Miércoles, 27 de agosto de 2014

Henrique Capriles viajará a Chile y a Perú esta semana para reunirse con líderes políticos y medios de comunicación de ambos países.

| 2013/07/19 00:00

Venezuela: opositores cada vez más ahorcados

Mientras Capriles sale a buscar apoyo en el exterior, el chavismo le aprieta la soga a la oposición en Venezuela.

Apenas Henrique Capriles, el excandidato presidencial de la oposición venezolana y actual gobernador del estado Miranda anunció que viajaría a Chile y a Perú esta semana para reunirse con líderes políticos y medios de comunicación de ambos países, el chavismo activó su estrategia de ataque.

El jueves organizaron una manifestación frente a su sede de trabajo en Caracas, (marginal en asistencia), desde los medios de comunicación oficialistas le lanzaron varios dardos a él como figura y resaltaron que la expresidenta, y nuevamente candidata, Michelle Bachelet no lo hubiera recibido por falta de tiempo. 


El resto de los medios de comunicación venezolanos tampoco han registrado con mucho bombo la reunión de Capriles con el presidente Sebastián Piñera, que no tendrá lugar en el Palacio de la Moneda este viernes. Tampoco dijeron nada de su encuentro con diputados de la comisión de Relaciones Exteriores del congreso de ese país, la alcaldesa de Santiago de Chile, el arzobispo metropolitano de la ciudad y ciudadanos venezolanos que viven en Santiago.


Lo que sería noticia sobre cualquier político opositor que viaja al exterior a criticar al gobierno de un país no lo es para muchos de los medios nacionales, sobre todo la televisión, que han dejado de “cubrir” muchas de las acciones de Capriles. Desde que la cadena de noticias Globovisión, abiertamente opositora, fue vendida luego de las elecciones, Capriles se quedó sin plataforma mediática permanente, pues los nuevos dueños, buscando mayor equilibrio, tomaron la decisión que no volverían a transmitir declaraciones políticas en vivo. 


Como alternativa, en un país donde se gobierna y se hace política por televisión, Capriles lanzó Capriles.tv por Internet, en donde le habla en directo todos los martes a medio día a los venezolanos sobre temas coyunturales y aprovecha para atacar al gobierno de Maduro. El programa, en formato mesa redonda, que comparte con cuatro periodistas invitados, no ha tenido mucha acogida. No hay un contraste de puntos de vista, no hay diálogo con los invitados, y así el programa termina siendo un monólogo de Capriles poco entretenido. 


Tribunales alineados 


El ahorcamiento informativo no ha sido la única manera como en Venezuela le han ido recortando espacios a la oposición, que cantó fraude luego de las elecciones del pasado 14 de abril, y pidió una auditoría ante el Consejo Nacional Electoral para comprobarlo. 


El CNE se negó a entregar los cuadernos de votación, como lo había solicitado la oposición para demostrar si había votado una misma persona dos veces o si hubo suplantación de votantes con extranjeros o personas, que a pesar de estar en el registro electoral, están muertas. Ante la negativa del CNE de hacer la auditoría con todos los elementos, Capriles y la Mesa de Unidad, que aglutina a los partidos que lo acompañaron en su candidatura, impugnaron los resultados ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). 


En su demanda, Capriles pidió que se repitieran las elecciones totalmente, argumentando no solo las denuncias de un supuesto fraude sino también atropellos e intimidación contra votantes y abuso de los recursos del estado en la campaña oficialista, lo que le permitió tener una posición ventajosa durante la contienda a Nicolás Maduro. La MUD también presentó una impugnación parcial de las elecciones en 5720 mesas de votación. 


Además, la oposición recusó inicialmente a tres de los magistrados de la sala Electoral del tribunal por su militancia en el chavismo. El TSJ decidió que la sala Constitucional asumiría el caso, saltándose a la sala Electoral, a quien le competía estudiarlo en primera instancia. La oposición entonces recusó también a la sala Constitucional, pero el TSJ negó la recusación el miércoles, justo cuando que Capriles salía de gira internacional. 

