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| 10/27/2012 12:00:00 AM

Vivir en Argentina

La población del país austral se debate entre una inflación galopante, unas normas cambiarias que paralizan la economía y un gobierno que niega la situación.

Todas las vecinas de un edificio de 15 apartamentos en Vicente López, una localidad de clase media al norte de la ciudad de Buenos Aires, se han puesto de acuerdo para hacer sonar sus ollas y cucharas en el cacerolazo del 8 de noviembre frente a la Quinta de Olivos, residencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El 8N, como lo llaman los medios de comunicación, convocado por las redes sociales, e impulsado por la oposición, surgió luego del éxito del primer cacerolazo realizado el 13 de septiembre, una de las más difundidas acciones opositoras contra el gobierno.

Cada una de las vecinas tiene sus motivos: Elena es profesora de una universidad pública, y en su salón le dicta clase a 160 alumnos. Marta era profesora de la Universidad de Buenos Aires, pero está jubilada y tiene que elegir entre comprar fresas o bananas, porque con una inflación del 25 por ciento anual, los precios se comen su magra jubilación. Marité, viuda, es profesora de español para extranjeros, dicta clases de computación a domicilio y vende ropa que trae de Brasil. Alicia, madre de dos niñas, separada, trabaja hace 20 años como secretaria en una oficina de contadores, pero también cuida a un niño discapacitado por las noches. Ellas no son pobres, pero no son ricas. Son parte de la llamada clase media, esa amplia franja que va desde los que viven en un elegante barrio cerrado hasta los que se hacinan en pequeños apartamentos, pero que tienen en común el enojo con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El malestar social no se detiene en la clase media. El 22 de febrero, 50 personas murieron y 789 fueron heridas cuando un tren lleno de pasajeros que iban a trabajar, embistió contra el andén de la estación de Once, una tragedia que revela el estado del transporte público: formaciones a las que les fallan los frenos, servicios que se suspenden, hacinamiento y accidentes frecuentes.

En un país acostumbrado a los conflictos y las movilizaciones, la huelga de miles de gendarmes y prefectos a comienzos de octubre contra la reducción de sus sueldos, con manifestaciones y bombos en pleno centro porteño gritando "las fuerzas unidas jamás serán vencidas", ganó la solidaridad de estamentos policiales y de las Fuerzas Armadas.

Con una desaceleración de la actividad económica y una retracción de la actividad industrial del 4 por ciento en septiembre por sexto mes consecutivo, los temores sobre el empleo también se empiezan a sentir entre los asalariados, lo que reaviva el descontento sindical. Por eso las centrales sindicales CTA y la CGT peronista de Hugo Moyano, que hasta hace poco era uno de los principales sostenes del gobierno, anunciaron que realizarán un paro general antes de fin de año.

Los más perjudicados son los trabajadores informales que no gozan de ninguna protección social, y los autónomos, que no ven sus ingresos indexados al ritmo del aumento en el costo de la vida. Es que, de los aproximadamente 15 millones de trabajadores argentinos, 3 millones trabajan en el Estado, cerca de 4 millones tienen contrato laboral, pero 4 millones de trabajadores son informales y carecen de toda prestación y otros 4 millones son autónomos o cuentapropistas.

La inflación provoca conductas atípicas: la gente se gasta la plata en lo que sea y no ahorra por temor a perder su dinero. Por eso, en septiembre subieron 10 por ciento las ventas en los centros comerciales. Para el día de la Madre, que en Argentina se celebra el 21 de octubre, en Frávega, un enorme negocio de electrodomésticos, se dispararon las ventas de iPads y de tabletas.

El gobierno, entre tanto, niega que las cosas estén tan graves. "Si la inflación fuera de un 25 por ciento el país estallaría por los aires", dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Universidad de Harvard en Estados Unidos en septiembre. Ciertamente, el país no ha estallado, gracias, entre otras cosas, a los favorables precios de la soya en el mercado internacional, pero las distorsiones se vienen acumulando. Hasta hace poco, el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos) decía que era posible comer con seis pesos al día (un dólar al valor del mercado blue o negro). A tal punto llega el afán por distorsionar la realidad, que Mc Donalds debe mantener congelado el precio de la hamburguesa Big Mac, ya que, como se sabe, es un índice internacional para medir el costo de vida.

Pero según el diario La Nación, tomando supermercados como El Corte Inglés en España, Tesco en Londres y A&P Supermarkets en Nueva Jersey, Estados Unidos, comprar en el supermercado local es tan caro como hacerlo en Nueva York o Londres.

