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| 7/8/2002 12:00:00 AM

Torpedo a la Corte

Estados Unidos continúa su ofensiva contra la Corte Penal Internacional. Ahora amenaza las misiones multilaterales de paz.

El lunes primero de julio de 2002 entro en vigencia la Corte Penal Internacional (CPI), el organismo multilateral que ha sido caracterizado como el mayor avance de la historia en materia de la protección de los derechos humanos a lo largo y ancho del mundo. Pero su entrada en vigor desde el punto de vista legal (sólo comenzará a funcionar en los primeros meses del año entrante) fue recibida con una nueva controversia.

La causa es la actitud del gobierno de Estados Unidos que el domingo, poco antes de la medianoche, ejerció su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en contra de renovar la misión de paz de ese organismo en Bosnia, una votación que, dicho sea de paso, solía ser rutinaria. La diplomacia estadounidense había venido exigiendo garantías de que sus soldados bajo bandera de la ONU no fueran sujetos a la jurisdicción del nuevo tribunal mundial. Y, al no conseguirlas, decidió poner en entredicho la débil paz de Bosnia pues otro importante socio, Alemania, se vería obligado por su Constitución a retirarse al desaparecer el aval de la ONU a la operación.

Lo que quedó en entredicho fue la participación internacional en el acuerdo de paz de Dayton, que logró detener la guerra entre los grupos musulmanes, serbios y croatas de Bosnia. Esa participación incluye un grupo policial de 1.700 miembros, diseñado para dar entrenamiento y supervisión a la nueva policía multirracial, y una 'fuerza de estabilización' de 18.000 soldados, de los cuales 2.500 son estadounidenses.

La decisión fue criticada por los aliados europeos de Estados Unidos, que se mantienen firmes en la idea de seguir respaldando la plena operatividad de la CPI para evitar que se repitan las atrocidades del siglo XX y ven en la actitud norteamericana una manifestación más de que el país del norte está asumiendo una actitud unilateralista y arrogante.

Lo que los norteamericanos argumentan es que la nueva Corte podría convertirse en un instrumento para que fiscales motivados políticamente persiguieran a los soldados y funcionarios de Estados Unidos con acusaciones temerarias. Y que ello podría conducir a que los acusados no tuvieran a su favor las garantías constitucionales que son otorgadas a todos los ciudadanos de Estados Unidos como, por ejemplo, el derecho a tener un abogado o a conocer las pruebas en su contra.

Pero detrás de los argumentos legales hay un mensaje mucho más fuerte. Se trata de la forma como el gobierno de George W. Bush percibe su papel en el mundo como única superpotencia capaz de imponer la paz en las regiones más convulsionadas del planeta. En pocas palabras, si la comunidad internacional necesita a Estados Unidos para intervenir en los puntos críticos las reglas serán escritas por Estados Unidos.

Desde que estaba en proceso de negociación, el Tratado de Roma de 1998 fue objeto de una aproximación dudosa por parte de Estados Unidos. El entonces presidente Bill Clinton firmó el instrumento pero no lo presentó para su ratificación por el Congreso. Su argumento para esa posición ambigua era que de esa forma podría asegurarse de que sus disposiciones tuvieran suficientes salvaguardias para evitar el abuso contra los ciudadanos estadounidenses.

Esas salvaguardias quedaron acordadas. La CPI es un tribunal de último recurso contra casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y violación a las reglas internacionales de la guerra. Entra en acción sólo cuando el país de los acusados no puede o no quiere juzgarlos y los fiscales son elegidos por los países participantes en un procedimiento transparente. Como dijo uno de los abogados norteamericanos que participaron en las conversaciones, "los estatutos de la Corte contienen todas las garantías disponibles en el sistema legal de Estados Unidos, salvo el jurado".

Eso no evitó que el nuevo gobierno de George W. Bush tomara la decisión, sin precedentes en el derecho internacional, de revocar la firma de su antecesor y notificar en mayo al secretario general de la ONU, Kofi Annan, que "Estados Unidos no tendría ninguna obligación legal proveniente de esa firma".

Hoy, en medio de las críticas de sus propios aliados, Estados Unidos exige tres formas de exclusión de sus ciudadanos de la Corte. Primero, una resolución del Consejo de Seguridad que les otorgue inmunidad absoluta a sus ciudadanos que participen en misiones de paz de la ONU. Segundo, acuerdos bilaterales con los países para que éstos se comprometan a no transferir a los norteamericanos a la Corte sin el consentimiento de Washington. Y tercero, modificaciones a los pactos celebrados con países que ya tienen personal estadounidense en su territorio para reflejar la política de Bush al respecto de la CPI.

Las críticas a la decisión de Estados Unidos no se limitaron a las esferas oficiales. El influyente diario The New York Times dijo en un editorial que la amenaza contra la misión de Bosnia es "una actitud particularmente petulante para un país que, como Estados Unidos, tuvo un papel decisivo en detener la asesina guerra de Bosnia y ayudó a desarrollar la idea de la persecución de los crímenes de guerra en Nuremberg hace más de medio siglo". Y The Washington Post señaló que el gobierno norteamericano mezcló sus exagerados temores acerca de supuestos posibles abusos de la CPI con los esfuerzos de paz de la ONU, lo cual es inadmisible.

Al final de la semana, a tiempo que se amplió el plazo para enviar la misión a Bosnia, se abría paso como opción de arreglo una fórmula según la cual se otorgaría una inmunidad de 12 meses para casos que involucraran a miembros de fuerzas de paz de cualquier país que no hubiera ratificado el Tratado de Roma. Y esa inmunidad sería renovable cada 12 meses.

Nada indica que esa solución sería aceptada por la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad, por lo cual el comisario de la Unión Europea para asuntos exteriores, Javier Solana, anunció que la UE estaba haciendo esfuerzos para asumir por su propia cuenta la participación en la paz de Bosnia. Sin saberse aún si habrá solución al impasse una cosa es segura: las relaciones de Estados Unidos con sus aliados siguen resquebrajándose.
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