Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2016/05/21 00:00

¿Autogolpe de Maduro?

El presidente venezolano intensifica su campaña contra la oposición, desconoce a la Asamblea Nacional, pelea con la OEA y encamina a su país por un callejón sin salida.

Mientras el malestar de la sociedad venezolana crece, el presidente Nicolás Maduro gobierna por mandato. Foto: A.P.

Once considerandos le bastaron a Nicolás Maduro para codificar la crisis venezolana con una terminología conveniente a su gobierno. Descontento popular promovido, inflación inducida, desestabilización económica, agresión económica nacional y extranjera, El Niño, malestar social deliberado, colas inducidas. Todas esas supuestas causas de la crisis quedaron plasmadas en el nuevo e inquietante decreto de “estado de excepción y emergencia económica” que firmó el presidente venezolano.

Las consideraciones sirven de base al otorgamiento de poderes ampliados a Maduro quien, durante 60 días al menos, podrá tomar medidas en 18 aspectos que resumen, prácticamente, toda la vida nacional. Entre ellos, la intervención de la Fuerza Armada y organismos de seguridad en los procesos de distribución y comercialización de alimentos y productos básicos. Pero también, autorizar erogaciones al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento no previstas en la Ley de Presupuestos –es decir, sin solicitar al Parlamento créditos adicionales-; asignar contratos directos sin licitación; anular sanciones políticas contra altos funcionarios; y darles a los Clap funciones de vigilancia y control del orden público.

Para el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafalli, el texto viola la Carta Magna porque contiene “una amplitud de posibilidades que evidentemente pudieran afectar las garantías constitucionales”, además de que “tiene una amplitud que excede una emergencia económica”.

El gobernador de Miranda y dirigente de la oposición, Henrique Capriles, denunció además que la norma transgrede el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana. El excandidato presidencial aseguró que si el Ejecutivo intenta aplicar el decreto ya rechazado por la Asamblea Nacional “llamo al país a desconocerlo. Si Maduro quiere aplicarlo que vaya preparando los tanques de guerra para hacerlo por la vía de la fuerza. Y le digo a la Fuerza Armada: aquí está llegando la hora de la verdad”.

El secretario ejecutivo de la MUD, Chúo Torrealba, aseguró que “Maduro busca gobernar por decreto, dictar decretos, es decir, gobernar como un dictador”, asegurando que el presidente “se apartó definitivamente de la Constitución y se convirtió en un gobierno de fuerza”. Entretanto, el jefe de la bancada parlamentaria opositora, Julio Borges, afirmó que se trata de un autogolpe y aseguró que al pueblo, a la comunidad internacional y a los militares les toca “devolverle la dignidad a Venezuela a través del voto en el referéndum revocatorio”, una consulta que aspiran a convocar para recortar el mandato del actual presidente.

Precisamente la comunidad internacional se hizo sentir, y en forma bastante inusual, cuando el secretario general de la OEA, Luis Almagro, le dirigió una carta a Maduro en la que, con un tono poco diplomático, dijo que si no permitía el referéndum revocatorio se transformaría en un dictadorzuelo. Desarrollo solo comparable con la diatriba del expresidente Pepe Mujica, quien lo consideró “loco de atar”.

Pero el primer mandatario asegura que “la única dictadura en este país es la guerra económica que la burguesía tiene contra el pueblo; la dictadura mediática de todas las emisoras que todos los días manipulan; la dictadura de la conspiración permanente”, según dijo el miércoles cuando afirmó que su decreto busca “proteger al pueblo”. Eso sí, admitió que “cuando yo llamo a los Clap, estoy construyendo poder económico, poder social y poder político”.

Medida peligrosa

Una de las medidas más inquietantes del decreto es la que autoriza la intervención de la Fuerza Armada junto a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) en la distribución y comercialización de alimentos y productos básicos.

