TOWNLEY ESTUVO A PUNTO DE SER EXTRADITADO

El norteamericano Michael Vernon Townley Welch, 40, que fuera agente de la Dirección Nacional de Inteligencia chilena (DINA) y también alcanzara a formar parte del organismo que la reemplazó, la Central Nacional de Informaciones (CNI), sin ninguna duda "quedará como un triste protagonista de una etapa oscura en la historia de chile". dijo a SEMANA en Washington un alto funcionario del ministerio de Justicia de Estados Unidos. En su prontuario, está el crimen del ex canciller del presidente Salvador Allende, el diplomático Orlando Letelier y de su asistente norteamericana Ronnie Moffit. Se le sindica además como "responsable del doble asesinato en que prácticamente fueron desintegrados el ex comandante en jefe del Ejército de Chile, general Carlos Prats González y su esposa, Sofía Cuhbert."
Cuando todo hacía pensar que Townley sería extraditado a Buenos Aires, el magistrado Harris Grimsley, de la Corte del Distrito de Alexandria, optó por denegar la petición que había entregado la embajada de Argentina al Departamento de Estado. No porque las evidencias fueran pocas, sino por el hecho de que Estados Unidos firmó un acuerdo con Townley según el cual no utilizaría en su contra las informaciones que él mismo había entregado a los fiscales en el proceso del caso Letelier.
La causa 289-74, "Sumario por intimidación pública, daño y homicidio", puso en movimiento aguas que por años estuvieron quietas en la superficie. Ha transcurrido casi una década desde ese 30 de septiembre de 1974, a las 00:50 horas, en la calle Malabia 3351, cuando una bomba ubicada en la parte inferior del automóvil Fiat 600 en que iba el matrimonio Prats, fue accionada a control remoto y en segundos todo era fierros retorcidos y dos cuerpos horriblemente mutilados. Hay tantos cabos sueltos, tantas piezas que no encajan y un sin fin de coincidencias entre "los operativos" Letelier-Prats.
En Washington circulan rumores de que Argentina volverá a solicitar la extradición de Townley y que Italia, hará igual por el atentado en contra de Bernardo Leigthon (Roma, 1975), que hay pruebas distintas a las que aportara Townley y que tarde o temprano, en especial "cuando se consoliden los procesos democráticos en Chile y Argentina, la luz invadirá hasta los más recónditos rincones". Mientras tanto, todos los que participaron en los asesinatos de Orlando Letelier y del general Prats, están libres. "Lo importante es saber hasta cuando", dijo a este corresponsal una fuente que conoce a fondo estos sonados casos de terrorismo internacional a los que se asocia al gobierno militar chileno.
Townley fue condenado a una pena máxima de diez años por su participación en el crimen de Letelier, pero tras sesenta y dos meses --que se cumplieron el pasado 6 de mayo-- quedó en libertad condicional. Ese mismo día, alguaciles norteamericanos le comunicaban que quedaba en detención preventiva por el exhorto en que Argentina solicitaba su extradición. Ahora, con una identidad distinta y "en algún lugar seguro" de Estados Unidos, debe iniciar una nueva vida.
En entrevista exclusiva concedida a SEMANA en Washington, Jeffrey Johnson, abogado defensor de Michael Townley, hace quemantes declaraciones. Conversamos con él antes y después del fallo del magistrado Grimsley, lo que resultó doblemente revelador.
SEMANA: ¿Cuál fue la reacción de Townley al comunicársele que quedaba bajo arresto preventivo por existir una solicitud para extraditarlo a Argentina?
JEFFREY JOHNSON: Estaba con una fuerte depresión, sintiéndose traicionado por el gobierno de Estados Unidos que le prometió protección a él y a su familia y no juzgarlo por otros crímenes. Ahora, Washington ayudaba al gobierno de Argentina en el proceso de extradición. A partir de ese instante, Michael quedó en confinamiento solitario, con máximas medidas de seguridad, incluso un guardia dentro de su pequeña celda las 24 horas. Días más tarde, recuperó su fortaleza, aunque con una persistente amargura por el giro de los acontecimientos. Después de todo lo que ha enfrentado, toma las cosas a medida que se presentan, cada una en su momento.
