceleración ha sido imparable y ya no tiene el mismo brazo económico de antes. Además, la débil producción ecuatoriana hace que su prima de colocación de deuda sea más alta que para otros países y sus créditos internacionales, inevitablemente más caros.

Por otro lado, Correa anunció el incremento del impuesto al valor agregado y la aportación obligatoria de días de sueldo, lo que sin lugar a dudas empeora la situación para la clase media. Las medidas responden al llamado a contribuir para reconstruir las zonas afectadas, algunas destruidas hasta en un 85 por ciento. Por un lado, se establecerán dos puntos adicionales al IVA durante un año. Y por el otro, quienes ganen más de 1.000 dólares mensuales deberán contribuir con un día de sueldo por un mes; si devengan más de 2.000, por dos meses; y si su ingreso es de más de 5.000 dólares, durante cinco meses. Para justificar su decisión, el mandatario declaró que “habrá que tomar medidas temporales frente a la magnitud y lo inesperado de este gasto que afectaría hasta al país más rico del mundo”. Pero a pesar de que el gobierno debería poner en tela de juicio el gasto en aparato estatal –con algunas entidades cuestionadas, como la Secretaría del Buen Vivir–, prefirió proponer bonos en el mercado internacional y el desarrollo de una reforma tributaria.

¿Y el futuro qué?

Los analistas coinciden en que el impacto debe medirse en el tiempo. A corto plazo, en las provincias de Manabí y Esmeraldas, la inflación, el desabastecimiento y el aumento del IPC aumentarán el costo de vida. A mediano plazo, se contraerá la demanda agregada, traducida en una disminución del consumo de los hogares y de la inversión. Finalmente, como dijo Beltrán, “en el largo plazo, al verse afectada la industria y la red vial y ante una disminución de la fuerza laboral, la producción disminuirá y la economía entrará en recesión”. Por esta razón, a pesar de que el sector de la construcción se verá ampliamente beneficiado, los sectores pesquero, agrícola y turístico se irán al suelo. Y aunque Correa afirmó que “el turismo no se puede ver afectado [porque] tenemos un impacto muy focalizado, y el resto de playas están igual de bellas que siempre”, los efectos sobre las zonas aledañas al epicentro son inconmensurables.

Todo empeora para el gobierno pues la idea de un Estado benevolente, necesaria en época electoral, es difícil de sostener ante el desastre natural. La popularidad de Correa se resintió cuando el Congreso aprobó una reforma constitucional que permite la reelección indefinida y aún más con el aumento de dos puntos en la tasa de desempleo, según el Instituto de Estadística y Censos. La encuestadora Market reportó que el presidente solo cuenta con 28 por ciento de credibilidad y que un 75 por ciento de la población afirma que las cosas han empeorado en el país. Además, el fin del boom de los commodities acabó con el ciclo político de la izquierda en la región (impeachment contra Rousseff en Brasil, cambio de gobierno en Argentina, catástrofe humanitaria en Venezuela), por lo cual Correa ya no cuenta con su antiguo respaldo político en el vecindario.

Mientras la economía ecuatoriana se contrae más del 7 por ciento a causa del sismo y el Cinturón de Fuego del Pacífico amenaza con más terremotos, al país solo le queda esperar la solidaridad internacional –lema de la cumbre de Unasur el 22 de abril en Quito–. Y aunque suena obvio, el gobierno reiteró que esta es “la peor emergencia de los últimos 70 años en el país y no es un problema de tres días, tres semanas o tres meses, sino de años”. Con un panorama que pinta gris oscuro, es claro que la tormenta perfecta está cayendo sobre el Ecuador de Rafael Correa.

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