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| 11/5/2008 12:00:00 AM

Un nuevo rumbo

Una propuesta del Grupo de Trabajo de América Latina* sobre cuál debería ser la política del nuevo presidente estadounidense hacia Colombia.

RESUMEN EJECUTIVO

En 2000 el gobierno de Estados Unidos presentó un ambicioso programa de asistencia diseñado para apoyar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Este programa, conocido como Plan Colombia o Iniciativa Andina Antinarcótica (ACI por su sigla en inglés), fue presentado también como una estrategia que ayudaría a nuestro vecino a “recobrar la confianza de sus ciudadanos y recuperar las normas básicas de la coexistencia pacífica”, así como a construir “un sistema judicial efectivo que pueda defender los derechos humanos y promover su respeto”.
 
Nueve años después, y a pesar de algunos logros en lo militar, dichas metas continúan siendo esquivas: el nivel de producción de cocaína en Colombia se ha mantenido prácticamente igual; la paz con las guerrillas colombianas sigue siendo una perspectiva distante y el país sigue sufriendo espantosos problemas de derechos humanos, incluyendo, entre otras cifras, una de las mayores tasas de desplazamiento interno forzado del mundo, a pesar de la desmovilización parcial de un grupo armado ilegal. Es, pues, hora de reevaluar este programa y virar su rumbo.

La guía orientadora de los EE UU debe ser el apoyo de los esfuerzos que se hacen en Colombia para fortalecer los derechos humanos y construir un gobierno más incluyente. Y son cambios grandes lo que se necesita; es un cambio de sentido: pasar de la proclamación de amistad con un cierto gobierno a una respuesta más estratégica que ponga fin a la impunidad y mejore la vida de las personas en sectores excluidos, en especial la de los pobres en zonas rurales; lo cual implica cambiar el actual énfasis de la
asistencia en lo militar a lo civil. Para no arriesgar el fracaso de sus importantes metas apoyando a un líder carismático o un gobierno específico, la política estadounidense debe estar dirigida a fortalecer las instituciones colombianas.

Las fuerzas más potentes para afectar el cambio están dentro de Colombia, por lo que la política de los EE UU debería sistemáticamente apoyar a los defensores de los derechos humanos, a las víctimas, a los jueces, fiscales, personeros y personal de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, periodistas, legisladores, líderes sindicales y líderes de comunidades como las afro-colombianas, indígenas y otras que constituyen las fuerzas impulsoras hacia una sociedad más justa. Y, a partir de la justicia, se
podrá ir avanzando hacia otras metas como el fin del conflicto armado interno, la reducción del poder y la influencia corruptora del comercio de las drogas ilícitas y, en fin, una Colombia más próspera y estable.

Estos son siete pasos que podrían orientar la nueva política estadounidense:


Siete pasos hacia una política estadounidense justa y efectiva:

1. Usar la ayuda e influencia de los EEU para fortalecer los derechos humanos y un estado de derecho. Los Estados Unidos deben adoptar una posición de principios en favor de la protección de los derechos humanos y del fortalecimiento del estado de derecho en Colombia. Esto requiere un cambio fuerte en la diplomacia estadounidense hacia una actitud más firme que ayude a Colombia a enfrentar la impunidad, proteger las vidas de sus defensores de derechos humanos, preservar la independencia del poder judicial fortaleciendo al mismo tiempo su capacidad, así como mejorar el desempeño de las fuerzas de seguridad en el campo de los derechos
humanos. La política de los EE UU debe insistir en que el gobierno de Colombia desmantele totalmente las redes paramilitares y apoye los esfuerzos de las víctimas por la verdad, la justicia y la reparación.

2. Apoyar activamente los pasos de acercamiento a la paz. Estamos en un momento en que si se hacen esfuerzos cuidadosos y renovados por alcanzar la paz, podrían dar fruto. En una guerra que puede seguir indefinidamente, el inmenso sufrimiento de la población civil colombiana exige que este país, sus vecinos y los miembros de la comunidad internacional, incluyendo los Estados Unidos, tomen algunos riesgos
para alcanzar la paz. Los Estados Unidos deben dejar en claro su deseo de ver una salida negociada a corto plazo, apoyar la participación de mediadores que puedan preparar el terreno para un diálogo cara a cara, así como apoyar a la Organización de Estados Americanos y a otros foros regionales que fortalecen la cooperación entre vecinos. Apoyar activamente la paz significa también que los Estados Unidos no pueden continuar eternamente financiando la guerra.