Cepo al dólar

Desde diciembre de 2011, el gobierno impuso un control cada vez más estricto al mercado de cambios, que ha hecho imposible comprar dólares, salvo para algunos viajeros al exterior por cifras mínimas, abriendo una brecha de casi un 40 por ciento entre el dólar oficial, que se cotiza a 4,70 pesos, y el dólar blue, que se consigue hoy a 6,40.

Daniel, un operador de una casa de cambios, cuenta a SEMANA que llegan allí muchos estudiantes, entre ellos colombianos, que no saben cómo escapar de la situación: reciben dólares de sus casas usando las tarjetas débito, pero liquidado al cambio oficial y tienen que pagar los arriendos en dólares al valor del mercado paralelo.

En un país que durante los años noventa utilizaba dólares como pesos, la mayoría de las transacciones importantes se realizan en la moneda estadounidense, y en primer lugar las operaciones inmobiliarias. El cepo al dólar llevó al desplome de la actividad de finca raíz. El dueño de una inmobiliaria que no quiso dar su nombre, cuenta que muchos colegas han cerrado sus oficinas o se han ido de vacaciones. "Si antes querías vender tu apartamento en 100.000 dólares, no te resignas a recibir 470.000 pesos. Quieres 630.000", dice. "Pero si quieres comprar, no puedes pagar esa diferencia, que es de casi un 40 por ciento más", agrega.

Si bien estos problemas no afectan a la mayoría de la población, son suficientes para crear malestar y temor. El cineasta Eliseo Subiela denunció que no le permitieron comprar dólares para viajar a un festival de cine en Perú, y fue acusado de evasión impositiva. Un empleado de la Inmobiliaria Toselli, una de las más conocidas de la capital, comentó a un periódico nacional sobre la caída de la actividad inmobiliaria. La presidenta se refirió a él en un discurso, y la Afip le revocó la licencia para operar, aduciendo irregularidades impositivas.

Los depósitos en dólares en los bancos cayeron casi a la mitad desde diciembre. Los billetes verdes fueron a parar a los colchones o a las cajas de seguridad, aumentando los robos y la inseguridad. Por eso no es extraño que, según un informe de la OEA, Argentina tenga la tasa de robos más alta del continente, lo que se ha agravado porque los ladrones saben que la gente guarda dólares en sus casas. ?

Baja la sensación térmica

El 23 de octubre se cumplió un año de la reelección de Cristina Fernández de Kirchner, cuando obtuvo el 54 por ciento de los votos. Desde entonces, la 'sensación térmica' muestra una baja importante en la consideración de la presidenta.

La consultora Graciela Römer dice a SEMANA que "la mayoría de las encuestas muestran una merma de entre el 20 y el 25 por ciento de su imagen positiva, lo cual es entendible en cualquier proceso postelectoral, pero no es un dato menor. Esto muestra una sociedad que viene polarizándose en las adhesiones y los rechazos. Hay un núcleo duro de un 25 por ciento de defensores a ultranza de Cristina, un 25 a 30 por ciento de un público reactivo, y en el medio un conjunto poblacional desesperanzado en cuestiones como la inflación y la inseguridad. La gente percibe un estado de indefensión creciente, porque la delincuencia se ha hecho más violenta y hay una pérdida de confianza en las instituciones de seguridad pública. Es lo mismo que sucede con la tasa de inflación del Indec, que nadie cree, porque la confronta con las peras y las manzanas que compra en el mercado".

Para Römer, las principales preocupaciones de los argentinos son la inseguridad, el temor a perder el empleo debido a la retracción económica, la inflación y la corrupción. Los escándalos del vicepresidente Amado Boudou, y hechos como la tragedia ferroviaria de Once, afectan cada vez más la imagen del gobierno.

El 7D, La madre de todas las batallas

El 7 de diciembre es la fecha final para que la Justicia se pronuncie sobre la Ley de Medios, según la cual ningún grupo privado puede acumular más de una cantidad determinada de licencias.

La fecha ha sido convertida en una batalla crucial del gobierno contra el Grupo Clarín, que posee 250 de las 5.000 licencias de radio y televisión adjudicadas en el país. En el gobierno denuncian que Clarín desafía la gobernabilidad porque ejerce una desobediencia a una ley sancionada por el Congreso. Clarín se defiende diciendo que, en los hechos, la mayoría de los medios de comunicación han ido quedando en manos de partidarios del gobierno.

Para el 7D el gobierno prepara grandes manifestaciones, en parte como respuesta al cacerolazo del 8N, aumentando la polarización, que ya divide a muchas familias entre los partidarios del gobierno y sus detractores. Cacerolas y cucharas, marchas oficiales, descontento salarial, víctimas que reclaman justicia. Argentina se prepara para un verano caliente.
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