Lunes, 16 de enero de 2017

| 2000/05/22 00:00

Un país al borde

Ecuador se debate en medio de una crisis económica e institucional sin precedentes.

Un país al borde

En Quito la población no sabe muy bien qué hacer para pagar sus cuentas. Desde comienzos de abril la moneda oficial es el dólar de Estados Unidos, pero en su ausencia la gente sigue pagando con sus viejos sucres. Esa situación pronto llegará a su fin, cuando en septiembre se consume el ‘segundo asesinato del Mariscal de Ayacucho’, esto es, cuando el último billete de la vieja denominación perezca en el horno crematorio del también agonizante banco central. Pero mientras tanto, la aturdida población trata de familiarizarse con billetes extranjeros, los rechaza por la más mínima imperfección y recurre a pequeñas tablas que algunos han puesto a la venta para tratar de simplificar una conversión monetaria que muy pocos entienden.

“Es que la moneda es casi como la bandera”, decía un transeúnte atacado de nostalgia en el Parque del Arbolito, el mismo que fue escenario de la revuelta del 21 de enero, cuando cayó el presidente Jamil Mahuad, uno de por lo menos seis que ha tenido el país desde que la caída de Abdalá Bucaram inició, en 1996, una serie de defenestraciones que aún no parece cerrada. Y lo que dice es cierto. Por eso el ambiente en Quito tiene la tensión soterrada de los momentos históricos. Algo pasa en Ecuador, y aunque todo el mundo lo sabe, muy pocos llegan a entender su trascendencia.



Tumbar presidentes

La entrada del dólar es el último capítulo de una historia de desinstitucionalización que pareciera haber comenzado con la caída de Bucaram, declarado mentalmente no apto por el Congreso (entre otras cosas por la locura de haber propuesto la dolarización). Pero tiene raíces más profundas. Ecuador posee una clase dirigente que parece haber perdido el rumbo, una situación económica explosiva, un ejército que disfruta de una independencia casi absoluta del Estado, tanto en cuanto a la cadena de mando como en el sentido patrimonial, un movimiento indígena de corte fundamentalista que quiere el poder con un proyecto etnocentrista, un regionalismo extremo que amenaza con romper al país entre la ‘costa’ y la ‘sierra’ y la cercanía de un vecino como Colombia, con sus implicaciones de guerrilla y narcotráfico.

Mahuad había llegado al poder en 1998 en medio de esa esperanza que producen en América Latina los políticos ‘bien preparados’. Prometía sacar a la economía del atolladero en que la había dejado la inestabilidad política, la guerra con el Perú, el fenómeno de ‘El Niño’ y la caída del precio internacional del petróleo. Pero Mahuad no logró encontrar el timón. Y lejos de asumir los costos sociales, se dedicó a lo que en Ecuador llaman el ‘salvataje’ del sistema financiero.

Este se había ‘modernizado’ y ‘liberalizado’ desde la expedición de una Ley de Instituciones Financieras que, como dijo a SEMANA el profesor universitario Roque Espinosa, “permitió a los banqueros convertirse en empresarios y dedicarse a toda clase de negocios” y descuidó el control estatal. Ante la recesión, a tiempo que la cartera vencida crecía los bancos aumentaban las captaciones del público. Las demandas de créditos al banco central crecieron mientras la ciudadanía, perdida la confianza en el sistema, sacaba sus dineros y, de hecho, ‘dolarizaba informalmente’ la economía.

La caída del Filanbanco y El Progreso, consideradas entre las cinco primeras instituciones financieras, demostró que éstas, en medio de su iliquidez, habían concentrado el crédito en empresas pertenecientes a sus ‘grupos financieros’. Según Espinosa, “pocos días después de que Filanbanco entró en quiebra, sus principales accionistas inauguraron una nueva cervecería”.