3. Apoyar la ampliación de la presencia civil del gobierno en el campo. La clave para la paz en Colombia está en gobernar las zonas rurales enfrentando decididamente la pobreza y la desigualdad. El gobierno de los Estados Unidos deberá reconfigurar el paquete de asistencia a Colombia de forma que se concentre en fortalecer la gobernabilidad civil, en especial su atención a la población rural. Dicha asistencia deberá incluir programas de desarrollo rural y desarrollo alternativo, ampliar el acceso a la justicia y fortalecer la capacidad de los gobiernos locales de proporcionar servicios básicos. Sin embargo, los programas de ayuda de los EE UU son sólo un arreglo temporal cuya descontinuación debe estar ya prevista. La política estadounidense
debe animar al gobierno colombiano a dedicar recursos presupuestarios a las zonas rurales pobres en conflicto y proporcionarles servicios básicos de gobierno que son sostenibles y sujetos a responsabilidad.

4. Proteger los derechos de las personas desplazadas y los refugiados. Colombia se encuentra tan sólo detrás de Sudán/Darfur en cuanto al número de personas desplazadas. Estados Unidos debería dar prioridad máxima a la prevención del desplazamiento interno y la protección de las personas desplazadas. El gobierno
estadounidense puede ayudar a prevenir el desplazamiento insistiendo en que el gobierno de Colombia desmantele las redes paramilitares y respete la distinción entre combatientes y civiles. Asimismo, deberá aumentar la asistencia proporcionando soluciones para los desplazados y refugiados, además de urgir al gobierno colombiano a obedecer la sentencia histórica de la Corte Constitucional sobre su responsabilidad
con la población desplazada. La política de los EE UU deberá apremiar al gobierno colombiano a insistir en la restitución de las tierras ilegalmente usurpadas por ex combatientes desmovilizados.

5. Proteger los derechos de las comunidades afrocolombianas e indígenas. El gobierno estadounidense debe proteger estas comunidades que han resultado desproporcionadamente afectadas por el desplazamiento y los estragos de la guerra, prestando especial atención a sus vulnerables derechos a la tierra. Asimismo deberá
instar al gobierno colombiano a completar la titulación de tierras a las comunidades afrocolombianas, exigir la total devolución de sus tierras a las comunidades desplazadas y garantizar que los proyectos estadounidenses de asistencia no se realicen en tierras obtenidas con violencia. Quienes formulan las políticas en los EE UU
deberán usar las condiciones sobre derechos humanos en la ley estadounidense para insistir en que las fuerzas armadas colombianas no violen los derechos humanos y a la tierra de estas comunidades.

6. Garantizar que la política comercial apoye las metas de las políticas hacia Colombia, no que las debilite. Los Estados Unidos deben insistir en que, antes de cualquier votación sobre un acuerdo comercial, haya progreso en materia de derechos humanos, particularmente en lo que atañe a reducir la violencia contra los sindicalistas y acabar con la impunidad en tales casos. Cualquier acuerdo comercial que se produzca deberá proteger los modos de sustento de los pequeños agricultores colombianos y hacer de la reducción de la pobreza una meta central.

No es solamente una cuestión de justicia: es para garantizar que un acuerdo comercial no socave las principales metas de las políticas estadounidenses, como son las de reducir la dependencia de los campesinos pobres en la coca y la amapola, ayudando al gobierno a establecer gobernabilidad en el campo y a acabar el conflicto.

7. Volverse serios—e inteligentes—con la política antidrogas. Hace tiempo que los Estados Unidos deberían haber cambiado de rumbo en su estrategia para controlar las drogas ilícitas, en Colombia y en toda la región andina. El gobierno de EE UU debe dejar de financiar el inhumano y desastrosamente inefectivo programa de fumigación
aérea que sólo ha servido para aumentar la dependencia de los pequeños agricultores en los cultivos para uso ilícito. Teniendo como meta la reducción gradual y sostenible de los plantíos de coca, el gobierno de los EE UU debería invertir en programas de desarrollo alternativo elaborados y llevados a cabo conjuntamente en estrecha coordinación con las comunidades afectadas. Los esfuerzos por hacer cumplir la ley respecto a las drogas deben enfocarse en la parte superior de la cadena de distribución, desbaratando el lavado de dinero y aprehendiendoa los traficantes violentos y a los jefes del crimen organizado. Más importante aún, el gobierno de los EE UU debe hacer del tratamiento de alta calidad contra las adicciones en los Estados Unidos el puntal de la política estadounidense antidrogas, mediante ambiciosos aumentos en la financiación de servicios y la investigación. Sin un compromiso tal de reducir la demanda de drogas ilícitas aquí en casa, aún los mejores esfuerzos en Colombia representarán poca diferencia en cualquiera de los dos países.


*El Grupo de Trabajo de América Latina (Latin America Working Group, LAWGEF) reúne a las siguientes organizaciones civiles estadounidenses que siguen en detalle desde Washington las relaciones entre Estados Unidos y los demás países americanos: la Washington Office on Latin America, el Center for International Policy, y la US Office on Colombia.

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