En Estados Unidos el plea agreement, más que un contrato, constituye un documento sagrado. Un ciudadano renuncia a varios de sus derechos a cambio de que no vaya a incriminársele en ciertas cosas y negocia una sentencia reducida. Michael fue más allá y puso su vida en serio peligro para cooperar con el gobierno de su país. Estímo que cualquier interpretación de ese acuerdo conducente a su extradición sería un golpe bajo. Además, Michael correría demasiados riesgos en Argentina, provenientes de diversos sectores, de distintos organismos como el SIDE (Servicio de Inteligencia) y también la DINA (disuelta oficialmente) que mantiene influencia y contactos con los servicios de inteligencia argentinos. Agreguemos los cubanos fugitivos, Virgilio Paz y José Dionisio Suárez (de la organización terrorista "Movimiento Nacionalista Cubano", quizás residiendo en Suda américa y que juraron vengarse a Townley, que los inculpó en el proceso del crimen de Letelier).
No cabe ninguna duda que Townley posee considerable y valiosísima información que excede su participación en ciertas acciones que tuvieron lugar en Buenos Aires en 1974, cuando era agente de la DINA, lo que reconoce. No olvidemos que Michael conoce a numerosos funcionarios de alto rango del gobierno chileno y también a otros del gobierno argentino en muchas actividades. Por supuesto que está abierta la alternativa que entregue una serie de antecedentes específicos y de nombres, lo que puede causar graves repercusiones. Hay elementos argentinos que no desean se conozcan sus actividades en lo que ellas involucran a Michael.
S.: Usted dice que Townley se siente traicionado, pero es claro que quizás esté recibiendo el pago en su propia moneda. ¿o no?
J.J.: Michael no piensa en esos términos. En él hay un eterno optimista que tiende a inclinarse por la parte positiva que existe en cada persona. Sin embargo, tras años en "instituciones especiales", aprendió a ser más cauto en sus pautas de evaluación. Al llegar expulsado desde Santiago de Chile (abril 1978), Townley trabó cierta amistad con los fiscales Eugene Propper y Lawrence Barcella, colaborando con ellos más allá de lo estipulado en torno al caso Letelier. Siente que se aprovecharon de su candidez y de información, utilizándola en su contra y poniéndola en importante medida en conocimiento de la justicia argentina.
S.: Hay muchas opiniones autorizadas que dicen que los fiscales Propper y Barcella actuaron como corresponde. ¿Está insinuando usted que respecto al asunto de Townley existen motivos extrajudiciales?
J.J.: Yo diría que hay motivos políticos, como lo comenta la prensa y lo dicen funcionarios de Washington a través de conversaciones que he venido sosteniendo. Estoy convencido que Argentina no tiene real interés de resolver el asesinato de que fueron víctimas el general Carlos Prats y su esposa, que ocurrió hace casi diez años. Claro que en ese entonces el país estaba en virtual guerra civil, con cuatro, cinco atentadas dinamiteros por día, con asaltos, secuestros y, en apariencia, fueron dejando de lado el hecho que afectaba a un matrimonio de exiliados chilenos. Dicho en otras palabras, no le dieron prioridad. ¿Mediaron otros factores? ¿Qué pasó en un período tan largo? Las investigaciones estuvieron "detenidas" en numerosas oportunidades, hasta que de súbito se anunció "un compromiso" para el intercambio Townley-Luis Arce Gómez (el ex ministro del Interior del régimen del boliviano García Meza). Estados Unidos no debería minimizar el acuerdo con Townley en busca de garantías políticas de corto plazo y menos a cambio de la extradición de un traficante mundial de drogas. Si las autoridades argentinas estuvieran interesadas de veras en esclarecer el horrible crimen, deben mirar con mayor atención dentro de su propia casa. ¿Por qué no lo han hecho? ¿No es obvio que algo las frena?
No se limitarán al caso Prats
S.: ¿ Cuál es su punto de vista respecto a las pruebas que presentó Argentina?
