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| 10/28/2008 12:00:00 AM

“Reparar a las víctimas, no es hacer desarrollo social”

Cuando el Congreso está a punto de hundir la ley de víctimas, Rafael Herrarte, ex director del Plan Nacional de Resarcimiento de Guatemala, habló con Semana.com, sobre la importancia de hacer verdad y reparación para una sociedad que busca la paz.

En el momento en que se discute el proyecto de ley que busca reparar integralmente a las víctimas del conflicto, Rafael Herrarte, ex director del Plan Nacional de Resarcimiento de Guatemala, estuvo de visita en Colombia. Herrarte hizo parte de la comisión encargada de resarcir el daño que sufrieron las víctimas de la guerra civil de Guatemala.

En ese país, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, la violencia política dejó en 30 años un saldo de 200 mil víctimas mortales. Dentro de ellas 38 mil personas fueron desaparecidas. También se registraron 669 masacres. La Comisión atribuyó el 93 por ciento de las violaciones de los derechos humanos, a los gobiernos de la época. El conflicto terminó en 1996 tras la firma de un acuerdo de paz.

Herrarte, desde su condición de víctima y de funcionario que ha contribuido al proceso de paz de su país, cuenta cómo fueron los hechos y cuál debe ser el espíritu de una política de reparación a las víctimas.

Semana.com: ¿Cuál fue su experiencia personal en el conflicto de Guatemala?

Rafael Herrarte: Desde muy joven empecé a participar en grupos sociales en los que incursioné en la reflexión de los problemas de mi país y en conocer las condiciones de pobreza de los sectores marginales, lo que modificó mi conciencia y me sensibilizó a la situación social. Estudié derecho y me vinculé a los movimientos sindicales del país. El 21 de Julio de 1980 hubo un secuestro masivo de sindicalistas a los que desaparecieron. Para mí fue un golpe moral. Nos dedicamos a buscar a los desaparecidos y resultó que no estaban entre los vivos ni entre los muertos.

El hecho se dio en un contexto de violencia muy fuerte en el que amigos y conocidos cayeron víctimas de la violencia. El 31 de enero de ese año un grupo de campesinos acompañados con estudiantes se tomaron la embajada de España exigiendo el retiro del ejército en sus comunidades. La respuesta del Estado fue quemarlos, literalmente, murieron 39 personas calcinadas. Esa acción fue un signo claro de que la lucha social y de masas estaba cerrada en Guatemala. En agosto de ese mismo año hubo otro secuestro de 22 sindicalistas, que desaparecieron. Ya los espacios de lucha política estaban cerrados y tuve que exiliarme seis años en México.

Semana.com: ¿Y qué pasó?

R. H.: ‘Gallina que come huevo, aunque le quemen el pico’. Cuando volví a Guatemala, me reintegré al movimiento social y de derechos humanos. En el año 98 la Comisión de Verdad rindió un informe que se llamó “Guatemala nunca más”, informe que recomendó a la Comisión de Esclarecimiento Histórico, la creación del Programa de Reparaciones que se efectuó en 2003, y de la cual fui director.

Semana.com: ¿Cuáles han sido los avances de esta comisión?

R.H.: El avance más importante fue que el Estado asumió la responsabilidad de las violaciones a los DD. HH. Entiendo que el gobierno colombiano no está dispuesto a aceptar la responsabilidad del Estado, por resistencia ideológica a la aceptación de la verdad. El problema es que si los estados no asumen su responsabilidad y no crean mecanismos para reparar a las víctimas, éstas van a encontrar mecanismos internacionales de justicia. En Guatemala los tomadores de decisiones hicieron la cuenta basados en el primer caso que falló la Corte Interamericana de DD. HH. : El Plan de Sánchez. Si se multiplicaba por 200 mil víctimas, el Estado estaría comprometiendo, durante 7 años, su presupuesto total. La salida que tiene el Estado es reparar y crear programas de atención a las víctimas.

Otros avances son el registro de 38 mil ejecuciones y desapariciones, entre otras violaciones a los DD. HH. El programa recibió inicialmente 30 millones de quetzales, (al 7.5 por dólar) y tiene una asignación de 300 millones de quetzales al año, que equivale a 40 millones de dólares. Entiendo que en Colombia hay una resistencia a aceptar la política de reparación por el costo material que tiene. En Guatemala hay una proyección para diez años, de 400 millones de dólares y aquí hay resistencia de comprometer recursos de 350 millones de dólares en 10 años, cuando la población de Guatemala es una cuarta parte de la colombiana. Y el presupuesto del Estado colombiano debe ser mucho mayor que el de Guatemala.

