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| 7/29/2014 12:00:00 AM

Una familia muerta y el dilema de las armas en EE. UU.

Luego de que un juez revocara la prohibición de portar armas en la calle en Washington, en una trágica coincidencia, una familia en Maine murió a tiros.

Una familia de cinco integrantes, entre ellos tres niños, fue encontrada muerta a tiros el pasado domingo 29 de julio en el interior de un apartamento en la ciudad de Saco, en el sur del estado de Maine, EE. UU., informaron las autoridades.

Los investigadores indicaron que se halló un arma de fuego cerca de uno de los cuerpos y que, según los indicios, alguien en la familia fue el responsable del tiroteo.

De acuerdo con la policía, los menores tenían 4, 7 y 12 años, mientras que sus padres rondaban los 30. Los nombres de los fallecidos no fueron revelados.

Está pendiente que los médicos forenses determinen las causas de las muertes.

Steve McCausland, vocero de la policía, dijo que un amigo de las víctimas había contactado a un empleado del complejo de apartamentos porque estaba "preocupado" por el bienestar de la familia. El empleado vio un cadáver al ingresar al apartamento e inmediatamente llamó a la policía.

Heather Mason, vecina del lugar, dijo que solía cuidar a los niños. "Aún no puedo creerlo", aseguró. "Quería a esos niños como si fueran míos".

Su padre era un empleado de mantenimiento para el complejo y era una persona amigable y sociable, según los vecinos.

Armas en la calle

Un día antes, más al sur, en la capital del país, el juez Frederick Scullin derogó la prohibición del porte de armas en público en Washington, el pasado sábado, luego de que el funcionario encontrara la restricción inconstitucional.

Para justificar la medida, Scullin señaló que "ya no existe ninguna base según la cual esta Corte pueda concluir que la prohibición total en el distrito de Columbia sobre porte de armas cortas en público fuera del domicilio sea constitucional, bajo cualquier forma de análisis".

"Por lo tanto, la Corte considera que la prohibición total de portar armas cortas en público en el distrito de Columbia es inconstitucional", concluyó.

Todavía se desconoce si el acusado –el distrito de Columbia, representado por la jefa de policía Cathy Lanier– apelará el fallo.

Los demandantes eran, entre otros, dos habitantes de la capital a quienes se les rechazaron los permisos para portar armas cortas para su defensa personal.

Washington DC está entre los estados de Virgina –que autoriza a sus habitantes a llevar armas sin restricciones– y Maryland, donde las normas para tenedores de armas son mucho más estrictas.

Actualmente, 44 de los 50 estados del país permiten el porte libre de armas cortas.

En su decisión, Scullin se refirió a un caso del 2008 de la Suprema Corte estadounidense que oponía al distrito de Columbia contra un particular, en el que el demandante argumentaba que la prohibición de la ciudad para tenencia de armas –una de las más estrictas del país– era inconstitucional.

Durante años, los estadounidenses intentaron modificar la segunda enmienda de la Constitución para limitar el uso y tenencia de armas de fuego.

La Segunda Enmienda, aprobada en 1791, dice: "Siendo una milicia bien reglamentada necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho de las personas a poseer y llevar armas no debería ser infringido".

Mucho se ha discutido sobre cómo el país de aquellos años, inseguro aún en su recién adquirida independencia, justificaba que la población estuviera armada presta para la defensa nacional.

Hoy, la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), 
sus más poderosos e influyentes defensores, defienden el derecho de armarse como una manifestación más de la independencia, pero la del individuo frente al gobierno y el Estado, instituciones que son objeto de desconfianza por parte de los conservadores estadounidenses más radicales. 

Negativa del Congreso

La masacre en un cine de Aurora, en el estado de Colorado en julio del 2012, logró detener las campañas presidenciales de ese año, pero pocos políticos abordaron el álgido tema de las armas. Uno de ellos fue el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, quien pidió a Obama y al entonces candidato republicano Mitt Romney hacer algo, porque "no creo que haya otro país desarrollado en el mundo que tenga ni remotamente el problema que nosotros tenemos".

Luego, en diciembre de ese mismo año, otro tiroteo, esa vez en una escuela de Newtwon que dejó a 20 niños y seis adultos muertos, generó la iniciativa presidencial para restringir el acceso y la disponibilidad de armas de asalto y cargadores de alta capacidad, así como para implementar un sistema universal de verificación de antecedentes.

Aunque el presidente de Estados Unidos, Barack Obama; activistas, organizaciones de Derechos Humanos e incluso varios sectores de Hollywood han promovido enérgicamente el control de la circulación de armas de asalto e incluso se propuso verificar los antecedentes penales y psiquiátricos de sus compradores, dichas propuestas se hunden por no contar con el apoyo de la bancada republicana del Congreso.

En 1990, el 78 % de los estadounidenses favorecía un endurecimiento de las leyes con relación a la compra y tenencia de armas.

En el 2010, varias masacres y decenas de víctimas después, ese grupo se había reducido al 44%, de acuerdo con sondeos de la encuestadora Gallup.


Pero al otro lado del debate están la Campaña Brady y el Centro Brady para el Control de Armas, organizaciones gemelas que promueven el endurecimiento de los controles al comercio de armamento para civiles.

En 1994, el Centro Brady se anotó un triunfo con la aprobación de la última ley importante relacionada con el control de armas: la prohibición del comercio de rifles semiautomáticos de asalto. 

Debilidad financiera

Pero los grupos como el Centro Brady están en desventaja financiera frente al NRA y sus afiliados, que en el 2010 recaudaron 253 millones de dólares de individuos, corporaciones y fabricantes de armas.

En cambio, en el mismo año, los ingresos del Brady fueron poco menos de 6 millones de dólares, incluso una tercera parte menor de lo que recaudaba tres años atrás.

Por la manera como se maneja la política en EE. UU., donde 
gracias justamente a otra enmienda constitucional, la Primera los grupos de interés participan en el diseño de las leyes, esa minusvalía financiera implica menor capacidad de influir en el proceso legislativo.

En el 2004, la veda de armas de asalto expiró sin que sus promotores lograran la prórroga.
En cambio, cada vez más los estados han venido aflojando regulaciones para permitir que los ciudadanos lleven armas ocultas en lugares públicos o han despenalizado el uso de fuerza letal en casos de autodefensa.

La polémica sobre la prohibición de armas no prosperó en aquellas elecciones presidenciales, con el argumento de que el debate no puede aprovecharse del luto y el sufrimiento de las familias de las víctimas.

Una masacre como la de Aurora fue capaz de detener una campaña presidencial en EE. UU., pero no de destrabar el debate sobre el control de armas que resurge del letargo con cada evento de este tipo. Pasados algunos días, el reclamo de aquella tragedia quedó para los aniversarios, como han quedado hasta ahora las matanzas en Columbine, Virginia Tech o Tucson.

Y con cada aniversario, su impacto en la opinión pública se irá diluyendo como un mal recuerdo.

Con información de AP
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