Sábado, 25 de octubre de 2014

| 2013/08/19 00:00

Venezuela: ¿Dónde están los ladrones?

Nicolás Maduro retó a la oposición a un debate televisado para ver quién es más corrupto y ésta aceptó.

Henrique Capriles y Nicolás Maduro se podrían volver a enfrentar. Esta vez en un debate por corrupción. Foto: Archivo SEMANA

Durante toda la campaña presidencial ni el presidente Hugo Chávez ni Nicolás Maduro aceptaron el reto de Henrique Capriles de medirse a un debate en televisión nacional para discutir la visión que, tanto chavismo como oposición, tenían del país. Los argumentos para negarse a hacerlo fueron que Capriles no “era nada”, que ni siquiera sabía hablar en público.

Por eso llama la atención que ahora, ya siendo Maduro presidente, y en medio de una profunda crisis política que se generó tras las elecciones en las que ganó por apenas un punto y medio, en medio de reclamos de fraude de la oposición, decida retar a un debate. Su popularidad, aunque sigue estando alrededor del 50 por ciento en la mayoría de las encuestas, tiende a bajar, mientras que la de Capriles tiende a subir.

Quizás Maduro se eche para atrás en su propuesta, luego de que la oposición le respondió que aceptaba el reto, o decida hacerlo de todas maneras haciendo uso del recurso de siempre: el pasado. Dijo que en el debate saldrá a la luz cómo la oposición y grupos de interés de la derecha manejaron el país hasta que “llegó Chávez con el látigo de Cristo y expulsó a los mercaderes”.

¿Pero qué tan dispuesto estará Maduro a debatir lo que ha sucedido en 14 años de chavismo en el poder, y sobre todo, lo que está pasando ahora? ¿Qué gana la oposición con salir al ring?¿Y qué gana Venezuela con un espectáculo televisivo para ver cuál de los dos bandos es el más corrupto?

¿Quién se comió la torta?

El pasado 28 de julio hubiera sido el cumpleaños número 59 de Chávez. Ese domingo, los diarios traían pocas noticias y muchos avisos de conmemoración al “comandante eterno”. Pero hubo uno, que en vez de celebrar, tenía la intención de aguar la fiesta. Era un pastel cortado a pedazos y relleno de cifras amargas: 25 por ciento de inflación en 100 días, 9 protestas diarias por condiciones indignas, 58 asesinatos diarios, 20.3 por ciento de escasez y encima un letrero que decía: “Hoy la torta la pone Nicolás”.

El problema para el presidente Maduro es precisamente que no está sabiendo administrar la torta. El argumento del gobierno es que no ha podido porque enfrenta una guerra económica y conspirativa. La realidad es que, a pesar de que el barril del petróleo continúa por encima de los 100 dólares, el esquema de control económico no es sólo disfuncional e ineficiente, sino que ha propiciado el atraco al Estado.

Venezuela es hoy uno de los países menos transparentes del mundo. La petrolera estatal PDVSA, dejó de reportarse ante la Securities Exchange Comission y los recursos de la compañía fluyen sin ningún tipo de vigilancia al Ejecutivo, que administra más del 75 por ciento del presupuesto estatal a su antojo, más recursos adicionales a través de otras cajas como el Fonden, o el Bandes. Este último, que maneja los recursos del fondo Chino-Venezolano, del que desaparecieron 84 millones de dólares, está siendo investigado por las autoridades en Estados Unidos, y el FBI capturó a tres de sus representantes por estar involucrados en un millonario esquema de fraude.

La exdirectora del Bandes, Edmée Betancourt, era hasta la semana pasada la directora del Banco Central de Venezuela. Maduro, quien la había nombrado hace dos meses y medio, le pidió a la Asamblea Nacional retirarla de su cargo en tiempo récord. Lo curioso es que la misma Betancourt ha denunciado que el mayor desangre a las finanzas del Estado ocurrió porque el mismo gobierno entregó divisas, entre 15 mil y 20 mil millones de dólares, a compañías de maletín.

A los escándalos nuevos se suman los viejos que han quedado sepultados pero que la oposición intenta desempolvar en su campaña mediática contra “los enchufados” del gobierno: el “caso Pudreval”, cuando se pudrieron toneladas de alimentos importados por el gobierno en unas bodegas, las denuncias de negocios entre el chavismo y el narcotráfico, quejas por el mismo capo Walid Makled, los señalamientos contra el robo que habría hecho Diosdado Cabello como gobernador de Miranda, y lo más reciente, el audio del presentador chavista, Mario Silva, en el que denuncia una serie de grupos de poder al interior del chavismo que están ordeñando al Estado, compuesto por los principales representantes de la burocracia roja actual.

Ante su incapacidad o reticencia de cambiar de política económica, y los escándalos de corrupción del régimen, que Chávez lograba distraer con una particular habilidad que Maduro parece no tener, el presidente parece haber lanzado su propia campaña para combatir la corrupción. La estrategia apunta a que como no puede tapar el sol con el dedo, él mismo va a hundir el dedo en la llaga para sanarla, y así curarse él en salud. Por eso es Maduro quien convoca a un debate, por eso pidió “poderes especiales” y dijo que acudiría personalmente ante la Asamblea Nacional a pedir una Ley Habilitante que le permita actuar con mayor contundencia.

Pero la estrategia de Maduro puede ser contraproducente a su popularidad, no sólo porque resulta difícil desligarlo a él del resto de la burocracia chavista que está siendo acusada de corrupta, sino porque su lucha, que se percibe como una excusa para violar precisamente la Constitución y utilizar los poderes del Estado para perseguir a la oposición, terminaría precisamente graduándolo como el peor de los corruptos.