En todo caso, el ‘salvataje’ del sistema financiero costó, según estimativos, entre 2.000 y 5.000 millones de dólares que se hizo, no mediante la liquidación de los bancos y la responsabilidad de sus dueños sino la asunción de las obligaciones por parte del Estado y mediante una masiva emisión de sucres que, a su vez, trasladaron las cargas a los más pobres a través de inflación, devaluación y recesión. Y los usuarios no solamente contribuyeron de ese modo indirecto. Desde el primero de marzo de 1999 el gobierno decretó un ‘feriado bancario’ pero congeló en todos los bancos del país y por un año, los depósitos e inversiones a largo plazo. Miles de pequeños ahorradores, muchos de ellos pensionados o viudas, fueron prácticamente atracados.

En esas condiciones, era lógico que la popularidad de Mahuad se desplomara al mismo ritmo que la economía de los ecuatorianos. En enero lanzó la dolarización en un intento desesperado por detener la inflación y salvar su presidencia. En lo primero tuvo éxito, al anclar el dólar en 25.000 sucres. Pero en lo segundo no. El nuevo tipo de cambio significaba un emprobrecimiento generalizado. Depreciado en más del 200 por ciento, el salario mínimo cayó a 53 dólares. Y el chivo expiatorio de esa situación concertada por debajo de la mesa entre el Estado y los dueños del país era, por supuesto, Mahuad. Pero la dolarización, promovida principalmente por los empresarios de Guayaquil, se salvó.



La caída

El movimiento del 21 de enero, en el que sectores jóvenes del ejército y el movimiento indígena Conaie se aliaron para crear una ‘Junta de Salvación Nacional’, terminó con la subida del vicepresidente Gustavo Noboa, quien llegó para seguir, con su popularidad virgen, con la dolarización. Los observadores son unánimes en que la junta fracasó por la ausencia de las masas motivada, en parte, por la esperanza momentánea creada por el anuncio de esa medida.

Aparte de ese, el desenlace de ese episodio puso en primer plano a otros fenómenos de la realidad ecuatoriana. Uno, que el ejército es, en últimas, el verdadero árbitro de la política. Aunque no participó institucionalmente, esa arma precipitó la caída del presidente al quitarle la protección al Palacio de Carondelet, y luego, con la extraña maniobra del general Carlos Mendoza, que primero se le integró para luego renunciar, desarticuló a la junta y le dio vía libre al ascenso de Noboa. Dos, que el movimiento indígena tiene una capacidad de movilización suficiente para desestabilizar el país y eventualmente tomar el poder (ver entrevista) y tres, que una situación como esa desarticularía al país, pues quedó claro que los indígenas concitarían en su contra una reacción clasista y racista que convulsionaría a la ‘sierra’ y haría pensar a la ‘costa’ en la secesión en lo que el politólogo Francisco Rhon Dávila describió como“la singapurización de Guayaquil”.

Mahuad cayó en parte porque había perdido el favor de los militares, y en especial de los coroneles conocidos como ‘Héroes de Cenepa’, cuando firmó con Perú una paz que cedió terreno conseguido en combate y cuando disminuyó el gasto armamentista. Como dijo a SEMANA la experta Berta García, “esos sectores del ejército habían construido vínculos con el movimiento indígena desde su surgimiento en 1990, y los habían consolidado en la guerra con el Perú, cuando la colaboración de baquianos indios fue clave en la campaña”.

Esa dupla indígena-militar, por otra parte, no es bien recibida en la provincia del Guayas, tanto por la experiencia histórica (la revolución juliana de 1924, dirigida por militares serranos, afectó a los empresarios de Guayaquil y modernizó la economía del país) como por el rechazo a los indígenas, que son, como dicen allí, “un problema de Quito”.

En esas condiciones, el presidente Noboa tiene muy poco campo de acción y, por lo pronto, dispone de una frágil tregua política que seguramente terminará a mediados de año, cuando la dolarización complete una de sus consecuencias más amargas, la eliminación de los subsidios para equiparar los precios a los internacionales. La situación de los ecuatorianos no dará mucho margen de maniobra que no sea una masiva intervención de tipo social para paliar el empobrecimiento de la población. Pero nada indica que el gobierno ecuatoriano esté dispuesto a dar ese viraje, con lo que el terreno está más abonado que nunca para que se dispare el narcotráfico (sobre todo ante los eventuales efectos del Plan Colombia en el Putumayo) y la influencia de la guerrilla colombiana se haga más evidente. Por ahora, sólo queda la esperanza.

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