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UN CAZADOR DE DRAGONES

Marcelo Parrilli critica a Alfonsín por su política ante las Fuerzas Armadas

18 de marzo de 1985

A raíz de los crímenes cometidos bajo la última dictadura militar surgieron en la Argentina nueve instituciones defen*oras de los derechos humanos. Unas son más dedicadas a la tarea de denuncia y movilización política otras a la investigación o a la prestación de acciones judiciales. El Centro de Estudios Legales ! Sociales fundado en 1980 que hace de las cortes su campo principal de batalla ha iniciado alrededor de 500 juicios que involucran a más de mil civiles y militares--por violaciones a los derechos humanos. La mayoría de los ahogados del CELS que llevan estas causas son jóvenes que comenzaron su carrera en esta institución enfrentándose a pesar de su inexperiencia contra los hace poco todopoderosos militares.
SEMANA entrevistó a uno de ellos:
Marcelo Parrilli, 30 años, quien a los 24 quiso estrenarse en su profesión haciendo trabajo jurídico en materia de represión a pesar del peligro que esto significaba en plena dictadura militar. En la sede del CELS una vieja oficina adornada con las caras borrosas de algunos parientes desaparecidos y con afiches llamando a la solidaridad Parrilli explicó a ASEMANA la labor del CELS y sin pelos en la lengua criticó duramente al gobierno por su política ante las Fuerzas Armadas.
.SEMANA: ¿Fn qué consiste la labor del CELS?
MARCELO PARRILLI: Dentro de los organismos de derechos humanos el CELS hace más que nada la parte jurídica, es decir el patrocinio de las causas. También tiene un centro de documentación.
.S.: ¿Cómo hacían para llevar la acción legal bajo la dictadura? M.P.: Bueno, en esa época ni si quiera teníamos pruebas como para empezar a acusar militares. Sólo decíamos que alguien habia sido secuestrado por las FFAA y lo reclamábamos. Los testimonios que nos permitieron empezar a acusar gente en particular, empiezan a aparecer hacia fines de 1983. Antes se tenía mucho temor a hablar.
S.: ¿ Y las denuncias desde el exterior?
M.P.: Tienen un valor relativo. No sirven en la medida que no estén legalizadas.
S.: ¿El CELS tiene alguna vinculación con organismos defensores de derechos humanos en el exterior?
M.P.: Sí. Con un centro similar en Estados Unidos: la Liga Internacional de los Derechos Humanos, con Amnesty International, con Vicaría en Chile y en Brasil con CLAMOR.
Hay intercambio de correspondencia, de publicaciones, a veces se hacen reuniones aunque la coordinación con Latinoamérica recién empieza.
S.: Ustedes han criticado severamente al gobierno... ¿por qué?
M.P.: El gobierno hace una extraña disquisición entre los "buenos" y los "malos " dentro de las Fuerzas Armadas, para sólo terminar condenando un pequeño grupo. Para nosotros no se eximen de responsabilidad los que teóricamente se limitaron a cumplir órdenes, ya que éstas sólo son obligatorias en la medida que sean legitimas y no cuando no lo son.
Lo que sucedió para nosotros fue obra de las FFAA en su totalidad y nos dirigimos en contra de ellas como institución. La desaparición sistemática de personas durante más de 4 años no pudo haber sido obra de 4 locos, sino de todo un aparato montado para esto.
S.: Sin embargo, los militares están siendo juzgados... Hay 5 de los integrantes de las juntas presos, además de otros jefes...
M.P.: Si vos barrés toda la militancia de una generación y el precio político que pagás es que condenen a 15 altos oficiales, pero todos retirados, sin mando de tropa, políticamente desprestigiados--Videla, Massera y Agosti son cadáveres políticos--,hiciste un negocio redondo. El gobierno tiene un acuerdo implícito: "Bueno muchachos quédense tranquilos que esto les va a salir lo más liviano posible". Lo más liviano posible son una veintena de condenados, cuando en realidad son muchos más los culpables.
S.: ¿No correría peligro la estabilidad política del gobierno si se hiciera una condena masiva?
M.P.: Yo al gobierno lo veo muy estabilizado, no creo que haya posibilidad de golpe en este momento y en parte esto es porque Alfonsín ha decidido apoyarse en los militares más que en la gente. Realmente en este momento no hay mejor candidato para los militares que Alfonsín. Pero el hecho de que se investigue a los milicos tampoco asegurará que no haya golpe. Al contrario, ésta es la oportunidad para desarticular todo ese poder militar. Si no lo hacemos ahora, aprovechando el desprestigio de los militares después de fundir el país y de una guerra perdida, no lo hacemos nunca más.
S.: Desde el exterior hay sorpresa de que Alfonsin haya podido atacar tan duro a los ex jefes militares...
M.P.: Sí. Esa es la propaganda que hace el gobierno; afuera parece como si Alfonsín estuviera cazando militares. . .
S.: No tanto por eso, sino porque históricamente cuando ha habido catástrofes similares casi nunca se ha investigado a nadie...
M.P.: Claro, ha habido cosas peores. En Alemania mataron a siete millones de personas y condenaron a 16 tipos. Pero tenemos que superar eso; no podemos aspirar a la injusticia simplemente porque ésta es más común.
S.: ¿En este afán de juzgar hasta el último culpable no hay peligro de que se condenen inocentes?
M.P.: Nunca se propuso esto. Se propone avanzar con pruebas. Lo que pasa es que con pruebas condenamos a 6.000.
S.: ¿Ustedes tienen pruebas irrefutables contra 6.000?
M.P.: Las pruebas existen, si no no estaría preso ni Videla. En este momento llevamos causas contra mil, pero 6.000 nombres son los que tenemos y hay que seguir juntando pruebas. Pero supongamos que condenamos a 600, las Fuerzas Armadas no están dispuestas a entragar 600 tipos. Ese es el problema.
S.: Las causas que ustedes llevan en su mayoría están pasando al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, muchos creen que al igual que el caso de los comandantes, éstas van a pasar a la justicia civil. ¿Podrían lograr ustedes que se condenen a todos los culpables si se tienen todas las pruebas?
M.P.: Lo que resuelva la justicia es una decisión política. La Cámara Federal puede estar dispuesta a darle cadena perpetua a Videla porque es lo que políticamente se espera hoy, sin embargo yo no sé si haga lo mismo con Astiz (capitán de Navío acusado de asesinar a la sueca Dagmar Hagelin) dentro de dos años. Eso dependerá de lo fuertes que estén los militares para entonces.
S.: ¿Qué tipo de sentencias cree usted que dará la cámara civil contra los integrantes de las tres primeras juntas?
M.P.: Condenas muy largas: perpetua o 30 años y aunque no creo que estén tanto tiempo presos --ya que dentro de dos o tres años vendrá una amnistía--las condenas van a ser astronómicas, con mucha publicidad.
No importa qué pruebas tenga el fiscal, la condena ya está dada. Va a ser una especie de Nuremberg del subdesarrollo, ideado para enterrar todos los demás casos. Nuestra labor consistirá en lograr que esto no suceda. María Teresa Ronderos, corresponsal de SEMANA en Buenos Aires