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Estos son los derechos humanos que se estarían violando en Venezuela

Semana.com habló con Marino Alvarado y Rafael Uzcátegui, integrantes de Provea. Hablan sobre la situación de su país a la que llaman una “dictadura”. Aseguran que así como en el régimen de Chávez, en el de Maduro hay civiles armados y más de 40 personas muertas en las calles.

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Marino Alvarado y Rafael Uzcátegui llegaron a Colombia para emprender un maratónico recorrido y contar de todas las formas posibles la grave violación a los derechos humanos por la que está pasando Venezuela, según su ‘diagnóstico‘. Se enfrentaron a la cámara, a los micrófonos y antes de empezar a hablar bromearon sobre la posibilidad de que no los dejaran entrar de nuevo a Venezuela por lo que iban a decir. Pero para eso estaban acá, para explicar por qué aseguran que en su país la palabra democracia se fue por la borda y se atreven a considerarla una "dictadura". Ellos hacen parte de Provea, una organización que existe desde 1988, es decir, desde antes de que Chávez subiera al poder. Rafael es su coordinador general y Marino es miembro del consejo consultivo y trabajador de Amnistía Internacional. Los dos han sido hostigados abiertamente, y de ese mismo modo decidieron contarle a este portal lo que está pasando en Venezuela.

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Semana.com: ¿Hubo algún momento en que ustedes apoyaron a Chávez?

Marino Alvarado: Nosotros como organización de derechos humanos, Provea, hemos mantenido una política de reconocer e incluso apoyar las medidas positivas que el gobierno pueda adoptar en estos temas. Lo hicimos antes y durante Chávez. Por ejemplo, nosotros participamos del proceso de un decreto -muy importante en Venezuela- que se dictó en 2002, se trató del decreto de regularización de tierra urbana con el que se le iba a otorgar el derecho de la tierra a aquellas personas que vivían en las zonas muy pobres de las ciudades y que habían construido viviendas en terrenos que eran generalmente de propiedad municipal. También en los procesos reforma agraria y la Ley de Asilo y Refugio, en fin, varias políticas públicas. Pero desde que Chávez asumió el poder en 1999 también le empezamos a hacer observaciones críticas.

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Semana.com: ¿Cómo cuáles?

Marino Alvarado: La primera fue a raíz del deslave de Vargas, una situación natural en el cual murieron muchas personas, pero esa zona fue militarizada; ahí se detuvo y se desapareció gente y nosotros denunciamos, Chávez nos acusó públicamente en una de sus famosas cadenas de televisión de que nosotros estábamos desprestigiando a las fuerzas armadas.



Después empezamos a denunciar otras violaciones de derechos humanos y se empezó a descalificar la labor de los activistas. Hay que decir que nosotros -así como varias organizaciones- nos llegamos a reunir con el presidente Chávez y hubo un acuerdo político, en el sentido de que como organizaciones apoyaríamos todo lo bueno que hiciera el gobierno en materia de DDHH y que teníamos la disposición en colaborar en la medida en que hubiera voluntad de hacerlo. Chávez adquirió el compromiso de trabajar por los DDHH y de respetar el trabajo de las organizaciones. También llegamos a reunirnos con algunos de sus ministros, en la medida en que había apertura. Pero con los dos gobiernos bolivarianos, el de Chávez y el de Maduro, seguimos denunciando las grave violaciones a los DDHH.

Rafael Uzcátegui: Nosotros somos defensores de DDHH, no somos antichavistas. Provea siempre ha reconocido -en los informes está- todas las políticas buenas. Incluso participamos en el proceso constituyente y reconocimos lo bueno que tenía y lo progresiva que era. En momentos en que a la oposición no le gustaba esa constitución nosotros fuimos unos defensores de ese pacto social. En abril del 2002, cuando le dan el golpe de Estado a Chávez, Provea lo denuncia y solicita medidas cautelares a favor de Hugo Chávez y de Tarek William Saab, que en ese momento era un diputado y ahora es el defensor del Pueblo, y además solicita a la OEA la aplicación de la Carta Democrática, de la misma manera que lo estamos haciendo ahora. Nuestro diagnóstico es que hay un proceso de no democracia y que Venezuela debe ser sancionada por los acuerdos que ella misma suscribió.

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Semana.com: ¿Cuál es la diferencia entre el chavismo de Nicolás Maduro con el de Hugo Chávez?

Marino Alvarado: El madurismo es una continuidad de muchas de las políticas de Chávez, en el sentido de que no es que la grave situación económica y social y las violaciones a los derechos humanos nacieron con Maduro y que con Chávez no existían. Pero Maduro las profundizó, además aumentó la militarización de la sociedad. Y en lo personal es muy diferente a Chávez, quien tenía la capacidad de conectarse con el público a través de un verbo y un discurso muy hábil. Chávez gobernó con muchos recursos y eso le permitió desarrollar programas sociales que tuvieron transitoriamente un impacto positivo en reducir la pobreza, en cambio Maduro no solo no tenía esos recursos sino que con lo poco que tenía no lo hizo bien, es decir que con Maduro se profundizó la ineficiencia en la gestión pública.

