Venezuela: qué significa la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía

La Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional con la que la oposición venezolana esperaba sacar de la cárcel a 78 personas, incluyendo al líder del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López, encalló en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La Sala Constitucional del máximo tribunal venezolano declaró este lunes la inconstitucionalidad de la norma, tras una solicitud de revisión de la misma enviada el pasado 7 de abril por el presidente del país, Nicolás Maduro.

Desde el principio, el mandatario se opuso a promulgar esa ley con el argumento de que favorecía la impunidad pues permitiría liberar a quienes el chavismo considera como responsables de las 43 muertes que ocurrieron durante las protestas antigubernamentales de 2014.

Para la mayoría opositora que controla la Asamblea Nacional venezolana desde enero, la aprobación de la norma era un acto de justicia para poder liberar a quienes considera "presos políticos".

Ahora, esa posibilidad luce lejana.

"Esta es una sentencia vinculante y, por lo tanto, ninguna autoridad judicial o policial va a acatar el contenido de esa ley", explicó a BBC Mundo el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffali.

El experto señala que a López y al resto de procesados lo que les queda es continuar con sus juicios y apelaciones a la espera de una sentencia favorable y, en caso de que no la consigan a lo largo del proceso, recibir un indulto después de ser condenados.

Aunque ese posible indulto, sin embargo, solo podría ser acordado por el presidente de la República, por lo que en las actuales circunstancias no parece muy probable.

Entre la justicia y la política

Bernardo Pulido, miembro del equipo de abogados de Leopoldo López, considera que tras la decisión del TSJ, la libertad de los políticos presos podría producirse como consecuencia de procesos judiciales o políticos.

"Una opción es la revisión de los juicios de las personas que no han sido condenadas, que son la mayoría de los presos políticos. Podría pasar que los jueces de esos casos entraran en razón y actuaran de acuerdo con el derecho y revisaran la base probatoria para darse cuenta de que los acusados son inocentes", dijo Pulido a BBC Mundo.

Según el abogado, otra posibilidad jurídica aunque poco probable sería que la propia Sala Constitucional aplique el proceso de revisión de sentencias, algo para lo que cree que habría base pues afirma que en la sentencia no fue tomada en cuenta la posición de la Asamblea Nacional.

Las opciones políticas pasarían por un cambio en el Tribunal Supremo o un cambio en el gobierno.

Pulido recuerda que la Asamblea Nacional está revisando el nombramiento a finales de diciembre de 13 magistrados, que quizá podrían ser sustituidos, y también podría cambiar la Ley del TSJ. Estos procesos podrían derivar en el nombramiento de nuevos o de más magistrados "para equilibrar la balanza dentro del tribunal".

En cuanto a las opciones políticas, el abogado señala la posibilidad de que logre hacerse el referendo revocatorio propuesto por la oposición y haya un nuevo presidente que quiera aprobar un indulto.

Esta solución, advierte, tendría un defecto pues esa medida conlleva limitaciones de los derechos políticos de quienes lo reciben.

Conflicto de poderes

Desde la entrada en funciones en enero pasado de la nueva Asamblea Nacional con mayoría opositora, el Tribunal Supremo ha emitido al menos cuatro resoluciones que han afectado importantes decisiones del Parlamento.

Entre estas se incluye la reforma a la Ley del Banco Central, el rechazo a la Ley de Emergencia Económica presentada por el Gobierno, la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, así como otra sentencia que redujo sensiblemente la capacidad del Legislativo venezolano de controlar al resto de poderes públicos.

Y a nadie ha sorprendido la decisión del TSJ, que la oposición considera cooptado por el oficialismo.