J.J.: Ciertamente, la justicia argentina tiene alguna evidencia que permite despertar sospechas de que Townley estaría envuelto en el asesinato del general Prats, pero el magistrado Grimsley decidió el caso basándose en la solemne promesa de Estados Unidos de que no lo enjuiciaría por ningún otro crimen distinto al de Letelier. Ese mecanismo es un componente sustantivo de nuestro sistema criminal y nos permite descubrir casos y encontrar pruebas y conocer en detalle hechos cuando carecemos de antecedentes. Al cumplir su palabra de honor, Estados Unidos reafirma una norma de conducta, una cuestión de principios proyectada hacia el futuro, en el sentido de que otras personas que puedan encontrarse en situación similar a la de Townley no tengan temores de llegar a un acuerdo y cooperar con el gobierno norteamericano.
Respecto al cargo de asesinato, las pruebas incluidas en el exhorto de extradición que presentara Argentina son débiles y apenas configuran meras sospechas. Sin embargo, el rango de extradición es bajo, no del todo exigente. De no haber existido el convenio Townley-USA, es muy probable que el magistrado hubiera encontrado esas evidencias suficientes. No dudo que si Townley fuera extraditado a Buenos Aires, los argentinos no limitarían su interrogatorio al caso Prats. En cuanto a la violación de pasaporte norteamericano (el ex agente de la DINA usó el alias Kenneth William Erhart) Argentina exhibió una prueba sólida, la que fue descartada ya que él otorgó ese antecedente en forma voluntaria.
"Eso sería una locura"
S.: ¿En qué lugar se encuentra Townley?
J.J.: En un lugar muy seguro (se cree que cerca de California), abocado a detalles del Programa de Protección a Testigos, que cuida a centenares de personas dentro de Estados Unidos. No sólo a quienes han cometido asesinatos, sino también a los que revelan acciones de importantes figuras del crimen organizado. Espero que con su nueva identidad Michael inicie una vida normal, distinta y que no continúe mezclándose con organismos del tipo de la DINA y de la CNI, que le causaron un daño irreparable. Dispone de una oportunidad de trabajo decente y le he insistido que su deber es aprovecharla. Siempre me manifestó su interés de regresar a Chile, país al que considera su segunda patria. Le dije que eso sería una locura, un acto de absoluta insensatez, al menos por ahora. Los cuadros de la DINA no han sido borrados. Están al acecho y continúan activos, aunque oficialmente ese organismo de inteligencia fuera disuelto.
S.: ¿Le comentó a usted qué sintió en los momentos en que el magistrado falló que no procedía su extradición a Buenos Aires?
J.J.: Townley se quebró, prorrumpiendo en sollozos, visiblemente conmovido. Le habíamos dicho que esperábamos perder el juicio a ese nivel y que quizás vendrían años de apelaciones. Estaba aterrorizado ante la sola posibilidad de que fueran a enviarlo a Argentina. La sentencia del juez lo liberó de un estado de tensión que apenas resistía.
Nunca olvidará a quienes lo traicionaron
S.: ¿Qué experimentó Townley al ver en la Corte a Sofía y María Angélica Prats Cuhbert, hijas del general Carlos Pratsy de la señora Sofía Cuhbert?
J.J.: Textualmente, Michael me dijo: me siento muy mal y muy apenado por el hecho de que las hijas del general Prats no recibieran la justicia que esperaban y que los argentinos realmente no presentaron el caso como correspondía. De ser así, hubieran puesto un empeño honesto y serio y llevado a cabo investigaciones prolijas, minuciosas y no como se hizo". Townley ya no siente "orgullo" de haber pertenecido a la DINA y a la CNI. Al contrario, tiene claro que fue un grave error y que ese tipo de organismos también están compuestos por traidores, por delatores. El no perdonará nunca al general (R) Manuel Contreras, máxima cabeza visible de DINA y primer director del aparato que se creara en su reemplazo, la CNI; al coronel Pedro Espinoza, que le diera la orden de asesinar a Letelier y al capitán Armando Fernández Larios, que lo acompañara en la misión a Washington en la que se liquidara al ex canciller chileno y a su asistente norteamericana, Ronnie Moffit. Además de declarar en su contra, montaron una campaña de increíble bajeza para descalificar su testimonio en las investigaciones del caso Letelier. Pero Townley demostró que miembros del ejército chileno fraguaron el complot del más incalificable acto de terrorismo internacional ocurrido en Washington.--
Eugenio Gutiérrez, corresponsal de SEMANA en Washington, D. C.