 

El TSJ tampoco ha dicho aún si admitirá la demanda y abrirá un proceso. “Seguir evadiendo una respuesta crea una sombra cada vez mayor en el TSJ”, dice Ramón José Medina, abogado y representante de la MUD quien ha liderado las acciones legales de la oposición. 


Si el TSJ tarda más de tres meses en abrir el caso o se niega a estudiar no solo la demanda de Capriles y de la MUD, sino también la de otros ciudadanos que han presentado recursos, la oposición venezolana planea acudir a las cortes internacionales, y en ese sentido, es importante el lobby político que puedan hacer con giras en el exterior.  Pero la misma oposición sabe que es internamente donde, en últimas, tienen que resolver la crisis política. 


No todos los sectores opositores, sin embargo, están de acuerdo con la estrategia apegada a la ley de Capriles porque creen que la oportunidad se perdió y a medida que pase más tiempo, Maduro se va a estabilizar cada vez más en el poder. Como el chavismo controla los organismos de control y el aparato de justicia, no importa cuántos recursos legales interpongan, es poco probable que prosperen. Mientras tanto, temen que se adelante una persecución judicial contra las cabezas de la oposición. Varios de ellos ya enfrentan procesos ante las autoridades y la fiscalía dijo que investigaría a Capriles por haber incitado las protestas post electorales que culminaron con 9 muertos y más de 50 heridos. 


A pesar de este infortunado resultado, algunos venezolanos opinan que Capriles tendría que haberle echado leña al fuego y mantener a la gente protestando en la calle luego de las elecciones. “Gandhi mandaba a la gente a la calle aunque mataran a cien”, dice un influyente miembro de la oposición venezolana, quien a pesar de afirmar que la Mesa de la Unidad se mantiene como bloque y no se va a desarmar, sí expresa diferencias importantes con el líder.


Capriles no se arrepiente de su decisión de haberle pedido a la gente que caceroleara desde sus casas y no en las calles. Cree que lo peor que pueden hacer los venezolanos ahora es desesperarse. “En el camino vienen otros proceso que podemos activar. Ahora están las elecciones locales y aquí tiene que primar la estrategia y la razón. Hay que comerse la torta a pedazos para que no se vayan a indigestar”, dice Capriles. 


Presupuesto amarrado



La torta que los simpatizantes de Capriles le regalaron el pasado martes, con motivo de su cumpleaños número 41, desapareció en segundos. Los cientos de personas que viven en Quebrada Seca, un sector pobre y rural de Guatire, a una hora de Caracas, donde el gobernador fue a entregar subsidios de vivienda, alimentación, educación, y fondos para construir obras públicas de servicios básicos, querían agarrar un pedazo con cierto desespero. 


Al igual que la torta, los recursos que la gobernación de Miranda tiene para ejecutar su programas, no solo no alcanzan, sino que cada vez son menos. La Secretaria General de la gobernación de Miranda, Adriana D´Elía, y mano derecha de Capriles, dice que el gobierno central le adeuda 2.861 millones de bolívares a la entidad en los últimos 5 años y que éste año no le han transferido aún los recursos que debe asignarle del presupuesto nacional al Estado. Señaló además que, por la inflación, están en graves problemas para ejecutar algunos programas de la gobernación. 


Los bolsos escolares con útiles y libros que le reparten a 150.000 niños mirandinos costó 29 millones de bolívares el año pasado. Este año, ese mismo bolso va a costar 102 millones. “No sé cómo vamos a hacer pero siempre encontramos la manera de resolver. Buscaremos donaciones”, dice D´Elía. Mientras tanto, el Concejo Legislativo de Miranda quiere sacar a Capriles de la gobernación por ausentismo. El dice estar tranquilo porque en sus viajes a otros países no se ha demorado más de cinco días, y por lo tanto, argumenta que no está obligado a tramitar un permiso ante ellos. 

 

El gobernador de Lara, Henri Falcón, quien fue el jefe de campaña de Capriles y hubiera sido su vicepresidente, también afronta condiciones adversas. Dice que una de las obras en su estado hoy cuesta 250 por ciento más y que el año pasado el gobierno central le retuvo 150.000 millones del presupuesto.


