¿Punto final?

Cada vez se complica más la situación de los ex militares argentinos arrestados en julio por crímenes de lesa humanidad. El pasado lunes un juez de ese país ordenó dejarlos en libertad ante la negativa del gobierno español de continuar con el proceso de extradición solicitado por Baltasar Garzón. De inmediato la Cámara Federal de Buenos Aires decidió reabrir las causas en su contra para poder juzgarlos en Argentina.

Pero el problema no acaba ahí, pues las leyes conocidas como Obediencia Debida y Punto Final, que amnistían a los presuntos criminales de la dictadura militar, no han sido anuladas formalmente, lo que impide procesar a los acusados. La última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia argentina, en cuya sentencia recae la decisión de considerar la constitucionalidad de dicha ley.