Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1986/11/24 00:00

TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A WASHINGTON

Las confesiones del piloto Hasenfus parecen indicar que trabajaba para la CIA y su contacto era un amigo del vicepresidente Bush

TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A WASHINGTON

"Más rápido cae un mentiroso que un cojo" dice el adagio popular. Y más cuando se trata de toda una administración tratando de lavarse las manos ante el Congreso y la opinión pública, podría añadirse en el caso del avión derribado en Nicaragua el 5 de octubre, cuando suministraba armas y provisiones a los "contras", que operan en el sur del país cerca a la frontera con Costa Rica. Las declaraciones de Eugene Hasenfus, el único miembro sobreviviente de la tripulación, ante la prensa y en el juicio que se le adelanta en Managua, lo mismo que los documentos encontrados en la nave, así parecen demostrarlo.
A pesar de la reiterada negativa tanto de la administración Reagan como de la CIA a reconocer desde el primer momento vínculo alguno con Hasenfus y los otros dos norteamericanos que hacían parte de la tripulación del avión, el capitán William Cooper y el copiloto Wallace Blayne Sawyer, los hechos conocidos la semana anterior tendían a confirmar las sospechas iniciales: aun en contra de la prohibición expresa del Congreso de proporcionar ayuda militar a los antisandinistas, el gobierno, a través de sus agencias, habría mantenido acciones encubiertas, operadas con mercenarios y apoyadas por otros gobiernos centroamericanos.
Si bien los documentos recopilados por las comisiones de inteligencia del Senado y la Cámara de los Estados Unidos que investigan los hechos, fueron mantenidos en estricta reserva, los datos presentados por la prensa y ante el Tribunal Popular Antisomocista que juzga a Hasenfus en Managua, parecían contradecir la apreciación del subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Elliot Abrams, compartida por algunos congresistas, según la cual no habría "ningún tipo de actividad ilícita que requiera ser investigada". Hasenfus en una rueda de prensa primero y luego en el programa de televisión de la cadena CBS, "Sesenta minutos", afirmó haber sido contratado en junio último por Cooper, con quien en el pasado había realizado operaciones para la CIA en el sureste asiático, motivo por el cual Hasenfus dijo estar convencido de que estaba trabajando para la agencia norteamericana. Reveló, además, que tanto él como sus 26 compañeros recibían por su trabajo 3 mil dólares mensuales, con lo cual desvirtuó totalmente la tesis de Reagan según la cual se trataba de "luchadores por la libertad" (freedom fighters) y la de los " contras" que afirmaban que eran "héroes anónimos".
LOS AMIGOS DE BUSH
Por otra parte, Hasenfus identificó como la persona a cargo de la operación en El Salvador a Max Gómez, cuyo verdadero nombre es Félix Rodríguez, quien -según la revista Newsweek- fue uno de los agentes de la CIA encargados de rastrear y asesinar al Che Guevara en Bolivia en 1967. Gómez es identificado, además, como amigo del vicepresidente George Bush, a quien se dice conoció cuando Bush era director de la CIA y con el cual se habría entrevistado por lo menos en dos ocasiones durante este año.
Aun admitiendo que el secretario de Estado, George Shultz, tiene razón y que las declaraciones de Hasenfus han sido bajo la "presión del arresto", los documentos encontrados en el avión y dados a conocer por los sandinistas parecen suficientes para despejar toda duda. Los registros de vuelo del copiloto señalan que éste participó en otros vuelos destinados a llevar ayuda a los "contras", los cuales habrían partido de bases norteamericanas en los Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, como la de Guantánamo en Cuba, Roosevelt Roads en Puerto Rico, Howard en Panamá y Robbins en Georgia. Además, los códigos utilizados en el vuelo del C-123 para describir las rutas fueron hallados idénticos a los utilizados en las bases aéreas norteamericanas. La compañía dueña del avión, la Southern Air Transport, perteneció a la CIA y se sabe que aún mantiene estrechos vínculos con ella. El valor de sus contratos con el Pentágono fue en el último año de 11 millones de dólares. La nave fue reconocida, asimismo, por la DEA como la misma utilizada en 1984 en una operación cuyo objetivo era mostrar los vínculos de los sandinistas con el tráfico de drogas.
