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| 6/17/2013 12:00:00 AM

Tetero y chupo: los nuevos enemigos del chavismo

En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro busca obligar a las madres a dar pecho a sus bebés.

La revolución bolivariana tiene en la mira a dos tradicionales y hasta ahora inofensivos enemigos: el chupo y el tetero. La Asamblea Nacional (AN) discutía a inicios de esta semana la Ley de Protección, Promoción y Apoyo de la Lactancia Materna, la cual tendrá entre sus objetivos condicionar a las madres a amamantar.

No se trata de iniciar una implacable persecución por haberse develado que estos dos elementos obedezcan las políticas imperiales o que hayan surgido de los manuales de la CIA. Al contrario, en esta ocasión hay de por medio una causa noble: que los bebés tengan una mejor nutrición. Sin embargo, el anunció generó una gran controversia nacional.

El gobierno se ha mostrado especialmente duro y prevé sancionar a las madres que no cumplan la ley, en los casos particulares. Y en el ámbito comercial, se prohibirá la publicidad y la difusión de estos artículos, así como su uso en niños con menos de seis meses en centros de salud.

En principio, se prohibirá el uso de teteros y fórmulas lácteas en centros de salud públicos y privados y quienes no cumplan la legalidad pueden ser sancionados.

La propuesta de la bancada del Partido Socialista (PSUV), del presidente Nicolás Maduro, que prevé imponer sanciones que van desde los 2.140 bolívares (674 dólares) a los 321.000 bolívares (50.952 dólares), fue rechazada por la oposición al considerar que no puede promoverse la lactancia materna con políticas coercitivas.

La diputada Odalis Monzón, vicepresidenta de la comisión de Familia y promotora de la reforma, indicó a Efe que de “lo que se está hablando es de estimular más la lactancia materna”, con la idea es que la ley existente, del año 2007, se cumpla.

Monzón indicó que “de la misma manera” que se sacó la promoción del tabaco de los medios de comunicación hay que evitar que se difunda publicidad que incentive el uso de fórmulas alimenticias y biberones para recién nacidos.

El proyecto de ley prevé la prohibición de “la promoción y publicidad de fórmulas lácteas adaptadas para niñas y niños, así como de teteros, tetinas y chupones y demás productos designados, en todos los medios de comunicación y demás medios publicitarios con accesibilidad en el territorio nacional”.

La propuesta precisa que habrá la “prohibición expresa de dar a las niñas y los niños lactantes menores de seis meses de edad, bebidas o alimentos distintos a la leche materna, salvo en caso de indicación médica especial”, en los centros de salud.

“Hay excepciones, porque hay mujeres cuando están enfermas o en casos excepcionales que tienen que tener tetero”, puntualizó Monzón.

La diputada subrayó que se busca “desestimular” la alimentación a través de preparados antes de los seis meses del recién nacido y promover “la lactancia materna de los niños para seguir con ese lazo, con ese valor tan bonito como es el amor del niño hacia la madre, porque eso se debe seguir hasta los seis meses mínimo”.

“Los biberones igualito van a estar en los supermercados pero no con una publicidad, antes lo que se promovía era el uso de fórmulas (preparados infantiles) y teteros”, explicó.

La diputada opositora Dinorah Figuera, presidenta de la comisión de Familia hasta que en abril fue suspendida en el cargo en el medio de la crisis política que vivió el país tras las elecciones, indicó que “los comentarios de la diputada Odalis prácticamente matan la ley”.

“Estoy en desacuerdo con que en una ley que se promueve y se reforma para profundizar la lactancia materna se contemple un elemento sancionador”, indicó a Efe, agregando que lo que debería hacerse es más bien un mayor esfuerzo “por una ley que nunca fue aplicada por el Gobierno nacional”.

Figuera señaló que “la inspiración del legislador” de la norma del 2007 era “promover la lactancia materna, tratar de sensibilizar a las madres”, no “que se cuestione, se estigmatice y se prácticamente criminalice a quienes han apostado a la alimentación”, en alusión a las empresas del sector.

Lamentó lo que consideró una tendencia del oficialismo a colocar “este tipo de sanciones que buscan siempre medidas coercitivas para tratar de demonizar toda acción de política pública”.

Además, en su opinión, “es muy posible” que el Gobierno trate de usar “algunos elementos” de la ley como “mecanismo coercitivo en búsqueda de limitar la acción del empresariado privado en el país”.
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