UN AÑO NEGRO

El viernes pasado a las 9 de la mañana los hermanos Samuel y Mendel Winter, dueños del 49 por ciento de la empresa, tomaron posesión en Lima del control de la emisora de televisión Frecuencia Latina en medio de la expectativa de los medios peruanos y extranjeros. La diligencia consumó el despojo de que fue objeto el accionista mayoritario, el empresario Baruch Ivcher, bajo cuya administración los periodistas de la emisora denunciaron torturas e intercepción ilegal de teléfonos por parte de funcionarios del gobierno de Alberto Fujimori.
Ivcher había sido despojado de su nacionalidad peruana con el pretexto de que no había renunciado a su original israelí al adoptarla en 1984. Al no ser peruano no podía poseer un medio de comunicación y por eso el manejo resultó en manos de los Winter, quienes no tienen interés en continuar las denuncias.
El hecho se produjo en un año en el que el ejercicio de la libertad de prensa se ha visto restringido en todo el subcontinente democrático, no sólo por los grupos delincuenciales, que han amenazado y asesinado comunicadores, sino por la acción institucional del Estado, que ha puesto en marcha desde medidas administrativas cuestionadas, como en el caso de los noticieros en Colombia, hasta procesos judiciales que, como en Uruguay, han encarcelado periodistas por ejercer su oficio.
Un somero panorama del subcontinente contradice a los optimistas que pensaron que con la generalización de la democracia en América Latina la libertad de prensa brillaría en todos los países.
Panamá
Al cierre de esta edición el periodista Gustavo Gorriti esperaba el resultado de su apelación para evitar ser expulsado del país luego de que el viernes fuera notificado de la medida. El peruano Gorriti, como editor asociado del diario La Prensa, había dirigido investigaciones que revelaron que el dinero de presuntos narcotraficantes salpicó la campaña del presidente Ernesto Pérez Balladares. El gobierno adujo que el país no necesitaba de sus servicios por cuanto en Panamá hay muchos periodistas graduados y sin empleo pero, como dijo a SEMANA el columnista de La Prensa Harry Castro Stanziola, "no resulta lógico que al darle el permiso de trabajo esa razón no existiera para el gobierno". Para Castro, "la expulsión de Gorriti sería un grave precedente para la libertad de prensa".
Venezuela
El periodista venezolano William Ojeda pasó seis meses encarcelado por haber publicado el libro ¿Cuánto vale un juez?, en el que describe, a través de seguimiento periodístico, las grandes y pequeñas miserias del poder judicial de su país. La mención, con nombre y apellido, de funcionarios involucrados en contactos con las mafias, los poderes económicos y las influencias políticas, era mucho más de lo que los afectados podían tolerar. La causa se inició en 1995 por demanda de dos magistrados y desembocó en la entrega voluntaria de Ojeda el pasado 23 de enero. El comunicador fue indultado por el presidente Caldera seis meses más tarde con ocasión, muy convenientemente, del día del periodista.
Perú
Al caso de Baruch Ivcher se suman los de Hermes Rivera Guerrero, de Radio Oriental, y de Ernesto Llosa Giraldo, del semanario El Casmeño, condenados por 'terrorismo' -el primero en 1994 a 20 años de prisión y el segundo a cinco años en 1997-. Según el organismo Reporteros sin fronteras, esos procesos, en los que los periodistas fueron acusados por tribunales sin rostro de pertenecer a grupos subversivos, "carecieron de justicia y equidad".
A pesar de que el Estado ha formado una comisión para revisar ese tipo de procesos, que muchas veces se basan en una delación, los periodistas siguen tras las rejas. ColombiaEl periodista Gerardo Bedoya, responsable de las páginas editoriales del periódico caleño El País, fue asesinado por sus continuas denuncias contra las mafias del narcotráfico en su región. Pero aparte de la intimidación que ese tipo de crímenes comporta, en el país sigue siendo motivo de polémica la intervención gubernamental en la adjudicación de noticieros de televisión.
Mexico
En lo corrido del año un total de tres comunicadores han sido asesinados, entre ellos Benjamín Flores González, director del diario La Prensa, de San Luis Colorado, estado de Sonora, caracterizado por su agresivo tratamiento de los temas del narcotráfico. Otro editor fue encontrado en su automóvil con varios disparos en el estado de Guerrero y un reportero de una revista murió de un golpe en la cabeza poco después de visitar, en plan de trabajo, la jefatura de la policía de Ciudad de México. Y en hechos más recientes dos periodistas del diario Reforma fueron golpeados y obligados a suministrar información de sus investigaciones sobre irregularidades de la policía.
Uruguay
Desde el mes de mayo de 1996 comenzó el proceso contra el director del diario La República, de Montevideo, Federico Fasano Mertens, y el jefe de redacción, Carlos Fasano Mertens, a raíz de una denuncia iniciada a instancias del presidente del Paraguay, Juan Carlos Wasmossy, quien reaccionó por las notas escritas por el periodista argentino Pedro Casademunt y el paraguayo Ricardo Canese, que denunciaban graves casos de corrupción del mandatario. Los responsables del diario fueron condenados a dos años de prisión por "atentado contra el honor de mandatario extranjero", aunque la corrupción señalada ya era ampliamente conocida en Paraguay. Si bien sólo pasaron 15 días en prisión el proceso sigue vivo y en esta semana se conocerá la decisión del Tribunal de Apelaciones, que podría ponerlos de nuevo tras las rejas.
Argentina
Al asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, crimen relacionado con una investigación suya y al que está vinculado un oscuro empresario que comparte vínculos con la mafia y con el presidente Carlos Menem, se han sumado en los últimos días denuncias internacionales que señalan que Menem se ha dedicado a atacar a la prensa y a fomentar la violencia contra los medios. El diario norteamericano The New York Times publicó la semana pasada un editorial titulado 'Guerra contra los medios en Argentina', en el que señaló la probabilidad de nexos del gobierno con el ataque al ex capitán Adolfo Scilingo, confeso asesino de prisioneros durante la guerra sucia de la dictadura militar, quien fue herido por su intención de continuar confesando sus crímenes a unos reporteros, quienes también fueron amenazados por los agresores. El diario sostuvo que Menem "prácticamente incitó al ataque de los periodistas que cuestionan su administración".