Pero en las calles, la disposición no logra acabar con las colas para comprar comida ni con la carestía de alimentos, a pesar de ser ese su objetivo primario. Judith Moreno vive en San Agustín, una zona popular del centro de Caracas, donde ya se activaron Clap, creados hace apenas mes y medio para distribuir casa por casa productos regulados de primera necesidad, coordinados por el Ministerio de Alimentación. La entrega particularizada de bolsas de comida busca disminuir las colas en los establecimientos comerciales públicos y privados. Judith, como sus vecinos, tuvo que acudir a la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela a registrar su nombre y dirección para recibir los paquetes de leche en polvo, azúcar, caraotas, pollo, harina de maíz, arroz, pasta, margarina y aceite, o tener acceso a comprarlos en Mercal, los comercios de la red pública, en un día particular.

Cada Clap está compuesto por integrantes de la Unión Nacional de Mujeres (UnaMujer, una entidad estatal), Unidad de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), Frente Francisco de Miranda (FFM) y los distintos consejos comunales (asociaciones de vecinos registradas ante un ministerio) de cada entidad. La meta del Ejecutivo era contar con 10.000 Clap para el 5 de mayo.

Las UBCH son células del Partido Socialista Unido de Venezuela. “Son la estructura base de nuestro partido y su vanguardia está conformada por los 40 militantes más disciplinados y conscientes de la referida estructura”, dice la página web oficial del PSUV. Por su parte, el Frente Francisco de Miranda es una estructura creada por Hugo Chávez y Fidel Castro en 2003, en La Habana, “ante la necesidad que tenía la revolución venezolana de tener en la población actores sociales sólidos y efervescentes como se requieren en los procesos profundos de cambios, reformas y transformaciones”, reza su decálogo fundacional.

Por si fuera poco, el nuevo decreto –que el Tribunal Supremo de Justicia no ha dicho si sigue vigente o no- le asigna a los Clap labores de vigilancia y control en orden público. Así, las líneas entre partido y Estado se borran. Según Juan Rafalli, abogado especialista en la materia, la norma viola la Carta Magna y asigna a particulares “materias reservadas precisamente al poder público”. Pero el diputado del PSUV Edwin Rojas asegura que los ciudadanos deben inmiscuirse en los asuntos sociales en el marco de la democracia participativa. “Si el partido participa, es una posibilidad. Tú puedes militar y eres un ciudadano”, sostiene el parlamentario.

Las UBCH son del PSUV y están en los Clap. El resto de los partidos del Gran Polo Patriótico que apoyan al gobierno no tienen tal influencia en esa estructura. La diputada Ilenia Medina, del partido Patria Para Todos, asegura que los venezolanos deben salir en defensa de la patria, lo cual implica “tener responsabilidad de producción y garantizar la seguridad en su zona”. Sostiene que tal cosa está en la Constitución y en la Ley de la Fuerza Armada y aseguró estar “sorprendida” de que SEMANA le consultara sobre tales habilitaciones. Pero precisada sobre la presencia de las UBCH en la conformación de los Clap, limitó sus responsabilidades a “garantizar la distribución de alimentos”.

Cómo comprar en Caracas

Mientras tanto, Milagros Ruiz, quien reside en Caricuao, al oeste de la capital, dice que debe andar calladita y cabizbaja para poder acceder a los alimentos a través de los Clap “porque el consejo comunal sabe que no soy chavista”. La mujer de 43 años admite tener miedo de no poder comprar a precios regulados la poca comida disponible, porque sus ingresos no le permiten adquirir productos en el mercado negro conocido como “bachaqueo”, donde los precios pueden escalar hasta diez veces.

Es parte de la ‘emergencia económica’ en la que vive Venezuela, decretada como tal por el presidente Nicolás Maduro en enero pasado durante 120 días en el marco de un estado de excepción, y ahora de nuevo intentada con otro decreto presidencial. Pero los resultados de esos primeros cuatro meses de habilitaciones especiales para el Ejecutivo no son alentadores. El diputado Simón Calzadilla, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, calificó de “burla” que se quiera extender la situación siendo que “en enero la inflación estaba en 182 por ciento y ahora llega a 400 por ciento, las reservas internacionales estaban en 16.000 millones y ahora en 12.000 millones de dólares. El producto interno bruto estaba en -5,7 por ciento y hoy está en -8 por ciento. El dólar estaba en 198 y hoy supera los 400 (a tasa oficial)”.

