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Falta de previsioón, mayores valores, plazos no cumplidos y multas no aplicadas de forma adecuada, son las conclusiones de una investigación que hizo la Procuraduría a los contratos del Plan 2.500, el principal proyecto vial de la primera administración de Álvaro Uribe.
Desde su inicio, este Plan ha sido centro de críticas. Al comienzo de su gobierno, el Presidente anunció una fuerte inversión en infraestructura vial. Pero sorprendió cuando esto se tradujo en un montón de proyectos dispersos, que no obedecían a las vías estratégicas para mejorar la competitividad del país. En el Plan se invirtieron cerca de dos billones de pesos, y su cerebro es el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego.
El Plan 2.500 rápidamente hizo agua. Su ejecución se convirtió en un dolor de cabeza, y no se cumplió la promesa de terminarlo al final del primer mandato de Uribe. Ya van dos años de la segunda administración y aún no concluye. La forma como se llevó a cabo hizo que muchos consideraran que el Plan era una herramienta del gobierno para ganarse a los políticos regionales. Y no ha estado exento de versiones sobre supuesta corrupción, algo que ningún ente de control ha confirmado. En cierto momento fue tal la presión por posibles irregularidades y tan poco el avance en las obras, que entre otras razones motivó el retiro del entonces director del Invias, Mauricio Ramírez Koppel.
Ahora el informe de la Procuraduría, ordenado por el ex procurador Edgardo Maya y en el que participaron 14 investigadores que inspeccionaron cada uno de los 146 contratos que se hicieron, confirma que son mayúsculas las irregularidades en el plan bandera de infraestructura del ministro Gallego.
En el documento se constata cómo la falta de previsión y planeación llevó a que los contratos aumentaran significativamente las cantidades de obra ejecutadas frente a las contratadas. También muestra cómo muchos de estos cambios estuvieron acompañados de variaciones en los precios. Hay casos como el de un contrato cuyo valor inicial por kilómetro de obra pasó de 374 millones de pesos a 1.402 millones de pesos.
Como si fuera poco, sanciones como la caducidad o las multas en algunos casos se aplicaron a destiempo y en otros no se impusieron. Según el informe, sólo ante el apremio de la revisión de la Procuraduría se agilizó la entrega de actas definitivas de obra, pero quedó pendiente su liquidación y la ampliación de las pólizas de estabilidad de las mismas.
En síntesis, el anuncio del ministro Gallego de que esta sería la revolución de las obras públicas, al final dejó más de lo mismo: falta de planeación, mala administración, poco o nulo control y una dosis aún por develar de politiquería.
Se argumenta que nunca antes se había prestado atención a estas regiones apartadas, que en la práctica las vías sí terminaron articulándose con grandes proyectos y que se hizo más obra de la anunciada. Pero los cuestionamientos parecen pesar más que los resultados del llamado Plan 2.500.
Más allá de la minucia de cada contrato, el informe de la Procuraduría deja en evidencia las falencias en el estilo y la falta de prioridades que ha tenido la cartera de Transporte. Es un serio cuestionamiento a su capacidad al frente de la política en materia vial, una de las claves para el desarrollo del país. En la más benéfica de las interpretaciones, la gestión del Ministro de Transporte está llena de buena voluntad. Pero de buenas intenciones está construido el camino al infierno, que es el lugar en que los colombianos han estado en materia vial durante la administración de Andrés Uriel Gallego.
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