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| 8/27/2016 12:00:00 AM

¿Qué es lo más duro que viene después del acuerdo?

La implementación de lo pactado y la reintegración de los excombatientes son los puntos clave para el futuro del proceso. Estos son sus obstáculos.

El martes se cerraron dos puntos que tenían en vilo la terminación de las negociaciones en La Habana: la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil y la implementación de los acuerdos. Ambos temas delicados, de los que depende el futuro de quienes dejarán las armas en los próximos meses.

Lo primero que hay que decir es que la reincorporación de las Farc tiene una dimensión política y otra económica. O si se quiere, una para los jefes y otra para los combatientes de base.

En política, el acuerdo brinda considerables gabelas a la guerrilla para hacer su tránsito de la lucha armada a la política, lo cual es entendible dado que la esencia del acuerdo de paz es justamente esta transición. Al respecto se pactaron varias medidas, algunas de las cuales ya suscitan controversia. La primera es que el partido que las Farc creen tendrá de inmediato personería jurídica y financiación estatal equivalente al 10 por ciento del fondo del Estado para todos los partidos, aproximadamente 7.000 millones de pesos al año. La explicación es que por lo menos en los primeros años será difícil que sectores empresariales financien esta agrupación como lo hacen con las demás.

Adicionalmente, el nuevo colectivo político queda eximido hasta 2026 de obligaciones como tener un número mínimo de afiliados y obtener un umbral mínimo de votos. Tendrá además las garantías propias de la actividad política como espacios en medios de comunicación y un esquema especial de seguridad. Estas prerrogativas tienen que ver también con la necesidad de que los guerrilleros aprendan el oficio de la política electoral en el periodo de transición.

Sí tendrán curules

Dicho partido tendrá asegurados, a partir de 2018 y por dos periodos electorales, cinco cupos en el Senado y cinco en la Cámara. Esas no serán curules a dedo pues los candidatos de las Farc se las deben disputar en la arena electoral. Pero la favorabilidad consiste en que si no alcanzan el número de votos necesarios para dichas curules, el Estado igual se las garantiza y las ocuparían quienes mayor votación saquen en las urnas. Otra garantía es que estos candidatos también tendrían financiación estatal.

Esto es importante porque el escenario por excelencia de la política es el Congreso y su presencia allí forma parte de la apertura democrática que buscan los acuerdos. No está resuelto quiénes serán los candidatos, pues como se sabe no hay nadie de las Farc inhabilitado para hacerlo, aunque tengan condenas por crímenes atroces. El partido que constituyan los guerrilleros tomará la decisión de poner a sus jefes en las listas, al tiempo que comparecen ante el Tribunal Especial de Paz, y los votantes decidirán si los eligen o no.

Ahora, si los ciudadanos aprueban el acuerdo en el plebiscito y se pone en marcha el acto legislativo que permitirá tramitar las leyes y normas del acuerdo vía fast track, las Farc tendrán desde ese momento y mientras dure esta actividad tres voceros en Cámara y tres en Senado, con voz pero sin voto. Además un cupo en el Consejo Nacional Electoral.

Estas condiciones, más otros contenidos del acuerdo, les dan a las Farc una base suficiente para construir una propuesta política relevante e influyente, cuyo éxito dependerá de ellos mismos.

Reincorporación económica

Hay que destacar que las Farc se bajaron de su propuesta de Terrepaz, que era la manera como ellos querían que se hiciera la reintegración económica de sus combatientes. Esa idea fue controvertida porque evocaba experimentos colectivistas en zonas con relativa autonomía. Revivía el fantasma de las repúblicas independientes que está en el origen de esta guerra.

Sin embargo, la reincorporación económica de las Farc tendrá un enfoque colectivo, solidario y con arraigo territorial. El eje es una institución privada llamada Economías Solidarias del Común, Ecomún, a la que podrán afiliarse los excombatientes voluntariamente.

Cada uno de ellos recibirá 8 millones de pesos para invertir en un proyecto individual o colectivo. Si es colectivo el gobierno girará los recursos a Ecomún, luego de que el proyecto sea aprobado.

También tendrán una renta básica del 90 por ciento de un salario mínimo (algo así como 620.000 pesos) durante dos años. Si siguen la ruta de reintegración que ya existe en Colombia, la persona recibirá otros incentivos, especialmente si estudia. Así mismo estarán afiliados a la seguridad social del Estado.

Muchos sectores han cuestionado estos recursos porque creen que las Farc tienen mucho dinero y deberían aportarlos para su propia reintegración. Pero quienes conocen del tema creen que, por el contrario, el acuerdo es precario si se tiene en cuenta que la mayor parte de los combatientes de las Farc han pasado más de media vida en el monte, tienen bajísimos niveles de escolaridad y no tienen profesiones ni oficios.

En realidad, con lo que se compra un solo helicóptero Black Hawk se podría financiar gran parte de la reintegración de los excombatientes de esa guerrilla, que se calcula podrían ser 20.000 entre fusileros y milicianos.

También se creará un centro de pensamiento con financiación estatal en el que seguramente trabajarán los cuadros políticos de esa organización. Un dato importante es que se les dará un trato diferencial a los niños que hacen parte de las Farc, para buscar su reagrupación familiar.

Todo este proceso estará coordinado, no por la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), como quería el gobierno, sino por una nueva entidad llamada Consejo Nacional de Reincorporación.

La implementación

El otro gran acuerdo logrado el martes fue el de implementación. Como se sabe, esta es la parte más difícil de todo el proceso de paz, pues no hay suficientes recursos públicos; otros factores de violencia pueden sabotear la implementación; y se necesita tal cantidad de normas, leyes, planes y proyectos que existe el riesgo de que el primer año todo se vaya en burocracia.

Este trabajo conjunto se hará a través de una comisión de implementación, seguimiento y verificación del acuerdo final de paz y de resolución de diferencias, en la que participarán tres personas de las Farc y tres del gobierno, con un horizonte de vida de diez años. Esta comisión hará un plan también de largo plazo porque, como se sabe, habrá que diferir buena parte de la aplicación y establecer prioridades.

A última hora se agregó un capítulo étnico para incluir sobre todo a las comunidades étnicas y afrodescendientes, que han sido golpeadas por la violencia y esperan ser tenidas en cuenta en las mieles de la paz.

La implementación es crítica porque ya algunas voces en el gobierno y fuera de él dicen que será imposible cumplir todos los compromisos adquiridos, incluso si se aprueba este año la reforma tributaria. Hay quienes piensan que, por el contrario, habrá que recurrir a fórmulas ortodoxas como un mayor endeudamiento y los incentivos a los inversores nacionales y extranjeros.

En todo caso, de una implementación juiciosa dependerá en buena medida que este sea el fin de la pesadilla de la guerra y no solo un espejismo. Y de todas formas se necesitará un mayor compromiso de toda la sociedad y sobre todo de quienes aspiran a gobernar a Colombia y sus regiones en los próximos lustros. Sobre ellos recaerá en buena medida el éxito o fracaso de la puesta en marcha de esta hoja de ruta. Por si acaso, también habrá una verificación internacional para que el acuerdo de paz sea un pacto de honor, y no un episodio donde una de las partes o ambas se pongan conejo. Y de paso se lo pongan al país.

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