Visas a EE.UU. para víctimas de delitos

Los indocumentados que hayan sido víctimas del tráfico de personas o de otros delitos graves, podrán pedir visa y optar a la residencia, según un nuevo reglamento de las autoridades migratorias de Estados Unidos.

El reglamento establece normas y procedimientos para la aplicación de una ley aprobada en el año 2000 que, según los legisladores, tienen una finalidad humanitaria, pero también ayudar a las autoridades a combatir algunos delitos.

Uno de los efectos de este reglamento, calculan las autoridades será el de estimular a los afectados a que colaboren con las autoridades en la investigación de las redes de tráfico de indocumentados y otros delitos que se cometen en la frontera entre México y Estados Unidos.

Una vez que estas personas suministren información a las autoridades y acepten comparecer como testigos en los tribunales, tendrán que demostrar que han estado en el país durante tres años consecutivos.

Tras cumplir con estos requisitos, la víctima podrá optar por la visa "U" o la visa "T", según sea el caso.

Las visas U y T
"La visa U es para las personas que hayan sido víctimas de cualquier delito que acepten colaborar con las autoridades. La visa T es específica para casos de contrabando de personas", le explico a BBC Mundo el abogado de inmigración Enrique Arévalo.

El experto en inmigración, que trabaja en Pasadena, California, aclaró que los que pueden optar a este beneficio son las víctimas de un delito y no quienes han aceptado, por ejemplo, contratar los servicios de un traficante de personas.

"Los que son víctimas de una extorsión por parte de un 'pollero' o 'coyote' se convierten en testigos esenciales de ese delito y sí tienen derecho a la visa", explicó Arévalo.

Reconoce, sin embargo, que la tradicional desconfianza de los inmigrantes indocumentados hacia las autoridades va a hacer muy difícil que los inmigrantes decidan acercarse voluntariamente a colaborar.

Un portavoz de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes, CHIRLA, le dijo a la prensa local que temen que este nuevo reglamento vaya a tener demasiados requisitos o condiciones muy específicas.

"Nuestra preocupación es que termina siendo un programa con fines publicitarios", dijo Jorge Mario Cabrera, portavoz de CHIRLA.

Arévalo, por su parte, cree que muchas personas se pueden ver beneficiadas con la nueva ley si tienen acceso a la información apropiada.

"El Servicio de Inmigración va a tener que hacer una gran campaña para llegarle a toda la gente que no tiene esa información", dijo.