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Aunque parece que todos los partidos tienen congresistas con nexos paras, Colombia Democrática parece tener la medalla de oro en esa materia. Cuatro de sus cinco parlamentarios han terminado salpicados por revelaciones sobre relaciones entre políticos y paramilitares. Como se sabe, el senador Álvaro García Romero y el representante Eric Morris Taboada, ambos de Sucre, ya están detenidos por cuenta de la Corte Suprema de Justicia. Otros dos senadores de amplio respaldo político en Córdoba, Miguel Alfonso de la Espriella y Mario Uribe, aunque no tienen investigación formal en esta Corte, han sido objeto de rumores sobre el tema. Sólo el representante por Antioquia William Vélez se ha librado de la polémica.
El caso más grave parece ser el del senador Álvaro García Romero. Se le investiga por organizar, promover y armar grupos paramilitares. Es tan espeluznante su expediente, que se indaga su posible planeación de la masacre de Macayepo, en el año 2000, en donde murieron 12 personas. Ya habría un antecedente en su posible relación con la muerte de un líder de San Onofre en 1997. Ese crimen habría servido para facilitar un fraude electoral de su ahora copartidario Eric Morris, y que en ese momento buscaba llegar a la Gobernación de Sucre. Según los expedientes en contra de este último, este tipo de prácticas habrían sido frecuentes en otras elecciones, incluso para llegar al Congreso. Por eso las medidas en su contra.
En cuanto a Miguel Alfonso de la Espriella, acabó en este rollo por cuenta propia. Su nombre surgió cuando el gobernador de Córdoba, Juan Manuel López Cabrales, lo acusó de beneficiarse políticamente de las actividades criminales de los paramilitares. Este, a su vez, respondió asegurando que López Cabrales le había entregado parte de su administración al jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Esto sucedió en una reunión privada en enero de este año que trascendió a la opinión pública, pues en ella hubo un testigo de excepción: el presidente Álvaro Uribe. La Presidencia le reportó lo sucedido a la Fiscalía, pero esta entidad aún no ha abierto investigación. Tampoco la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado frente a una solicitud que al mismo respecto hizo la Procuraduría.
El director de Colombia Democrática y primo del Presidente, Mario Uribe, fue mencionado por Jairo Castillo, el testigo clave en el proceso que lleva la Corte contra los congresistas. Castillo, quien presenció de primera mano actividades paramilitares, dijo en entrevista a SEMANA, en días pasados, que en sus denuncias también había mencionado a "ganaderos y paisas que tienen las mejores tierras en Córdoba gracias a los paras" y luego aclaró que se refería, por ejemplo, a Mario Uribe. También mencionó la presunta amistad del senador con otro ganadero de Sahagún, en Córdoba, a quien señaló de haber sido un auxiliador de las autodefensas.
El otro episodio que ha generado ruido en torno a este senador tiene que ver con la venta de una finca que el congresista hizo al narcotraficante Juan Carlos Sierra, conocido como 'El Tuso', quien fue tardíamente acogido en el proceso de paz con las AUC, y hoy se halla recluido en La Ceja. La venta se hizo en 2000, cuando Mario Uribe era el presidente del Senado. El congresista ha dicho que lo conocía por ser de su mismo pueblo, Andes, Antioquia, y que en ese momento no conocía de sus actividades delincuenciales. Por otra parte, tenían un nexo de familia, pues el hermano de Mario Uribe está casado con una tía de Sierra. La verdad es que si bien de tiempo atrás ha habido rumores sobre el origen de la fortuna de Sierra, no fue sino dos años después de la transacción que se expidió una orden de extradición en su contra.
También llamó la atención que para vender sus fincas, el senador Uribe no hizo una transacción directa. Vendió las tierras a una empresa recién creada por sus hermanos y luego ésta se las cedió a terceros allegados a Sierra. Una de estas personas, la suegra de Sierra, le dijo a SEMANA que en Andes todo el mundo se conoce y es cercano.
Los cuestionamientos a Colombia Democrática son importantes porque su director, Mario Uribe, fue ponente de la Ley de Justicia y Paz, que es la que rige la negociación de la desmovilización de los paramilitares. Además, Colombia Democrática se autoproclama como el partido fundado por el presidente Álvaro Uribe. En sus inicios, en 1985, el hoy primer mandatario y su primo Mario, junto a otros políticos de Antioquia, organizaron una disidencia del Partido Liberal que se conoció como Sector Democrático. Bajo ese nombre funcionó hasta cuando, según el partido lo sostiene en su sitio en Internet, cambiaron el nombre por Colombia Democrática.
Lo paradójico de todo esto es que para evitar este tipo de cuestionamientos, Mario Uribe se había dado la pela de sacar de su movimiento a Rocío Arias y a Eleonora Pineda. En la anterior legislatura, estas congresistas alardearon públicamente de su relación con los jefes paramilitares, cuando estaban en las filas de otros partidos. Aunque para algunos eran la cara mostrable del complejo fenómeno paramilitar, el debate que se armó fue tan grande, que Colombia Democrática finalmente las retiró de sus listas y eventualmente acabaron quemadas en otros movimientos.
En términos absolutos, Colombia Democrática tiene dos parlamentarios con enredos jurídicos y dos con episodios de mala presentación, lo cual puede no ser muy diferente de la situación de los otros partidos políticos. Sin embargo, en términos porcentuales, prácticamente el 80 por ciento de su líderes más visibles está en la mira.
Sin embargo, Colombia Democrática no son sólo cinco gatos. Es un partido organizado con vasta representación regional. Hoy tiene 35 alcaldes, 396 concejales y 19 diputados por todo el país, entre los que hay expectativa por ver en qué terminan las investigaciones contra sus principales dirigentes, que serán en últimas las que definan el futuro de lo que fue un día la semilla del uribismo en Colombia.
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