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| 4/24/2014 12:00:00 AM

Venezuela: Gobierno y oposición acordaron “producir resultados”

En el tercer encuentro las partes acordaron crear un grupo de trabajo para debatir una ley de amnistía.

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AP
El gobierno y la coalición opositora sostuvieron el jueves un tercer encuentro para tratar de avanzar en la conformación de la comisión que investigará los sucesos de los últimos dos meses y evaluar la situación de los llamados "presos políticos", y aunque no se vislumbra un convenio, ambos bandos parecen coincidir en la preocupación de que los diálogos generen resultados.

Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo del bloque opositor, expresó que durante el encuentro se evidenció que opositores y oficialistas tienen la "conciencia de que hay que producir resultados".

"Los diálogos que son un camino legítimo en la democracia, entre quienes tienen opiniones divergentes, son útiles en la medida que vayan produciendo resultados", dijo Aveledo tras la reunión que se prolongó por poco más de dos horas.

"El camino del dialogo es un camino difícil, hay muchos desacuerdos, que fue los que nos trajo a esta situación; pero el diálogo es un camino indispensable", añadió.

Sobre esta tercera reunión no existían mayores expectativas debido a que se trataba de una reunión de trabajo, había adelantado el diputado del partido opositor de la Causa R, Andrés Velásquez.

El diputado señaló que la conformación de la Comisión de la Verdad, que investigará los eventos de febrero y marzo, "es lo que nos pudiera motivar más a participar", aunque aún falta que las partes se pongan de acuerdo sobre quiénes serán los integrantes y cómo funcionará la comisión.

Aunque el gobierno rechazó la propuesta de una ley de amnistía para liberar a opositores detenidos, Velásquez dijo que la coalición opositora insistirá sobre ese tema.

Al respecto, Aveledo acotó que además del grupo de trabajo para la Comisión de la Verdad, "hemos acordado crear un grupo de trabajo" para el punto de la ley de amnistía que del lado del bloque opositor estará integrado por los diputados Edgar Zambrano y Andrés Velásquez".

En una reunión anterior, la coalición opositora había presentado una lista con un centenar de personas a las que consideran "presos políticos" que podrían beneficiarse de una posible ley de amnistía.

Entre los incluidos en la lista está Leopoldo López —dirigente de Voluntad Popular, que permanece detenido desde el 18 de febrero en una cárcel militar en las afueras de la capital, acusado de promover acciones violentas durante una protesta callejera.

Los adversarios del gobierno propusieron además en el tercer encuentro crear un grupo para tratar las competencias de alcaldías y gobernaciones. Aveledo destacó que encontraron un ambiente "favorable".

"Lo propusimos nosotros sobre los temas de descentralización... competencia de gobernaciones y alcaldías, lo que nosotros consideramos gobiernos paralelos... que son una fuente de conflicto en el país que hay que superar", resaltó.

Desde finales del 2008, el gobierno del ahora fallecido presidente Hugo Chávez y sus aliados en la Asamblea comenzaron a emitir una serie de decretos para retirarle las competencias de los gobernadores y alcaldes opositores en hospitales, aeropuertos, puertos y autopistas, y limitar así sus gestiones.

En el encuentro se retomó la situación de salud de Iván Simonovis, un exjefe policial por el que la oposición ha mantenido una intensa campaña para lograr su liberación debido a que padece afecciones graves de salud.

En sintonía con el acuerdo de establecer una junta médica para que revise su condición física, Aveledo destacó que se propuso que la junta la integre un médico de confianza del reo, otro del gobierno, y uno de una institución médica prestigiosa e "imparcial".

Simonovis fue condenado en 2009 a 30 años de cárcel por los delitos de "complicidad necesaria en la ejecución de homicidio calificado, consumado" en las muertes de manifestantes pro oficialistas que ocurrieron en medio del fallido golpe de abril de 2002.

El vicepresidente Jorge Arreaza dijo a inicios de semana que el gobierno "está construyendo el diálogo con justicia y sin impunidad" e indicó que el Ejecutivo no caerá en "trampas" con una ley de amnistía.

El gobierno y la coalición opositora sostuvieron un primer encuentro el 10 de abril. El proceso de acercamiento cuenta con la facilitación de los cancilleres de Brasil, Ecuador y Colombia y el nuncio apostólico en Venezuela.

El movimiento estudiantil, que ha sido el principal promotor de las protestas callejeras de los últimos dos meses, ha reiterado que los universitarios continuarán las manifestaciones a pesar de los diálogos.

Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura de 2010 y férreo crítico del gobierno de Caracas, afirmó el jueves que "ojalá que el diálogo traiga por ejemplo la liberación de todos los presos políticos... crearía una atmósfera distinta y que facilitaría enormemente las posibilidades de un dialogo efectivo".

El escritor peruano mostró en todo momento su abierta simpatía por las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. "Lo que ha ocurrido en Venezuela en estas últimas semanas es un hecho extraordinario que ha causado una enorme emoción y gran sentimiento de solidaridad" entre los pueblos de la región, expresó en rueda de prensa.

Vargas Llosa opinó que los gobiernos de latinoamericanos han mostrado poca solidaridad debido a que "no quieren arriesgarse a que internamente haya una izquierda que los ataque si se solidarizan con la resistencia venezolana".

Señaló que "en muchos casos es pura cobardía, porque en realidad el movimiento de resistencia venezolano tiene una gran simpatía popular en toda América Latina", agregó.

Venezuela se ha visto sacudida desde febrero por protestas de universitarios y opositores, esencialmente de clase media, en contra de la desbordada inflación -que alcanzó en febrero una tasa anualizada de 57,3%-, el desabasto y un alto índice de delincuencia.

Los violentos incidentes registrados en Caracas y otras ciudades han dejado 41 muertos, 674 heridos y unos 2.285 detenidos, de los cuales 175 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.
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