Martes, 2 de septiembre de 2014

. Foto: EFE

| 2013/09/10 00:00

¿Por qué Venezuela abandona la Corte IDH?

por Catalina Lobo-Guerrero, corresponsal de SEMANA en Caracas

Mientras el gobierno justifica la medida, los venezolanos ya no podrán acudir ante esa instancia internacional.

La decisión de denunciar a la Convención Interamericana de Derechos Humanos fue de las últimas decisiones que tomó el expresidente Hugo Chávez antes de morir. Lo hizo hace un año, por intermedio de su canciller en ese entonces, Nicolás Maduro, hoy presidente.

El gobierno venezolano argumenta que en el país hay respeto por los derechos humanos, que los tribunales nacionales garantizan la justicia, y que el Sistema Interamericano, por el contrario, lo que hace es violar la soberanía. “La Comisión y la Corte Interamericana de Justicia jamás han sido garantes de lo justo, sino protectores de intereses de los poderosos,” señaló el vicepresidente Jorge Arreaza.

“Ratificamos nuestra irrevocable decisión de ejecutar esta denuncia que hicimos el 12 de septiembre”, dijo el canciller Elías Jaua y añadió que, un año después de haber solicitado rectificaciones sobre casos de la Corte y la Comisión, solo había recibido dilaciones, cálculos, y evasivas.

Dijo que la Comisión no había defendido en 14 años a ningún ciudadano humilde en Venezuela, lo que demostraba que estaban alineados con una parcialidad política. Jaua citó casos en los que, insiste, que la Corte repite patrones en sus sentencias sin escuchar a las partes y sin esperar que se agoten las instancias internas, pretendiendo, además, que el país cambie su jurisdicción. Para darle apoyo a la decisión, el canciller venezolano leyó un comunicado de los países aliados del Alba, en el que dice que respaldan a Venezuela en la salida de la Convención.

La decisión ha causado preocupación tanto en el país como en el exterior. Internamente, al apartarse de la Corte, se está violando la misma Constitución Nacional, específicamente su artículo 31, que otorga la posibilidad a cualquier venezolano de acudir a instancias internacionales para la protección de sus derechos.

Por esa razón, un grupo de abogados, liderado por el expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Ayala, junto con otros académicos y organizaciones de la sociedad civil interpusieron el año pasado un recurso de inconstitucionalidad al gobierno por salirse de la Corte. Como el recurso ni siquiera fue admitido por los tribunales nacionales, hace tres semanas presentaron uno nuevo. Hasta el momento no han dado respuesta alguna.

En el exterior, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, se pronunció. "Creemos que puede tener un impacto muy negativo en la situación de los derechos fundamentales en el país y en su región", señaló en Ginebra el portavoz de la Oficina, Rupert Colville.

El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, también envió varias cartas la semana pasada a los mandatarios de varios países de la Unasur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay para que tomaran acciones que instaran al gobierno venezolano a no salirse de la Convención de Derechos Humanos. Venezuela, que actualmente ocupa la presidencia pro témpore, está impulsando un sistema de protección de derechos humanos paralelo en Unasur.

“Ha transcurrido un año desde que Venezuela ingresó al Mercosur, y durante ese período ni su gobierno ni el de otros estados partes del Mercosur han abordado frente al gobierno de Venezuela, de manera pública y seria, estos graves problemas de derechos humanos,” dice Vivanco en su carta.

Denuncias electorales

Todo lo que ha ocurrido en materia de violación de derechos humanos en Venezuela antes del 10 de septiembre de 2013, será susceptible de ser evaluado por la Comisión y los casos podrán ser presentados ante la Corte. Por eso, la oposición en Venezuela presentó el pasado 9 de septiembre una petición para que evalúe sus denuncias de fraude en los pasados comicios electorales, con el argumento que durante las elecciones se violaron los derechos fundamentales de los venezolanos.

“La lucha que estamos dando es para que los derechos de ustedes se respeten. Nosotros no hemos parado la lucha y defenderemos los derechos de nuestro pueblo en todas las instancias,” aseguró el líder de la oposición y excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski.

La coalición de partidos opositores, integrado a través de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), llevó la petición a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH en Washington y solicitó que la Corte se pronuncie sobre el caso antes de que se celebren los comicios para elegir a alcaldes locales el próximo 8 de diciembre. En la petición que presentaron, no sólo se denuncia el ventajismo electoral previo a las elecciones, sino también lo ocurrido en días posteriores.

Torturas tras presidenciales

Semana.com conoció algunos testimonios de venezolanos que han denunciado abusos y torturas por parte de la Guardia Nacional, cuando salieron a protestar por las calles de la ciudad de Barquisimeto, para exigir el reconteo de votos el 15, 16 y 17 de abril, luego de las elecciones presidenciales.

Las primeras imágenes que se conocieron de estos hechos fueron las de la cara perforada por perdigones de Eisler Vásquez. Luego se empezaron a conocer otros casos, como el de Ivonne Echenagucia, quien sufrió choques eléctricos en las instalaciones del destacamento militar a dónde fue llevada, al punto que se le derritió la suela del zapato, o el de Norvelis Suárez, quien fue arrastrada por el pavimento hasta perder las uñas de los pies.

Vásquez, Echenagucia y Suárez, son apenas tres de 121 personas que fueron detenidas o perseguidas esos días por parte de miembros de la Guardia Nacional. Algunos testimonios de los manifestantes detenidos cuentan que los militares les revisaban los celulares para saber si eran opositores y les gritaban todo tipo de insultos, que fueron desnudados y que fueron golpeados. De esos 121, 71 fueron imputados por cargos que van desde rebelión, hasta asociación para delinquir, entre otros.

“No queremos que nos sigan acusando de victimarios ni de enemigos de la patria”, dice Andrés Colmenarez, uno de los detenidos que hoy ha asumido un papel activo en la defensa de sus derechos, a través de Funpaz, una organización que, aclara, no es política, sino creada con el fin de denunciar los abusos.

Ellos han presentado sus denuncias tanto ante la Procuraduría venezolana, como ante instancias internacionales. Internamente, sin embargo, hay poca fe en la independencia de la justicia. Días después de que se conocieron las denuncias de torturas y abusos la fiscal Luisa Ortega las desestimó de plano.

El temor de Colmenarez, de otras víctimas, y de activistas de derechos humanos, es que la represión y la violación de derechos humanos en Venezuela puede arreciar, ahora que la CIDH no va a tener injerencia en Venezuela.

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