En la industria de alimentos los indicadores no son mejores. Manuel Felipe Larrazábal, presidente de Cavidea -cámara que agrupa a 70 por ciento de los productores de alimentos procesados del país-, asegura que las alertas que hicieron en diciembre pasado han sido desoídas y las consecuencias están en los números. El más reciente reporte de producción de la cámara asegura que esta fue en diciembre pasado 4 por ciento menos, para comenzar 2016 con un derrumbe evidente y creciente: -17 por ciento en enero, -16,8 por ciento en febrero, -19,28 por ciento en marzo y -21,8 por ciento en abril, siempre comparando con el mismo mes del año anterior.

“Hemos venido reportando que muchos sectores están operando intermitentemente con algunas líneas paralizadas por falta de materia prima e insumos oportuna y suficiente. Hay niveles críticos de inventario en azúcar, harina de maíz, trigo panadero y trigo galletero”, detalla Larrazábal. Otras líneas afectadas son las de aceite, arroz, avena, salsa de tomate, levadura, cerveza, malta, bebidas en polvo y otras tantas, cuya producción está severamente disminuida.

Según la encuestadora Datanálisis, la confianza del consumidor venezolano se desplomó a su peor nivel histórico, 21,9 por ciento, debido a que el índice de escasez es de 82,8 por ciento en Caracas, la ciudad más abastecida del país. Según el estudio, 96,4 por ciento de la población siente que no consigue los productos que necesita cuando los está buscando.

Producción a la baja

Los datos se corresponden con la realidad que vive Yolanda Martín, de 39 años, quien afirma que enmarca su día a día entre trabajar y comprar alimentos. “Yo trabajo en una oficina privada así que no puedo asistir solamente lunes y martes como los funcionarios públicos –una orden de Maduro para ahorrar energía eléctrica-, por lo que tengo que estar pidiendo permisos para salir a comprar cuando alguna compañera avisa que llegó algún producto. Nosotros nos organizamos para que todo lo busque quien le toque comprar ese día, y luego lo repartimos”.

El presidente de Cavidea destaca que el problema no está en la distribución de alimentos, foco del decreto de emergencia económica y fundamento para los Clap. “El problema de fondo es simplemente producir más. Ya el sistema de distribución está controlado por el gobierno a través del Sica (Sistema Integral de Control Agroalimentario) estatal. A los Clap no los conocemos mucho pero el problema no está en llevar alimentos casa por casa”, apunta Larrazábal.

La producción nacional de alimentos ha caído enormemente. El país tiene 35 millones de hectáreas que pueden usarse para el desarrollo agropecuario, pero en 2015, según cifras oficiales del Ministerio de Agricultura y Tierras, la superficie cosechada alcanzó poco más de 1,7 millones de hectáreas, 10 por ciento menos que el año anterior. En los últimos siete años, la producción de maíz disminuyó en 58,5 por ciento, la de arroz 37,3 por ciento, la de café 71,2 por ciento y la de papa 74,3 por ciento, por mencionar algunos rubros. Por eso la mesa de los venezolanos está cada vez más vacía, sin que nada parezca capaz de conmover al inconmovible Nicolás Maduro.

Manual para perpetuarse en el poder

Estos son los diez mandamientos del chavismo para quedarse para siempre en Miraflores, según SEMANA.

1. No soltar el poder al menos por diez años.

2. Adueñarse de los organismos de control y del Poder Judicial.

3. Comprar con petróleo una red de apoyos internacionales que refuercen la revolución bolivariana.

4. Acabar con las estadísticas oficiales para justificar la supuesta guerra económica de los empresarios contra su gobierno.

5. Ahogar a los medios de comunicación, con excepción de sus herramientas de propaganda.

6. Criminalizar a la oposición y a todo aquel que no apoye el socialismo del siglo XXI.

7. Construir un ‘paraestado’ para desconocer con el apoyo de las cortes los órganos en manos de la oposición (alcaldías, Asamblea, etcétera).

8. Inventar permanentemente complots internacionales en su contra, en especial de Estados Unidos y del senador colombiano Álvaro Uribe.

9. Adquirir una visión maniqueísta para dividir el mundo en amigos y enemigos, incluidos los organismos multilaterales diferentes a Unasur y al Alba.

10. Interpretar la Constitución Bolivariana en cada oportunidad según su interés y con la flexibilidad con que Estado Islámico interpreta el Corán.

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