Fiscal general vs. Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela

Como David frente a Goliat, la fiscal general de Venezuela emprendió una lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro. Luisa Ortega, quien fue una chavista confesa, se desmarcó y es ahora considerada una “traidora”. Esta palabra no la ha amedrentado, sin embargo aseguró que ha recibido amenazas del Gobierno. "Yo quiero hacer responsable, a las autoridades del Estado venezolano, especialmente al Ejecutivo de lo que le pueda pasar a mi familia, no es posible que mi familia sea objeto de amenazas", dijo la titular del Ministerio Público en una entrevista con la emisora local Unión Radio.

La situación se ha tornado especialmente tensa en las últimas horas entre la fiscal y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La justicia de Venezuela frenó el recurso presentado por Ortega contra la Asamblea Nacional Constituyente, e impidió una movilización masiva de venezolanos que pretendían formalizar su rechazo a esa iniciativa convocada por el presidente Nicolás Maduro.

El TSJ, acusado por la oposición de servir al gobierno, declaró "inadmisible" el recurso que presentó el pasado jueves la fiscal Ortega.

Al mismo tiempo, unos 200 seguidores del gobierno y opositores se concentran en los alrededores del TSJ, coreando consignas a favor y en contra de la Constituyente, lo que degeneró en gritos de acusaciones mutuas e intercambio de golpes.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que controla el Parlamento, había llamado a sus seguidores a acudir este lunes a formalizar su adhesión al recurso de la fiscal en la sede del TSJ, pero sus accesos fueron bloqueados por militares.

"No quieren que el pueblo se manifieste en contra de la Constituyente, que se vea la cantidad de gente que la rechaza", declaró a la AFP la joven manifestante María Rodríguez.

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Con una Constitución en la mano, una chavista, vestida de rojo, le gritaba a los opositores: "Fuera, las calles son del pueblo, no de la burguesía, aquí lo que hay es revolución".

La MUD descartó participar en la Constituyente al considerarla un "fraude" con el que -asegura- el chavismo pretende hacer una Carta Magna "a la cubana" para perpetuarse en el poder.

Por su parte, la fiscal general impugnó este lunes, después de conocer la decisión de la justicia, el nombramiento de 33 magistrados designados en diciembre 2015 por el saliente Parlamento de mayoría chavista, por considerar que su parcialidad ha acelerado la severa crisis del país.

"Hoy fui nuevamente al Tribunal Supremo de Justicia a objeto de impugnar la designación de los magistrados", por cuya falta de "idoneidad y parcialidad" la corte "se encarga de acelerar la crisis", declaró Ortega, en entrevista transmitida en la emisora privada Unión Radio.

Luego de que Maduro convocó el 1 de mayo a ese proceso, la oposición escaló las manifestaciones para exigir su salida del poder. En dos meses y medio, estas protestas dejan 66 muertos, cientos de detenidos y más de un millar de heridos, según la Fiscalía.

Enfrentamientos contra fuerzas de seguridad del gobierno en Caracas, Venezuela, durante jornada de marchas. 20 de mayo de 2017.

"¡Inepta e ineptos!"

La Sala Electoral del TSJ, ante la que Ortega presentó el recurso de "nulidad", argumentó que lo rechazó porque contenía una "inepta acumulación de pretensiones".

Para el vicepresidente legislativo, el opositor Freddy Guevara, "eso refleja dos cosas: le tienen miedo a la movilización del pueblo y están profundizándose las divisiones dentro del chavismo".

La sentencia "despeja toda duda sobre ausencia de remedios judiciales. Por cierto: lo de ‘inepta acumulación‘, además de una excusa para justificar la decisión, es un claro intento de desprestigiar a la fiscal", opinó el constitucionalista José Ignacio Hernández.

Ortega, en su acción legal, cuestionó la actuación de los poderes Ejecutivo, Judicial y Electoral, al precisar que la convocatoria a la Constituyente y la definición de su sistema de elección no eran potestad de Maduro sino de los venezolanos tras consulta en referendo.

Desafiando abiertamente Maduro, la fiscal, quien es apoyada por figuras del chavismo críticas al gobierno, llamó a los venezolanos a oponerse a la Constituyente porque, según ella, violenta la democracia, la "progresividad" de los derechos humanos, el derecho al sufragio y la soberanía constitucional.

El presidente socialista, quien ha tildado de "traidores" a esos chavistas críticos, aseguró el domingo que la fiscal se convirtió "en la líder de opinión de los sectores opositores" a la Constituyente.

"Cada convocatoria de la derecha a la violencia, es derrotada por la propuesta de paz, sus desprestigiados ‘dirigentes‘ no aprenden. Ineptos", dijo el poderoso dirigente chavista, Diosdado Cabello, candidato a la Constituyente.

Más presión

Pero la oposición reaccionó prometiendo más calle. "Mucha gente se quedó sin poder adherirse, porque se declaró inadmisible (el recurso) pero la esencia es presionar para que se revele el rostro del opresor", agregó Guevara.

"La conducta del gobierno hacia la fiscal sigue subiendo el volumen para que la comunidad internacional termine de entender la gravedad de la crisis venezolana", aseguró el líder opositor Henrique Capriles.

Según una encuesta de Datanálisis, 85% de los venezolanos rechaza modificar la Constitución de 1999 impulsada por el expresidente Hugo Chávez, tras cuyo fallecimiento fue elegido Maduro en 2013.

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La Constituyente para esa Carta Magna fue convocada tras un referendo y luego el nuevo texto fue también consultado en las urnas, por lo que Ortega y otros chavistas aseguran que la iniciativa de Maduro "destruye" el legado de Chávez.

Según la oposición, el sistema electoral planteado es "fraudulento" y permitirá al chavismo el control de la Asamblea Constituyente, un "suprapoder" que podrá emitir decisiones por encima de todas las instituciones y leyes.

Dirigentes del gobierno ya le pusieron fecha a una destitución de la fiscal: el 30 de julio, cuando sea elegida la Constituyente.

Con información de AFP y EFE