Martes, 6 de diciembre de 2016

| 2015/12/05 20:00

10 apuntes de una tarea pendiente

El país está en deuda de diseñar y poner en marcha una política efectiva de drogas. Las siguientes recomendaciones contribuirían al éxito de ese proyecto.

En el último año, Colombia aumentó en un 44 por ciento sus cultivos ilícitos y volvió a ser el país que más produce cocaína, según el diario ‘The Washington Post’. Foto: A.P.

1. Colombia debería solicitar la revisión del régimen internacional contra las drogas, fundado en la prohibición, pues este ha tenido efectos muy pobres para reducir la oferta y el abuso de las drogas hoy ilícitas.

2. En la discusión de modelos alternativos a la prohibición, es necesario evitar quedar atrapado en el falso dilema de guerra a las drogas o total liberalización del mercado de las mismas, pues hay opciones intermedias posibles de reducción del daño y regulación estricta de las sustancias psicoactivas que han mostrado mejores resultados en términos de salud pública y del respeto de los derechos humanos.

3. Incluso dentro del marco del actual régimen prohibicionista internacional de drogas, Colombia puede hacer cambios profundos a fin de avanzar hacia una política nacional fundada en un enfoque de derechos humanos y salud pública, y basada en evidencia y no en prejuicios.

4. La política de drogas debe diferenciar en forma clara las estrategias para reducir el abuso de sustancias de aquellas destinadas a enfrentar la producción y el tráfico, especialmente cuando estas últimas tienen una vinculación directa con formas de criminalidad organizada.

5. El éxito de la política de drogas debería evaluarse con nuevos indicadores, como la reducción de daños a la salud y muertes por sobredosis, o por la disminución del número de familias cuyos ingresos dependen de la economía de la droga, lo cual implica brindarles otra clase de oportunidades. Medirla por reducción de cultivos o número de capturas ha sido un enfoque equivocado.

6.
El consumo de drogas no debe ser criminalizado. La evidencia ha demostrado que esa visión estigmatiza a los consumidores, desconoce su autonomía y los expone a mayores riesgos. Y es que si las drogas pueden haber ocasionado daños a las personas, las malas políticas de drogas, como la penalización de los usuarios, han ocasionado daños todavía mayores.

7.
La política frente al consumo debe ser una política de Estado, incorporar estrategias de reducción del daño, fortalecer las políticas de prevención y propender por la atención integral de los consumidores, a través de la inclusión social de los consumidores, la promoción de sus capacidades, la participación y la reducción del estigma y la discriminación.

8.
Las políticas para reducir los cultivos de uso ilícito deben basarse en un enfoque territorial basado en la intervención integral del Estado, que coordine la seguridad territorial, la provisión de servicios de justicia y seguridad ciudadana, y la provisión de bienes y servicios para el progreso económico y el bienestar de la población. En ese sentido, es fundamental la implementación cabal de los acuerdos de paz en el tema de desarrollo rural.

9. Deben buscarse alternativas a la persecución penal de cultivadores y eslabones débiles de la cadena. La acción contra el lavado de activos y contra la infiltración de dineros ilícitos a la economía legal y a la política debe robustecerse para neutralizar el crimen organizado.

10. Dentro de las estrategias para enfrentar la criminalidad asociada al narcotráfico debe prevalecer el interés por reducir la violencia, incluso por encima de reducir los flujos de drogas ilícitas. El Estado debe concentrarse en desmantelar las estructuras criminales mediante la afectación de las condiciones locales, regionales, institucionales y organizacionales que permiten que estos grupos se reproduzcan.

*Investigador de Dejusticia.

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