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| 2/11/2010 12:00:00 AM

Juez Garzón busca ayuda internacional para defenderse

Para el Tribunal Supremo español existirían indicios suficientes para acusar al juez Baltasar Garzón por prevaricación a raíz de su investigación sobre la guerra civil y los crímenes del franquismo.

El juez español Baltasar Garzón solicitó ayer que juristas de prestigio internacional, entre ellos varios magistrados de Chile y Argentina, declaren a su favor para evitar que se le acuse de prevaricación.

El Tribunal Supremo consideró la semana pasada que podrían existir indicios suficientes para juzgar a Garzón por su fallida investigación sobre la guerra civil y los crímenes del franquismo.

El magistrado español, a través de su abogado, presentó el miércoles el último recurso de apelación posible, con el que espera eludir un juicio que pondría punto y final a su rutilante carrera profesional.

La última palabra queda en manos de una sala de cinco jueces del Supremo, que deberán decidir si cierran definitivamente la investigación o siguen adelante y acusan formalmente a Garzón de prevaricación: el delito de dictar a sabiendas una resolución injusta.

El abogado de Garzón en el caso, Gonzalo Martínez-Fresneda, pidió al Supremo la comparecencia en calidad de testigos del ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina Eugenio Raúl Zaffaronni -uno de los jueces que redactó la sentencia de 2005 que declaró la nulidad de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida del país sudamericano- y de Juan Guzmán Tapia -un magistrado que instruyó varios procesos en Chile contra la dictadura de Augusto Pinochet-.

Además, Martínez-Fresneda también solicitó la declaración de Carla del Ponte, actual embajadora de Suiza en Argentina y antigua fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional de la ONU.

El objetivo de los testimonios, según redactó el abogado, es demostrar la "existencia de un debate acerca de la perseguibilidad de los crímenes contra la humanidad, la vigencia de las leyes de amnistía y el alcance de la prescripción en los casos de desaparición de personas". En opinión de Martínez-Fresnada, la sola existencia de este debate desmontaría la acusación de prevaricación.

Garzón, representante de la llamada justicia universal en España, ha copado durante años los titulares de medio mundo gracias a procesos como el del ex dictador chileno Augusto Pinochet, y ahora se enfrenta a una larga inhabilitación judicial si finalmente es acusado y procesado.

En 2008, Garzón abrió un sumario que fue interpretado como la primera gran causa general contra la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975). El magistrado consideró que las desapariciones y detenciones sistemáticas de los opositores del bando republicano al régimen franquista constituían un delito de crímenes contra la humanidad.

Además, ordenó abrir una veintena de fosas comunes en las que se encuentran enterradas víctimas de la dictadura y la guerra civil.

Sin embargo, la Fiscalía rebatió los argumentos del juez, asegurando que los delitos mencionados por Garzón prescribieron al amparo de la Ley de Amnistía promulgada en 1977, dos años después de la muerte de Franco.

Casi sin apoyos, el juez aceptó a regañadientes que no tenía competencia para proseguir con la investigación y dejó el asunto de la exhumación de cadáveres y las fosas en manos de tribunales regionales.

En mayo de 2009, el Supremo admitió a trámite una querella por prevaricación presentada por el sindicato conservador de funcionarios Manos Limpias. Garzón testificó en septiembre a puerta cerrada y negó mala praxis.

Después de meses de deliberaciones, el juez del Supremo Luciano Varela, que instruye la causa, rechazó la semana pasada la petición de Garzón para archivar esta compleja y polémica demanda.

En un auto de 56 páginas, Varela afirmó que Garzón actuó a sabiendas de que los delitos franquistas que quería investigar prescribieron con la Ley de Amnistía de 1977, concebida para restañar las heridas de la guerra española.

Además, dijo que Garzón conocía que la jurisdicción sobre la exhumación de fosas correspondía a los tribunales regionales y consideró que el magistrado sólo quería controlar el proceso.

En el recurso, Garzón dijo que Varela se limitó a emitir "una sucesión de calificativos peyorativos" sin ofrecer ni una sola valoración técnica jurídica sobre su comportamiento durante aquella investigación.

Por ello, calificó el auto del Supremo de "insostenible, infundado e incomprensible" y pidió el archivo definitivo de la demanda.

AP.

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