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| 6/15/2011 12:00:00 AM

Wikileaks de Venezuela: La última carta de Marcel Granier

El presidente de Radio Caracas Televisión pidió al embajador de EE.UU, Patrick Duddy, que presionara a las compañías de TV por suscripción a restituir la señal del canal.

Marcel Granier no se quedó de brazos cruzados después de ver cómo el negocio de su familia política –la televisora Radio Caracas Televisión (RCTV)- moría por segunda vez. En enero de 2010 le hizo una exigencia al encargado de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, Patrick Duddy.
 
RCTV, la estación más longeva del país, había comenzado a transmitir a través de la televisión por suscripción tras el polémico episodio que en mayo de 2007 puso fin a sus operaciones a través de la frecuencia del Estado venezolano. Distintas versiones se manejaron en su momento para explicar la decisión: el gobierno aseguró que al canal se le había vencido la concesión, mientras que su directiva argumentaba que todo se trataba de una venganza del presidente Hugo Chávez debido a la línea crítica de la planta.
 
La estación reorientó su plan de negocios para funcionar en otras circunstancias: con menos anunciantes, menos penetración y televidentes, pero a salvo de las frecuentes interrupciones de los discursos del presidente Hugo Chávez. En el segundo semestre de 2009, no obstante, hubo una modificación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que obligaba a todas aquellas plantas consideradas como Productores Nacionales Audiovisuales a retrasmitir los discursos del jefe del Estado cuando así éste lo decidiera. RCTV entraba en esa categoría.
 
Ante la negativa de sus dueños de asumir la nueva clasificación, el 23 de enero de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) advirtió que multaría a las compañías que mantuvieran en su grilla de programación a los canales que no cumplieran con la ley. RCTV, de acuerdo con el Gobierno, era uno de ellos.
 
Fuera del aire por segunda vez, comenzó de nuevo el peregrinar de Marcel Granier por programas de opinión y foros que defienden el trabajo periodístico denunciando lo que consideraba como un plan siniestro para provocar la bancarrota del negocio. La representación diplomática había reportado previamente al Departamento de Estado los ataques de grupos chavistas a su residencia, y el estatus de los reclamos de los equipos confiscados por el gobierno en el reporte mensual sobre la situación de la libertad de expresión.
 
El presidente de las empresas 1BC, propietaria de la planta, acudió con el consejero legal Oswaldo Quintana para plantearle al gobierno de EE. UU que obligara a las empresas Inter, Directv y Net Uno a reincorporarlos al sistema alegando que “habían actuado ilegalmente y sin una orden judicial”, y que éstas debían responder a sus casas matrices en Estados Unidos.
 
Caufield y el consejero político presente en la reunión no tenían muy claro si estas empresas eran estadounidenses. Lo siguieron escuchando: el empresario se había decidido a tocar la puerta porque RCTV Internacional, que así se llamó la empresa mientras estuvo en el cable, había sido fundada en Estados Unidos en 1982. “Las cableras están siendo cómplices de violaciones a los derechos humanos”, argumentó Granier.
 
Consultas superiores
 
Caufield destacó la naturaleza política de la disputa entre el Gobierno y RCTV, y estaba interesado en conocer el rol de los cable operadores en el cierre del canal. Al escribir el reporte de la reunión, el encargado de Negocios pidió instrucciones a Washington sobre la propuesta de Granier y afirmó que no creía que el gobierno diera marcha atrás en su decisión.
 
Un mes después llegó la respuesta desde el Departamento de Estado. Un cable firmado por la secretaria Hillary Clinton explicaba que Washington no emitiría una opinión jurídica sobre la disputa. “No podemos afirmar que las empresas tenían una base legal para decidir, o que hayan actuado ilegalmente. No creemos que sea apropiado para el gobierno de Estados Unidos para tomar una posición con respecto a esa controversia” .
 
¿Y las compañías eran gringas? “Hemos determinado que Directv es una compañía de EE.UU. con una presencia legal en Venezuela.  Directv nos ha confirmado que Conatel le ordenó  eliminar la planta y que ellos han cumplido plenamente”. No tenían información de Net Uno ni de Inter. RCTV todavía permanece fuera del aire. 
 


 El trabajo periodístico de revisión de los cables de WikiLeaks sobre Venezuela fue hecho entre SEMANA y el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Su publicación, se hace de forma simultánea en Semana.com y en Arman-do.info
 
En documentos relacionados vea los cables que sirvieron de soporte para esta nota.

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