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| 7/1/2017 10:15:00 PM

Venezuela: ¿Hacia una guerra civil?

Tras 90 días continuos de protestas y 84 muertos, la gran pregunta es si los oprimidos terminarán contestando con la misma moneda que sus opresores.

Es un patrón. Las Fuerzas Armadas del gobierno, incluyendo los colectivos civiles, agreden a la población aun en su hogar. Es el resultado de una declaración de guerra a la sociedad hecha por el presidente Nicolás Maduro, como indicó el martes el líder opositor y gobernador de Miranda, Henrique Capriles. Ese día, Maduro anunció que si se cae la “revolución” que heredó de Hugo Chávez, “iríamos al combate. Jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas”.

Aunque Maduro habló en condicional, se refirió a una realidad. Las protestas han dejado 84 muertos en los últimos 90 días y dos casos recientes son emblemáticos. El de Fabián Urbina, baleado por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante una protesta en plena calle, violando además una disposición constitucional de no atender situaciones de orden público con armas de fuego. Y el de David Vallenilla, quien murió por varios disparos a quemarropa también a manos de un militar.

Según Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano que hace seguimiento al estamento militar, “los términos de la represión vienen estimulados por el discurso de odio, por los niveles de participación política que hay dentro de las instituciones policiales y militares”. La abogada añade que no existe sanción moral ni política para los excesos, sino premios.

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“La matazón en la calle lleva ya más de 100 muertos, en cifras no oficiales, y esto puede aumentar en estos 32 días que faltan antes de la constituyente”, alerta San Miguel. No obstante, los datos del Ministerio Público hablan de 82 decesos, de los cuales apenascuatro corresponden a funcionarios oficiales.

Pero este ni siquiera es un conflicto asimétrico. Es una guerra contra los civiles. Lo ratifica el politólogo John Magdaleno, director de la firma Polity, al afirmar que el comportamiento castrense “es de dominio, como se demostró en el Parlamento donde se desconoció la autoridad de su presidente, o en la creciente integración de militares activos al gabinete, abarcando ya el 40 por ciento. Se subvierte la antigua regla de oro de la subordinación militar al poder civil”.

La violencia medra y se agranda. El martes, algunos diputados de la Asamblea Nacional y un grupo de efectivos de la GNB intercambiaron golpes después de que un grupo de chavistas introdujo ilegalmente material electoral a ese edificio. La parlamentaria Delsa Solórzano está de reposo con tres vértebras afectadas, y el presidente del Legislativo, Julio Borges, fue empujado por el coronel Bladimir Lugo en un tenso intercambio. “Usted será el presidente de lo que sea, pero yo soy el comandante de esta unidad militar”, le gritó.

Al día siguiente, el vicepresidente del oficialismo, Diosdado Cabello, aplaudió a Lugo en la televisora pública y afirmó que la Asamblea es “territorio enemigo”. Y este jueves, Maduro le impuso la condecoración Cruz de la Guardia de Honor Presidencial. Y el exfiscal Isaías Rodríguez afirmó la semana anterior que la constituyente que impulsa Maduro es para “acabar con la derecha, aniquilarla definitivamente”.

También el martes 27, un policía renegado, Óscar Pérez, acompañado por otros funcionarios no identificados, sobrevoló un helicóptero en Caracas y abrió fuego contra el Tribunal Supremo de Justicia, mientras este emitía sentencias para disminuir el poder de la fiscal general, Luisa Ortega, quien ha ratificado que en Venezuela continúa roto el orden constitucional y ha comenzado a imputar a militares por violaciones a los derechos humanos. La oposición habla de “golpe de Estado continuado”, y el piloto invocó el artículo 350 de la Constitución, que establece el derecho a la rebelión. La acción de este suscitó dudas de un montaje gubernamental, pero al final de la semana avanzaba la idea de que se trata de una rebelión genuina.

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Mientras tanto, la protesta en la calle no amaina. Este miércoles fueron captadas imágenes de personas uniformadas y de civil portando armas de fuego en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, durante una manifestación opositora. En la noche, en una zona pobre de Caracas, Caricuao, tanquetas de la GNB derribaron portones y muros de urbanismos residenciales en respuesta a protestas de vecinos.

Lo mismo ocurrió la noche del jueves en Barquisimeto, donde se denunció que la GNB obligó a manifestantes detenidos a tomar gasolina, y quedaron registradas en video incursiones a zonas residenciales con altavoces que decían: “Sigan protestando que los vamos a quemar”. Es un estado de sitio, que la propia fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ha calificado de “estado de terror” e incluso como “terrorismo de Estado”. La ONG Provea apunta que lo ocurrido en esos y otros lugares no es solo un exceso de alguna brigada, sino “una política de Estado para generar temor en la población civil”, según Inti Rodríguez, coordinador de la organización defensora de derechos humanos.

Marcy Rangel es vecina de las residencias El Paraíso de Caracas, donde el 13 de junio un centenar de uniformados irrumpió en los edificios. Hubo agresiones, hurtos, arrestos, golpes y destrucción. “Nos sembraron pánico, y más nadie ha salido a protestar porque no sabemos si se repetirá”, dice.

Pero otros optan por escalar el conflicto. “Los vecinos tienen miedo, pero también mucha arrechera (molestia)”, dice Carlos Julio Rojas desde Candelaria, una zona –donde se han allanado más de ocho edificios de viviendas–. Allí los habitantes han decidido prepararse para responder. “En Los Caobos lanzaron bombas molotov a la PNB y los colectivos”, detalla.

En Barquisimeto, al oeste del país, donde la represión ha sido muy dura, la cosa va peor. “Esto ha generado un efecto inverso: las comunidades se están organizando para hacer barricadas más fuertes que ni la GNB ha podido desmontar”, explica Andrés Colmenárez de la ONG Funpaz mostrando preocupación “porque puede generar enfrentamiento armado, materializando una guerra civil entre ciudadanos”.

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Rocío San Miguel es más cauta. Ese escenario solo ve posible una guerra civil si hay un quiebre en la Fuerza Armada Nacional (FAN). “En términos formales para el derecho internacional, y conforme al Protocolo II de los Convenios de Ginebra, deben existir dos o más partes capaces de controlar una parte del territorio y de realizar operaciones sostenidas y concertadas. Hasta ahora solo la Fuerza Armada tiene ese cualidad”.

Conocedora de lo que pasa en los cuarteles, San Miguel asume que un quiebre de la FAN sería posible nada más “si hay una rebelión popular generalizada que implique el uso extendido de la fuerza para contener a la población”; pero no como “un alzamiento clásico contra Maduro”.

“La escalada de violencia augura mayor inestabilidad y enfrentamientos entre bloques, pero no una guerra civil porque no luce probable una división de la FAN”, dice Magdaleno. A su juicio, “harían falta dos ejércitos, y no los hay”. Pero el psicólogo social Leoncio Barrios no descarta que las balas dominen el debate “si se activan los colectivos armados en conjunto y la milicia por un lado, y los sectores de oposición que tienen armas y no las han mostrado hacen lo propio”.

Según cálculos extraoficiales, en el país circulan entre 3 y 7 millones de armas ilegales. “Ese es un escenario nada descartable y lamentablemente creo que, de las cosas seguir como van, tiene cada día más probabilidad”, dice Barrios. El cardenal Jorge Urosa no ve posible el enfrentamiento pueblo contra pueblo, pues “la población democrática está indefensa”, aunque aumente la opresión y con ella “la posibilidad de gravísimos conflictos, incluso violentos”. n

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