LA CONEXION SALVADOREñA
Pero si el gobierno norteamericano va saliendo mal librado del asunto, al gobierno salvadoreño tampoco le ha ido mejor. Al igual que Reagan, el presidente José Napoleón Duarte negó desde un comienzo cualquier tipo de vínculo con la operación e incluso el que esta hubiera partido de territorio salvadoreño. Las declaraciones de Hasenfus confirmaron, sin embargo, que el avión salió de la base militar de Ilopango en El Salvador. Hecho que lleva a pensar que necesariamente si no el gobierno por lo menos sí los militares salvadoreños conocían el tipo de actividades que se estaban realizando desde sus bases. Por su parte, los mismos miembros de la administración Reagan se han encargado de vincular al gobierno salvadoreño en el caso. Mientras asesores del vicepresidente Bush, después de que se conocieran sus nexos con Gómez, afirmaron que éste trabajaba para la Fuerza Aérea Salvadoreña en asuntos de contrainsurgencia, el subsecretario de Estado, Abrams, dijo ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara, tratando de lavarse las manos, que el gobierno de El Salvador había decidido por su propia cuenta permitir el desarrollo de la operación desde su territorio. Las declaraciones de los funcionarios norteamericanos cayeron, naturalmente, como un baldado de agua fría al presidente Duarte, quien en repetidas ocasiones había utilizado el argumento de que El Salvador no intervenía en los conflictos internos de Nicaragua, con el fin de condenar el apoyo de los sandinistas a la guerrilla salvadoreña.
Las declaraciones de Bush y Abrams, sin embargo, lejos de librar a los Estados Unidos de su culpa, parecieron reafirmarla aún más.
Miembros del Congreso manifestaron sus dudas acerca de la posibilidad de que el gobierno salvadoreño o los militares, hubieran obrado sin conocimiento de los Estados Unidos, cuando El Salvador es un país altamente dependiente de la ayuda norteamericana.
Oficiales salvadoreños que evidentemente no comparten la posición asumida por su gobierno, entregaron a la agencia UPI a comienzos de la semana, una serie de documentos dentro de los cuales se encuentran los registros de llamadas efectuadas desde tres "casas de seguridad" ubicadas en El Salvador, desde donde operaría una red de apoyo a los "contras" manejada principalmente por norteamericanos. Los números telefónicos incluyen el del general retirado Richard V. Secord, quien fuera secretario asistente de Defensa, encargado de las ventas de armas al Medio Oriente durante los primeros años de la administración Reagan. Secord ha sido vinculado frecuentemente a las actividades de los "contras" y es visto como un intermediario entre estos y el gobierno norteamericano.
En medio de todas las reacciones y contrarreacciones alrededor del casa del avión, lo que resulta más paradójico, sin embargo, es que la indignación manifestada por muchos de los congresistas a raíz de las "mentirillas" de la administración, no se quede sino en eso. Mientras en Capitol Hill las revelaciones de la investigación le hacían subir el calor a la cabeza a más de un parlamentario no muy lejos de allí, en la Casa Blanca, el presidente Reagan, tranquila y dulcemente sancionaba desde el Salón Oval la ley por la cual se le otorgan a los "contras" nicaraguenses los tan controvertidos 100 millones de dólares en ayuda. Ley que le permitirá de ahora en adelante, seguir haciendo lo que nunca dejó de hacer, tratar de derrocar al gobierno sandinista, pero ahorrándose los pequeños dolores de cabeza que el tratar de hacerlo a espaldas de la opinión pública hubiera podido ocasionarle hasta el momento.

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