Semana.com: ¿Cuál es el concepto de reparación?

R. H.: Lo más importante del programa de reparación es que no es un programa de desarrollo social. Tiende a confundirse los dos conceptos, porque si uno cruza los mapas de la violencia con los de la pobreza extrema coinciden. Nosotros capacitamos a los equipos diciéndoles que el programa no es un programa de ayuda, y que ellos no están haciéndole un favor a la gente. Lo que estamos tratando de hacer es, en la medida de lo posible, restablecer el derecho violado.

El programa identifica, en cada caso, qué violación a los derechos humanos hubo. Las víctimas presentan testimonio, los casos se documentan, se identifica a las víctimas a través de su cédula o del acta de defunción, se elabora un dictamen formal y se ejecutan indemnizaciones económicas y reparaciones materiales. Se han financiado exhumaciones de cementerios o fosas clandestinas. En Guatemala hay 500 fosas todavía. La idea es encontrar los restos y cerrar los duelos de las víctimas que no tuvieron la posibilidad de llorarlos. Este proceso está acompañado de asistencia sicosocial.

Semana.com: ¿Cuál es la importancia de la verdad en este proceso?

R.H.: Las víctimas de Guatemala teníamos clara la verdad de lo que ocurrió. Las personas que estábamos por fuera del país teníamos más información y monitoreábamos las demandas contra el Estado. Lo importante no era que nosotros dijéramos qué pasó sino que árbitros internacionales fueran los que señalaran lo ocurrido.

Las víctimas sobrevivientes son las que necesitan la verdad. Son personas que no han cerrado el duelo. Para ellos la verdad es fundamental para recuperar su condición de normalidad. Que la sociedad en su conjunto conozca la verdad es una garantía de no repetición, porque hay por lo menos una condena moral al reconocer quienes fueron los responsables de estas violaciones a los derechos humanos. Las peticiones de perdón que los responsables le den a los familiares y a las victimas es una antídoto social para que los hechos de violencia no se vuelvan a repetir.

También es importante que el informe de la verdad permee el sistema educativo. En Guatemala trabajamos con el Ministerio de Educación para que elabore metodologías y guías didácticas, para los maestros, con el objetivo de que la historia de la violencia política esté incluida en el sistema educativo.

Semana.com: ¿Cuál es la importancia que las victimas hagan parte del proceso de construcción de una política de reparación?

R.H: Nosotros tenemos claro que una la reparación integral no depende de la cantidad de recursos que estén involucrados en el programa. En Argentina se destinó una enorme cantidad de recursos a la reparación, y no se puede decir que haya sido un programa exitoso. Por mucha plata que se entregó por concepto de indemnizaciones, la gente no quedó satisfecha. Por eso, la manera de satisfacer las expectativas de las victimas es que ellas participen en el diseño de los programas de reparación que el Estado vaya a ejecutar.

Semana.com: ¿No hacerlo puede derivar en otras expresiones de violencia?

R. H.: Es un contrasentido que un programa que busca reparar y reconciliar a una sociedad fracturada, se convierta en un factor de conflicto. La manera de prevenir que un programa de reparación se sume a la conflictividad del país es que le de voz a las víctimas, abra el espacio a su participación, que ellas sientan que tienen derecho a denunciar y que vean que el programa es de puertas abiertas.

Semana.com: Finalmente, ¿cuál es la situación de la violencia política en este momento en Guatemala?

R. H: La democracia guatemalteca dista mucho de ser perfecta, pero los años de violencia y de intolerancia ideológica esperamos que sean parte del pasado. El pasado 20 de octubre se celebró de la revolución de 1944. Las imágenes de los líderes de la revolución se instalaron, después de muchos, en pancartas gigantescas frente del Palacio Nacional. Estos logros y estas conquistas están sujetos a los vaivenes de la política, que tienen que ver con la posición ideológica de los gobernantes de turno.

Afortunadamente tenemos un gobierno de apertura. Eso no quiere decir que las fuerzas de seguridad, por ausencia de profesionalismo (en particular la Policía), no cometan violaciones a los derechos humanos, o que no haya dinámicas de criminalización a las protestas sociales, o que no exista una actitud de considerar traidores de la nación a aquellos que se oponen a proyectos de la minería, por ejemplo, que están afectando los intereses de comunidades. Hay claros oscuros en este proceso, no todo es blanco o negro. De lo que no cabe ninguna duda es que las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos ya no se producen.



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