‘I took Crimea’

Las manifestaciones prorrusas en Crimea reemplazaron esta semana a los violentos disturbios de signo contrario que habían monopolizado en Kiev la atención mundial. Los habitantes de la península del mar Negro, mayoritariamente de origen ruso, parecieron confirmar con su entusiasmo lo que muchos en Occidente comienzan a reconocer: que el presidente Vladimir Putin les va ganando la partida a sus adversarios y que podría sacar un premio mayor: recuperar un recurso de enorme importancia estratégica para el imperio que quiere reconstituir.

Y es que los habitantes recibieron con alborozo a las tropas rusas que, sin insignias y bajo la apariencia de fuerzas de autodefensa, controlan de hecho su territorio, el mismo que los rusos consideran suyo pues solo en 1954 el entonces secretario general del Partido Comunista de la URSS, Nikita Jruschov, se lo transfirió a Ucrania en un acto que hoy Moscú considera ilegal. 

El jueves pasado, la suerte de la península parecía echada, pues el gobierno de la República Autónoma de Crimea, una dependencia administrativa de Ucrania, anunció que adelantaría para el 16 de marzo un referéndum de independencia que incluiría la unificación con la Madre Rusia. “Es ahora o nunca”, afirmó el vice primer ministro Andrei Kozenko, consciente de que el triunfo corresponderá con seguridad a los partidarios de regresar al regazo de Moscú.  

La noticia tomó por sorpresa a los líderes de Occidente. “Un referéndum en Crimea violaría el derecho internacional”, dijo en Washington el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. “No debe haber ningún intento de redibujar las fronteras en Europa”, advirtió el secretario general de la Otan, el danés Anders Fogh Rasmussen. Y los analistas consultados por esta revista están de acuerdo. “La invasión de Ucrania por Rusia es una agresión. No se pueden reconocer los resultados de un referéndum que se desarrolló en una región ocupada por fuerzas militares”, le dijo a SEMANA G. Daniel Caron, especialista asociado al instituto HEI de la Universidad Laval en Quebec, Canadá, y exembajador de ese país en Ucrania.

Sin embargo, la Unión Europea se limitó a expresar su enérgico rechazo y a anunciar acciones contra Rusia, sin que al cierre de esta edición se hubiera mencionado más que la suspensión de algunas negociaciones ya en curso. Estados Unidos anunció que cancelaría la visa a los responsables de las acciones rusas en Ucrania, mientras hacía carrera la idea de que una serie de sanciones económicas podrían hacer recapacitar a Putin.

Pero para que funcionen deben ser enérgicas y, sobre todo, unánimes. Como dijo a SEMANA Nicolás de Pedro, investigador principal del Centro de Investigación y Documentación de Barcelona, “no parecemos ir por la senda de unas sanciones que puedan hacer reaccionar a Rusia, pues el entusiasmo es escaso y no hay voz común. Mientras que los países del Báltico y Polonia buscan un enfrentamiento más duro, España y otros países con buenas relaciones con Rusia tienen una actitud diferente”. “La relación de Europa con Rusia es de interdependencia y romper relaciones sería como dispararse un tiro en el pie”, agregó. De hecho, las economías de la región están tan interconectadas, que medidas de ese tipo afectarían prácticamente a todos. (ver recuadro). 

Con el telón de fondo de las infructuosas conversaciones entre los ministros de relaciones exteriores Sergey Lavrov y John Kerry, los analistas se inclinaban cada vez más a pensar que nada de lo que haga Occidente sacará a los rusos de Crimea. Y que a estas alturas, será un éxito que no amplíe sus aspiraciones al este de Ucrania. Porque, además, “aunque un bloqueo económico sería muy costoso para Rusia y sobre todo para sus aspiraciones de jugar un papel central en el ámbito internacional, ese país tiene socios como China, que le permitirían aliviar las sanciones”, le dijo a SEMANA Guillaume Devin, especialista en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos de París.

Para algunos analistas, el referendo previsto para el próximo domingo va a confirmar la realidad de la ocupación rusa. Según dijo a SEMANA el profesor Marvin Kalb de la Universidad de Harvard, “hay que contar con tres hechos: primero, Crimea será parte de Rusia. Segundo, se dará un regreso a un estado de ánimo geopolítico propio de la Guerra Fría. Y tercero, la aventura de Crimea representa una nueva forma de nacionalismo ruso, que se mantendrá mientras Putin esté en el poder”.

Un ejemplo muy mencionado es el del caso de Georgia, que en 2008 perdió, tras una guerra con Rusia, a las regiones de Abjasia y Osetia del Sur. En esa época los países occidentales impusieron sanciones, Rusia se comprometió a retirar sus tropas, pero el tiempo pasó y hoy por hoy esos territorios siguen bajo control de Moscú. 

Aunque nada indica que Putin esté dispuesto a dar su brazo a torcer en Crimea, algunos analistas suponen que solo una fórmula diplomática  podría llevarlo a devolver las cosas a su estado anterior: que un nuevo gobierno ucraniano asegure que ese país no quedará bajo la órbita occidental. Pero esa es la baza que sus adversarios no quieren soltar. De modo que, por ahora, el ajedrez continúa. 

En la crisis de Ucrania las Naciones Unidas han jugado un papel secundario. Además de sus dificultades de financiación y del descrédito que sufrió tras la invasión de Estados Unidos a Irak –emprendida ilegalmente– el tema de Ucrania tiene un elemento adicional que limita enormemente su margen de maniobra. Rusia es junto a China, Estados Unidos, Francia y Reino Unido uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, lo que le da el derecho de vetar cualquier decisión, un privilegio que se les atribuyó a los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. “Entre la estrategia de no intervención de Obama y un Consejo de Seguridad obligado a jugar el papel de testigo pasivo, Vladimir Putin sabía que no estaba asumiendo muchos riesgos”, le dijo a SEMANA la periodista Alexandra Geneste, corresponsal en Naciones Unidas del diario Le Monde. En gran medida, esa organización es víctima de su anacronismo y esta crisis aporta nuevos argumentos a quienes quieren una reforma del Consejo de Seguridad, que piden que el derecho a veto no aplique para las graves violaciones de los derechos humanos. 

Nadie se salvaría de las consecuencias económicas de la crisis