Desde el punto de vista político si bien es cierto que Chávez criticó y enfrentó a los sectores de oposición, estaba dispuesto a abrir espacios en algunos momentos para el diálogo. En cambio Maduro tiene esa teoría de ver al adversario como un enemigo al cual hay que derrotar, es su política de gobierno. Eso ha tenido expresión política en el decreto de estado de excepción que se planteó desde mayo de 2016 que se ha venido prorrogando.

Rafael Uzcátegui: El chavismo fue un movimiento que se desarrolló basado en el culto a una personalidad que no creó una institucionalidad democrática ni doctrinaria ni de movimiento, y hoy lo que tenemos son las interpretaciones que hacen los chavismos, en plural, porque con Chávez vivo había un chavismo que era el de él, ahora que está muerto el carisma no es transferible y lo que hay son grupos enfrentados entre sí. Dentro de esa variedad, ha emergido como un factor importante del actuar político con las Fuerzas Armadas, con las cuales Maduro se está sustentado muchísimo y que tienen una mirada sobre lo que es el control de la sociedad y la manifestación pacífica que está teniendo secuelas muy negativas ahora.

Semana.com: Chávez era militar, Maduro no pero le apuesta a eso ¿por qué?

Rafael Uzcátegui: Teníamos expectativas cuando Chávez dijo que Maduro iba a ser la persona que continuaría su proyecto, además teníamos una experiencia institucional con Maduro siendo sindicalista, Provea lo ayudó en 1993 cuando fue a pedir apoyo porque era víctima de hostigamiento por su labor de sindical. Estuvo varias veces y se le dio el mismo tipo de apoyo que se le da a cualquiera que va. Pensábamos que él iba a detener el proceso de militarización que Chávez protagonizaba, incluso pensábamos que lo iba a comenzar a revertir o detener. Sin embargo, creemos que lo que pasó fue por su propia debilidad como figura de autoridad en el universo bolivariano, hay que recordar que él fue electo con un margen de votos muy pequeño, a pesar de que se organizaron unas elecciones en un mes para intentar aprovechar el dolor y la conmoción de la gente por la muerte de Chávez y traducirlo en votos, y más bien fue sorpresivo el margen tan pequeño entre Maduro y Capriles.

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Ante esta ausencia de esta autoridad sobre todos los componentes del universo bolivariano creemos que, por un lado, se ha sustentado mucho por las Fuerzas Armadas para mantener funcionando el modelo, y por el otro, que tiene tan poca capacidad de rectificar incluso en las acciones políticas, que sí las tenía Chávez porque era una autoridad. Esto explica la permanente huida hacia adelante. Más represión, más salidas no democráticas a lo que está pasando porque no tiene la posibilidad de tomar correctivos, eso implosionaría su figura.

Semana.com: Maduro está armando civiles…

Rafael Uzcátegui: Es una situación que nosotros ya habíamos detectado en momentos con Hugo Chávez porque estos grupos son como una expresión de un sector político en Venezuela que era heredero de la lucha armada y que tenía una vida política activa en algunos sectores del oeste de Caracas, todos los grupos que apoyaron a Chávez se incorporaron, incluso crearon partidos políticos que tuvieron representación en el Parlamento y alcaldías porque fueron electos por voto popular.  Algunos de estos sectores se fueron deteriorando en el ejercicio del poder y al tener esas posibilidades de estar allí, de recibir recursos de manera directa o indirecta, algunos de ellas comenzaron a derivar en grupos que eran más delincuenciales que ideológicos. Entonces no todos los grupos que se denominan a sí mismos como colectivos son paramilitares. Todos los paramilitares sí son colectivos, pero no todas las personas que se dicen colectivos están haciendo este tipo de trabajo. Incluso si tú revisas hay grupos de estos colectivos originales que dicen no estar de acuerdo con reprimir al pueblo, esta es una primera explicación de dónde viene esta situación.

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Semana.com: Explíquenos un poco más...

Rafael Uzcátegui: Muchos de estos grupos se utilizaron para controlar electoralmente los territorios que ellos controlaban, mover votos, mover a la gente, llevar programas sociales, ayudar a que el Estado llegara y progresivamente se han ido deteriorando porque han participado abiertamente en actividades delictivas de todo tipo. Esto es de la mayor preocupación en el actual conflicto. En 2014 actuaron reprimiendo en las protestas, pero se les ha dado legitimidad institucional por hacer parte del Plan Zamora. La Fiscalía ha tenido un papel importante al decir que hay responsabilidad, además ha dictado órdenes de privación de la libertad y se ha descubierto que personas que participan en colectivos también participan en el cuerpo policial, en el 2014 ya había nociones de esto, pero ahora tenemos una actuación institucional irrefutable.

