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Una organización no gubernamental denunció el miércoles que un sacerdote jesuita que desde hace más de 30 años se dedica a la defensa de los derechos humanos recibió amenazas de muerte a través de grafitis o letreros en diversos sitios de Bogotá.
El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) aseguró en un comunicado de prensa que la víctima de las amenazas es el padre Javier Giraldo. La ong "manifiesta su rechazo ante los grafitis que han aparecido desde el 22 de abril... en diversos lugares de Bogotá en contra el sacerdote jesuita e investigador del CINEP Javier Giraldo".
Agregó que en los grafitis se expresan amenazas de muerte contra Giraldo, quien ha denunciado 201 crímenes y asesinatos cometidos por el ejército nacional, los paramilitares y la guerrilla en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (departamento de Antioquia) desde el 9 de julio de 1996.
En algunos de los letreros amenazantes se leen frases como "cura marxista" y "Javier Giraldo, muere".
En entrevista telefónica con la AP, Giraldo, de 66 años, advirtió que él no ha visto los referidos letreros y precisó que algunos "amigos son los que me han contado, los han fotografiado y han hecho algunas acciones de denuncia".
Según el religioso, detrás de las intimidaciones podrían estar personas que él en el pasado ha denunciado por la violación de derechos humanos. "Yo lo que leo es que es un grupo que se siente molesto por las denuncias que uno hace y, de pronto, por acciones judiciales que están en el momento sobre el tapete en el país".
Giraldo denunció a un general del ejército, Rito Alejo Del Río, de estar implicado con las bandas paramilitares y de llevar el terror a la conflictiva región del Urabá, en los departamentos de Antioquia y Chocó. Del Río, ya en retiro, está en prisión por el asesinato de un campesino cuando se desempeñaba como comandante de una brigada del ejército en Carepa, departamento de Antioquia.
También acusó a un grupo de militares y paramilitares de ser los autores del asesinato perpetrado en el municipio de Apartadó (Antioquia) de ocho personas, entre ellas tres menores de edad. En la actualidad, 11 uniformados están en la cárcel como coautores de ese homicidio colectivo.
El sacerdote también denunció internacionalmente que en el municipio de Trujillo (Valle del Cauca), a unos 250 kilómetros al sureste de Bogotá, entre 1986 y 1994, una alianza conformada por militares, paramilitares y narcotraficantes asesinó selectivamente a unas 200 personas.
No obstante las amenazas, Giraldo aseveró que no las denunciará ante la Fiscalía porque no cree en la justicia colombiana. "La justicia está muy corrupta. Yo ya no acudo a este sistema de justicia", sentenció.
AP.
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