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| 2009-03-03

La marcha de los recicladores

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    Una verdadera marcha popular salió del Parque Nacional el primero de marzo hacia la Plaza de Bolívar. Eran los recicladores de base, que protestaron en su día porque no quieren más ser invisibles. Una población vulnerable que se resiste a aceptar que una norma los deje sin cómo ganarse la vida.
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    La ley 1259, aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente Álvaro Uribe Vélez el 19 de diciembre pasado, criminaliza el oficio que desempeñan los recicladores desde hace más de 60 años, y castiga con una multa de al menos dos salarios mínimos –o la cárcel– a quien escarbe entre la basura.
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    Magda Barinas, integrante de la Asociación de Recicladores de Bogotá, ARB, explica así la ley de los comparendos ambientales, motivo principal de la protesta: “No puedes escarbar la basura, no puedes transportar en cualquier vehículo, tienes que cumplir con un montón de requisitos que nosotros no tenemos cómo”. “Con esta ley no vamos a poder trabajar”, concluye Magda.
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    Los recicladores están convencidos de que la ley es resultado del tráfico de influencias. Desde hace dos años, una empresa llamada Residuos Ecoeficiencia Ltda, ha venido abriéndose espacio en su terreno, lo que ha generado el desalojo de muchos recicladores que trabajaban en la Zona Franca de la capital desde más de una década. El propietario de la empresa es Tomás Uribe, hijo mayor del presidente.
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    Ana Isabel Martínez y las 30 personas que conforman la Asociación de Mujeres en Reciclaje, Una opción digna para la mujer, serán pronto desalojadas de la Zona Franca de Bogotá, donde han laborado durante 9 años. La empresa de Tomás Uribe cuenta con los recursos que exige la nueva ley.
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    A la marcha, convocada por la Asociación Nacional de Recicladores, asistieron cerca de 1000 personas, que armadas de pitos y pancartas arremetieron contra el hijo del presidente. “Y todavía los ricos, los ricos quieren más, quitarnos la basura y dársela a Tomás”, era una de las muchas arengas repetidas en coro por los recicladores.
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    La marcha se organizó también para celebrar el Día del Reciclador. En realidad, es una trágica conmemoración del asesinato de 11 recicladores el Primero de marzo de 1992 en la Facultad de Medicina de la Universidad Libre de Barranquilla. En ese lugar, una red criminal, en complicidad con algunos directivos, experimentaba con sus cuerpos para luego vender sus órganos en el mercado negro.
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    Muchos de los marchantes nacieron en comunidades recicladoras, y son hijos de campesinos desplazados del campo a la ciudad por la violencia bipartidista de mediados del siglo XX. Reciclan desde su temprana infancia y, a pesar de sus precarias condiciones, son expertos en tratar las basuras.
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    Un gran porcentaje de los recicladores del país son adultos mayores que, ante la incapacidad del Estado colombiano para garantizarles una vejez digna, encuentran en la basura una forma de ganarse el pan.
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    De entrar en vigencia, la ley podría dejar sin trabajo a 300.000 personas que se dedican al reciclaje en todo el país. “La ley tiende a acabarnos, pues no nos dan otra opción para que sigamos con nuestro negocio. Exigimos que la ley no beneficie solo a Tomás, él no tiene necesidad de quitarnos el pan de cada día”, expresa una recicladora.
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    Entre ‘zorras’ y ‘zorrillos’, (las carretas de tracción animal y los carros de mano), los marchantes recolectan firmas para respaldar acciones contra la ley de comparendos ambientales. El objetivo es demandar al Estado para exigir su derecho al mínimo vital. Son 4 los artículos que pretenden echar atrás con la asesoría de un grupo de abogados.
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    El trabajo de estos colombianos no se ha formalizado a pesar de que a ellos se debe que en el país se recicle. Gracias a ellos la situación de los rellenos no es peor de lo que ya es. Aunque se trata de una población vulnerable, no tienen ninguna prestación, ni posibilidades de jubilarse, ni garantía laboral alguna.
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    Cuando la ley entre en vigencia, las grandes empresas de aseo tendrán base legal para eliminar a los recicladores del proceso de recolección y tratamiento de las basuras. Según algunos recicladores, serán contratados consorcios de aseo con vehículos especializados, manejados por un conductor y un operario.
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    En 2003 una sentencia de la Corte Constitucional reivindicó el derecho de los recicladores al mínimo vital, al fallar a su favor luego de que el gobierno intentó dejar en manos de grandes consorcios la labor de reciclar. La ley 1259 desconoce ese fallo, e invisibiliza aún más a una población vulnerable.
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    Nora Padilla, directora de la Asociación de Recicladores de Bogotá, recicla desde los 8 años. Ha representado al gremio en varios países del mundo, entre ellos India y Argentina y su avanzada formación académica le ha permitido ejercer un importante liderazgo. Su objetivo principal ha sido desde siempre formalizar y dignificar el oficio. El reciclaje es su vocación, dice.
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    En 2010, una cuantiosa licitación pública para empresas de aseo habrá de definir el futuro del negocio de la basura. Lo único que piden los marchantes, quienes por años han desempeñado una labor que le corresponde al Estado, es que los dejen trabajar.
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