Falcón ha denunciado también una campaña para sabotear su gestión. “No es un ataque contra un gobernador, es un ataque contra las instituciones y contra el mismo estado de Lara”, dice. Afirma que desde el 2011, antes de elecciones, empezó un plan sistemático para paralizar las obras públicas que venía adelantando, le frenaban los permisos, le bloqueaban el presupuesto en el Concejo Legislativo, y le armaban manifestaciones de calle. 


Paralelamente, el diputado chavista Pedro Carreño, presidente de la comisión de Investigaciones de la Asamblea Nacional, le abrió varias investigaciones argumentando malos manejos y hasta blanqueo de capitales y narcotráfico. Contra él hay 12 procesos en curso. Falcón demandó a Carreño, quien no se escapa de denuncias de corrupción en su contra, y ha solicitado infructuosamente que le den acceso al expediente y le pide a los organismos de control que lo investiguen de manera imparcial. “Yo he ido siempre ante cada llamado que me hace la Asamblea Nacional. Voy serenito y duermo muy bien”, dice. 


Al gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, que al igual que Falcón, militó en la izquierda y hoy hace parte de la oposición, el propio Nicolás Maduro lo tachó de “corrupto” y “borracho” en su propio estado la semana pasada, y ordenó intervenir la policía de Amazonas. Guarulla, único gobernador indígena y con una alta popularidad en su región, se queja por su parte que el gobierno central ni hace ni deja hacer.


“Llevo un año tratando de entregarle el hospital al gobierno”, dice Guarulla sobre el edificio que construyó para que el gobierno lo incluya en la red de entidades de salud que operan centralizadamente. La subcomisión de Salud del Parlamento dijo que reactivaría una investigación contra Guarulla por la demora de construcción de ese hospital, que según el gobernador, no fue por negligencia, sino porque el gobierno central no le otorgaba el presupuesto a tiempo. 


Capriles optó por crear su propio programa de salud en el estado Miranda luego de que el presidente Chávez sacara un decreto en el que le quitó el manejo de recursos de la salud a la gobernación, luego de que él ganó las elecciones. A las gobernaciones el gobierno central también les quitó la administración de vías (incluidas las rurales), puertos, peajes, entre otras responsabilidades. Hace unas semanas, el gobierno anunció que a la gobernación de Lara también le quitaba el manejo de un centro de eventos y símbolo de la arquitectura nacional en Barquisimeto, conocido como la Flor de Venezuela, y el estadio metropolitano. 


Además de que les han quitado recursos y competencias a las gobernaciones, el gobierno central también ha creado tres gobernaciones paralelas en los estados en los que gobierna la oposición, llamadas Corpomiranda, Corpolara y Corpoamazonas, a las que dota de presupuesto para que hagan obras que compiten con las de los estados. Semana solicitó información oficial frente a estas corporaciones, la necesidad de crearlas y los proyectos que ha adelantado pero no recibió respuesta antes de la fecha de publicación. 


El vocero responsable de estas corporaciones, y quien estaba autorizado para responder es el canciller venezolano Elías Jaua, quien además de tener su función de ministro de relaciones exteriores ostenta el título de “Protector de Miranda” y es el director de Corpomiranda, institución que, según la oposición, le creó Maduro a Jaua como “premio de consolación” por haber perdido las elecciones en ese estado frente a Capriles en diciembre pasado. Llama la atención que Jaua no se identifica como canciller de Venezuela sino como “Próximo gobernador de Miranda” en su cuenta de twitter.


Ante esta situación, los 3 gobernadores opositores, Capriles, Falcón y Guarulla acudieron ante la Conferencia Episcopal la semana pasada a pedir que ayuden a mediar y a facilitar un diálogo con el gobierno, pues más allá de las diferencias políticas que puedan tener con el chavismo, la situación de los proyectos y planes de sus gobernaciones, está en juego el funcionamiento de las mismas, ya que están en riesgo los salarios de los trabajadores, muchos de ellos maestros de escuelas públicas.

El clero se pronunció la semana pasada, y dijo que estaba en toda la disposición de propiciar un diálogo franco y respetuoso pero eso, quizás, es lo que más escasea entre las partes por estos días en Venezuela. 

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