Además, hay suspicacias de que el chavismo esté actuando en bloque en esa persecución y lucha contra la corrupción. Maduro, por ejemplo, ha anunciado capturas de algunos funcionarios internos de organismos del Estado, lo que señala una posible purga para quitarle influencia y control burocrático a sus adversarios dentro del mismo oficialismo, entre ellos Diosdado Cabello, que sigue siendo un palo en la rueda para Maduro así se abracen y afirmen que están más unidos que nunca.

Basta ver lo que ha sucedido al interior de la Asamblea Nacional, donde él es presidente. En 12 de las 32 plenarias de sesiones de 2013, fueron adoptadas medidas en contra miembros de partidos de la oposición o chavistas disidentes, según lo señala un análisis publicado en el diario El Nacional. El “combate” contra la oposición ha arreciado especialmente contra miembros del partido Primero Justicia, de Henrique Capriles, mostrando el lado más déspota y antidemocrático, lo que solo contribuye a erosionar la imagen del chavismo, perjudicando a Cabello, pero también a Maduro.

Los trampa de la oposición

En su columna semanal el líder opositor Henrique Capriles volvió a retar al gobierno y le dijo que si querían meterlo preso, que lo hicieran, porque no es la primera vez que lo persigue la maquinaria del Estado. “Pero no sigan confundiendo ser pacífico con ser pendejo. A mí no me empujan a su pantano.”, escribió.

Caer en el pantano es precisamente caer en provocaciones, y el reto de ir a un debate televisado podría convertirse en el pantano perfecto. Si bien quienes lideran la oposición venezolana actual han tratado de desmarcarse de la vieja política partidista, esa que por sus prácticas clientelistas y corruptas terminó tan desprestigiada en los 90 y contribuyó a que Chávez llegara al poder, no puede garantizar que todos son ángeles en sus filas. De hecho, parte de las razones por las cuales la oposición perdió las elecciones a gobernadores en diciembre fue porque varios de sus candidatos no tenían las mejores credenciales en las regiones.

Además, ante el cerco cada vez más estrecho que ha impuesto el gobierno para ahorcar a la oposición, la misma está cada vez más vulnerable a salirse de los conductos regulares para subsistir, por ejemplo buscando financiación para sus campañas. La prueba está en que el diputado Juan Carlos Caldera, quien era el representante del comando de Capriles ante el Concejo Nacional Electoral, aceptó dineros de un cuestionado empresario chavista que sería entregado en efectivo para no dejar rastro. Con las elecciones a las alcaldías locales en diciembre, y las pujas de poder internas que nunca faltan al interior de la oposición, es factible que algunos de ellos puedan incurrir en prácticas similares.

Otra forma como el chavismo le ha ido cercenando espacios a la oposición ha sido a través de los medios de comunicación. La cadena Globovisión, que era su ventana de comunicación con la opinión pública en la televisión, cambió de dueños y de línea editorial. Para la oposición aceptar el debate en televisión puede ser una buena oportunidad de volver a figurar, pero puede ser también una emboscada. El chavismo se ha caracterizado por sus montajes mediáticos para atacar a sus adversarios y no hay por qué pensar que no harían algo similar esta vez, que difícilmente afectaría la credibilidad entre sus bases firmes, pero sí perjudicaría a esos opositores que lo son por descarte y no por convicción, y que inclinaron la balanza a favor de la oposición en las últimas elecciones.

¿Todos roban?

Las dos marchas anticorrupción que convocaron tanto el chavismo y la oposición hace unas semanas tuvieron poca acogida. Quizás es porque en Venezuela hay una creencia acuñada desde hace décadas de que todos los políticos roban. La historiadora, Margarita López Maya, afirma que como es un país petrolero, en donde se supone que el petróleo es un recurso de la nación, a los gobiernos se les tolera todo, menos que no repartan el botín. En medio de una crisis económica como la actual, la gente empieza a preguntarse que si no está alcanzando, es porque alguien lo está acaparando.

La más reciente encuesta sobre percepciones de Transparencia Internacional muestra, de hecho, que el 65 por ciento de los venezolanos cree que la corrupción ha aumentado en el país en los dos últimos años. Entre los principales corruptos señalan a la policía, a los empleados públicos y a los partidos políticos. Estudios y focus groups de encuestadoras nacionales demuestran que como Venezuela está tan polarizada, para los chavistas radicales, la oposición es la corrupta, mientras que para los opositores, son los del oficialismo.

Independientemente de la orientación política de quienes cometen actos de corrupción, no hay árbitro ni juez que realmente determine quién es culpable. “Sobran marchas y faltan acciones anti corrupción”, dice Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Internacional en Venezuela. De Freitas resalta que los organismos de control y el poder judicial, juntos, no tienen ni el 2 por ciento del presupuesto nacional.

Tampoco han demostrado tener la independencia necesaria, pues las sucesivas declaraciones de sus cabezas a favor del gobierno y del proceso revolucionario ilustran, como mínimo, una confusión sobre la separación y el contra peso de los poderes en un Estado de derecho. Valga recordar, además, que la Contraloría en Venezuela está sin un Contralor General en propiedad desde el 2011, cuando falleció Clodosbaldo Russián. El gobierno simplemente dejó a Adelina González como encargada desde entonces.

Ante esta situación, un debate televisado de acusaciones mutuas entre oficialismo y oposición, pero que no se traduzca en investigaciones serias, independientes y justas por parte de los organismos de control no le aportará nada a un país tan polarizado. Quizás sólo aumentará la percepción de que Venezuela se hunde en un mar de corrupción, y no hay quién la salve.

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