Semana.com: ¿Entonces el Estado es responsable?

Rafael Uzcátegui: Hay responsabilidades del Estado por haber creado las condiciones para que se generaran y el financiamiento directo o indirecto, pero también por las omisiones. El Estado no actúa para evitar este tipo de actuaciones, sino todo lo contrario, hay coordinación con las labores de represión. Hay objetivos que quiero resaltar, por una lado, la actuación de civiles intenta ser eficaz en momentos en que la gente no tiene miedo a la actuación de los funcionarios policiales. Entonces actúan estos grupos que generan mayor temor y cautela en la población, hasta ahora no han impedido las protestas pero tienen un efecto de inhibición mucho más importante que los grupos institucionales.
Cuando llegan a Provea víctimas de estos ataques ni siquiera quieren relatar qué fue lo que les pasó, ya ni siquiera quieren formalizar la denuncia. Por otro lado esto posibilita la acción de este tipo de cosas y que no se puede identificar a funcionarios policiales o militares responsables de este tipo de hechos, que tiene que ver con el uso de lacrimógenos como proyectiles, disparos de perdigones a corta distancia y uso de balines de metal contra manifestantes. La situación de violencia y seguridad es grave y preocupante, pero a futuro creemos que este nuevo elemento va a agravar una situación complicada.

Semana.com: Van más de 40 muertos ¿quién está matando a esta gente?

Marino Alvarado: Eso depende de la investigación que haga el Ministerio Público, que ha venido actuando con nivel de eficiencia en estas situaciones que se han dado. Pero las primeras investigaciones han establecido que un número de personas han sido asesinadas por la fuerza pública. También ha habido asesinatos producidos por particulares, en el caso de una joven en el Estado de Táchira, se detuvo a una joven que políticamente que se identificaba como la oposición pero se presumía que podía ser una muerte ocasionada por colectivos. En una situación irresponsable dispara contra un grupo motorizados, que denominamos paramilitares, y asesina a una joven. También hubo la muerte de una mujer por culpa del lanzamiento de una botella con agua congelada y ahí también fue un particular que participó. Muy probablemente en esta muerte va a ocurrir lo mismo que en 2014 cuando también hubo 43 personas asesinadas por la fuerza pública, personas asesinadas por particulares por disparos de estos grupos paramilitares.

Semana.com: La Fiscalía empezó a actuar, ¿puede que traten de impedir eso y retiren a la fiscal de su cargo?

Marino Alvarado: Constitucionalmente no pueden, porque es un procedimiento que implica que el Parlamento inicie el proceso, que es complejo. Pero en Venezuela el gobierno no actúa de acuerdo a las normas constitucionales, no es de extrañar que se invente alguna figura que termine destituyendo a la fiscal general lo cual se reafirmaría su carácter dictatorial y su actuación al margen de la Constitución. Yo termino diciendo que en la grave violación de derechos hay una alta responsabilidad del defensor del Pueblo por su complicidad  y silencio. Si él hubiese hablado alto y claro tal vez el panorama que tendríamos en Venezuela sería un tanto distinto.

Rafael Uzcátegui: Hay un proceso de reinstitucionalización de la Fiscalía que no es nuevo, veíamos algunos signos de este comportamiento desde hace un año. La decisión de usar la manera masiva contra manifestantes tiene como objetivo sacar a la Fiscalía como titular de este tipo de decisiones, si no es formalmente se le va a ir quitando competencia de forma indirecta.

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Semana.com: ¿Ustedes ven una salida a la “dictadura”?

Rafael Uzcátegui: Somos optimistas a que el actual proceso de movilización de la gente en la calle va a tener un impacto positivo en generar un espacio democrático para la resolución del conflicto, y creemos que va a tener un papel muy importante los grupos democráticos del gobierno que van a permitir la realización de elecciones, la  generación de un canal humanitario. Creemos que el trabajo de reconstrucción  de la economía y de las instituciones democráticas es largo, pero creemos que hay posibilidad. Somos optimistas, creemos que es un conflicto que va a tener momentos duros a corto plazo, pero que ha mediano plazo puede lograr un efecto importante.

Semana.com: Ustedes han dicho que son acusados de ser un brazo de la CIA, ¿qué piensan de eso?

Rafael Uzcátegui: Eso forma parte de la campaña de criminalización de las organizaciones y los gremios independientes en Venezuela por parte del gobierno.

Marino Alvarado: Los medios públicos en Venezuela desde hace varios años han desarrollado una campaña intensa en contra de los defensores de DDHH. Se nos a acusado de estar con la CIA, que recibimos financiamiento de la Unión Europea, EE. UU., de Álvaro Uribe, incluso de estar vinculados a los paramilitares colombianos. Eso es para intimidar y para tratar de poner a la población en contra, pero no les ha funcionado.

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