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| 11/13/1989 12:00:00 AM

TOMO Y OLVIDO

Los argentinos se dividen sobre el perdón para los responsables de la "guerra sucia".

Era algo que presentía todo el mundo. Desde que Carlos Saúl Menem era el candidato del justicialismo a la presidencia de Argentina, sus vínculos amistosos con los militares hacían que muchos lo acusaran de tener el proyecto secreto de decretar una amnistia tan amplia como le fuera posible. Por eso, cuando llegó a la Casa Rosada, las especulaciones ya no se referían a si el presidente era o no capaz de perdonar a los militares por sus crímenes en la "guerra sucia", sino cuándo lo haría.

Y, efectivamente, lo hizo la semana pasada. Con su habitual tono populista, el presidente Menem dijo en una conferencia de prensa en La Rioja que "yo sé que ha de haber desencantados, pero estoy también muy convencido de que muchos millones de argentinos están aplaudiendo la medida".

Aunque la medida abarca también a cerca de 50 guerrilleros, lo que ha producido mayor polémica es el perdón de los militares. No sólo recibieron el beneficio los involucrados en la "guerra sucia" que lanzó el gobierno castrense entre 1976 y 1983, sino también los uniformados que embarcaron irresponsablemente al país en la sangrientea guerra de Las Malvinas en 1982 y los que participaron en los tres cuartelazos que amenazaron la estabilidad del gobierno del antecesor de Menem, Raúl Alfonsín, en 1987 y 1988.

Si bien el propósito anunciado era el de buscar la "reconciliación nacional", la magnitud de los crimenes que se atribuyen a los militares hizo que muchos en Argentina y el exterior, especialmente los grupos de derechos humanos, pusieran el grito en el cielo. De acuerdo con la comisión creada precisamente por Alfonsín y presidida por el escritor Ernesto Sábato, la "guerra sucia" tuvo un saldo de por lo menos 8.961 "desapariciones" de hombres, mujeres y niños, de una u otra forma involucrados en la actividad subversiva.

No faltaron las voces de respaldo que provinieron no sólo de sectores de su propio Partido Justicialista, sino de la Conferencia Episcopal, de la derechista Unión de Centro Democrático y de la Sociedad Rural, que agrupa a los terratenientes más poderosos del país. En un pronunciamiento hecho al comienzo de la semana, los representantes de la UCD expidieron un comunicado en que decían que "hay un supremo interés público por encima de cualquier otro interés ordinario en una organización política. Aunque fueran estos tan importantes como el cumplimiento de fallos o el trámite de procesos judiciales".

Esas voces contrastaron con las fuertes críticas hechas por las Madres de la Plaza de Mayo, cuya declaración advirtio que (la medida) "es una verdadera aberración moral que deja libres a quienes violaron la dignidad humana y a quienes se levantaron contra el orden constitucional. Ahora todo está bajo amenaza, inclusive la democracia". Los testigos no se quedaron atrás. Uno de los que más impresionó fue el testimonio de Adriana Calvo de Labourde, una profesora de física que permaneció detenida tras ser secuestrada por las fuerzas de seguridad y vivió para contarlo. "Los gritos de una víctima de tortura son imposibles de describir e imposibles de olvidar. Esos sonidos te persiguen por el resto de tu vida".

Los cinco decretos de indulto abarcaron a 277 procesados civiles y militares, pero no incluyeron a los miembros de la Junta Militar ni a la cabeza de la organización guerrillera "Montoneros", Mario Firmenich.
Sin embargo, tanto el presidente Menem como altos voceros de su gobierno indicaron que una segunda etapa los pondria en libertad. El secretario legal de la presidencia explicó que el indulto para estos casos se producirá "cuando la sociedad esté madura, preparada": algo que otros voceros estimaron se produciría en todo caso antes de fin de año.

Un vistazo a las cifras da la verdadera dimensión de la madurez que, según los observadores, deberá alcanzar el pueblo argentino en tan poco tiempo. El ex general Jorge Videla fue condenado en 1985 a cadena perpetua por 66 homicidios, 306 desapariciones y 93 casos de torturas. El ex almirante Emilio Massera responde también de por vida por 3 homicidios, 69 desapariciones y 12 torturas. Roberto Viola purga 17 años por 86 desapariciones y 11 casos de tormento. El líder montonero Mario Firmenich, también excluido temporalmente del perdón, cumple 30 años de prisión por dos secuestros y dos asesinatos.

Pero en el grupo de los indultados también hay peces gordos. Allí está, disfrutando del olvido recién decretado, el ex general Luciano Menéndez, acusado de 47 homicidios, 77 torturas y 304 desapariciones, y los conductores de la guerra de Las Malvinas Leopoldo Galtieri, Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo. Junto con ellos, se beneficaron el viejo amigo de Menem, Mohamed Alí Seineldín, y Aldo Rico, quienes en forma separada se alzaron contra el gobierno de Alfonsín.

Los analistas internacionales se preguntan hoy si la incipiente democracia argentina habrá salido fortalecida o no luego de la medida tomada por Menem. Algunos apuntan a que detrás de la "reconciliación nacional": lo que Menem habría buscado era aplacar el descontento de los militares, lo que se demuestra con la inclusión de los sediciosos Seineldín y Rico. Se dice que, al hacerlo, Menem perdió la oportunidad de hacer valer su altísimo nivel de popularidad y en cambio reforzó una dañina tradición militar argentina que hace creer a los oficiales que pueden desafiar la ley y mampular los gobiernos para escapar de la responsabilidad por sus actos.
Para muchos, mientras esa forma de pensar exista, la democracia argentina no puede descansar tranquila.
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