08 diciembre 2012

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18 de diciembre, el 'día D' de Petro

BOGOTÁEl alcalde de Bogotá se juega todo su capital político el próximo 18 de diciembre con el nuevo régimen de recolección de basuras en la ciudad.

18 de diciembre, el 'día D' de Petro. El alcalde Gustavo Petro ha justificado su intervención en el negocio de las basuras con el argumento de que a los empresarios les queda el 44 por ciento de la operación.

El alcalde Gustavo Petro ha justificado su intervención en el negocio de las basuras con el argumento de que a los empresarios les queda el 44 por ciento de la operación.

Foto: CARLOS JULIO MARTÍNEZ/SEMANA

La mayor prueba de fuego del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en su primer año de administración, comenzará el próximo 18 de diciembre. En esa fecha entrará en funcionamiento un nuevo sistema de recolección de basuras administrado por el Distrito que sustituirá al modelo de prestación privada que i
mperó en los últimos ocho años. Ese día, como él mismo lo ha expresado, "o somos derrotados o ganamos". La frase no solo advierte hasta qué punto la puja por el negocio de los desechos se convirtió en una guerra sino también que el futuro político del burgomaestre depende de qué tan limpia esté la capital en fin de año.

A solo una semana de ese 'día D', cuando terminan los contratos con los actuales operadores privados, aún no se sabe quién recogerá las basuras de las calles bogotanas y lo que es peor, cómo será la operación. La incertidumbre ha motivado advertencias de la Procuraduría, alertas de la Contraloría de Bogotá, una solicitud de investigación de la Personería Distrital, una investigación preliminar de la Superintendencia de Industria y Comercio y derechos de petición de la Defensoría del Pueblo. Rara vez todas las 'ías' han puesto su lupa sobre un hecho al mismo tiempo. El interés es lógico: además de tratarse de un servicio público de los bogotanos, está en juego un lucrativo negocio que mueve más de 300.000 millones de pesos al año.

Desde mediados de octubre, cuando Petro anunció que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recogería las basuras en un monopolio estatal, los días pasaron al vaivén de noticias y anuncios contradictorios. Tanto la modalidad de operación como el papel de las empresas privadas cambiaban de una declaración a otra.

El gerente del Acueducto, Diego Bravo, por ejemplo, dijo que había acercamientos con los actuales operadores para que prestaran el servicio en algunas zonas. Hubo quien pensó que se trataba de una renegociación del contrato vigente con el fin de estirar el plazo para poder hacer el próximo año una nueva licitación. Una opción que podría constituir un punto medio donde Petro y los privados podrían declarar victoria.

Sin embargo, cualquier posibilidad de acuerdo entre el gobierno distrital y los operadores quedó liquidada luego de que el diario El Espectador reveló la semana pasada una conversación privada entre Petro, el presidente del sindicato del Acueducto, Néstor Castro, y otros funcionarios. En la grabación el alcalde dijo que sacaría un decreto que impediría que los operadores sacaran sus carros a partir del 18 de diciembre. Según se infiere de la conversación, el mandatario distrital usaría su autoridad para presionar a los operadores a vender sus carros nuevos y así poder quitarles el negocio de la recolección de basuras. También quedó claro que Petro era consciente de que el decreto sería demandado, pero mientras tanto ganaría tiempo y los operadores "perderían una platica". Además de esa jugada, el alcalde deja entrever que está interesado en que los empleados de las empresas privadas pasen a ser empleados del Distrito y les pide a los asistentes a la reunión que obtengan las bases de datos de las empresas de aseo.

Si hace unos meses esta guerra por la basura había sido declarada, la capital empezó a vivir los primeros cañonazos. Durante la semana pasada, baterías de abogados y asesores de las partes alistaban sus argumentos y figuras jurídicas. Las filtraciones de información clave a la prensa estuvieron a la orden del día. Los equipos de trabajo de la Alcaldía bogotana y de los operadores permanecían acuartelados cada uno en sus sedes, esperando la jugada del otro.

"Desesperados en detenernos antes del 18 porque saben que el 18 la ciudad estará mas limpia que ahora, y sabremos el tonelaje real facturado", escribió Petro en su cuenta de Twitter refiriéndose a los operadores. Mientras tanto, las compañías de aseo anunciaban que la tarifa de recaudo sería un 20 por ciento más barata, pues al vencerse el contrato el 18 de diciembre ya no deben pagarle unos dineros a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

Plan de batalla

No obstante, a pesar de estrategias y movimientos desplegados por Petro y los privados, el plan para resolver una potencial crisis de basuras en Bogotá es confuso. De hecho, al cierre de esta edición no se había publicado el contenido del decreto de la discordia y que enmarca la recolección de desechos. Sin embargo, en el programa matinal del Canal Capital, el alcalde dio algunas luces sobre algunos elementos de su estrategia. Dijo que serían empresas de otras ciudades las que prestarían sus camiones —aunque se abstuvo de mencionar cuáles—, en la modalidad de arriendo. También esbozó en líneas gruesas los objetivos de su plan: que la ciudad recicle y aproveche sus basuras para disminuir el impacto ambiental que genera llevar toneladas de residuos al relleno Doña Juana. Un propósito loable teniendo en cuenta que la ciudad necesita un modelo de reciclaje, pero el diseño de su funcionamiento no está todavía claro. Petro indicó, por ejemplo, que estaba en trámite la licitación para comprar nuevos camiones de alta tecnología, pero no dijo cuándo llegarían a la ciudad. (En otras declaraciones oficiales, el Distrito había dicho que compraría una flota de 400 camiones a razón de 80.000 millones de pesos).

SEMANA accedió a un documento elaborado por el Acueducto que da cuenta de algunas de las orientaciones que tendrá el nuevo sistema. La revista también conoció la respuesta de la Alcaldía al derecho de petición que le envió la Defensoría del Pueblo. Lo previsto en esos documentos da cuenta de que la estrategia podría ser insuficiente para atender la demanda de basuras. En palabras del defensor del Pueblo, Armando Otálora: "Debemos concluir que prevalecen muchos de los interrogantes de la Defensoría y los bogotanos".

En primer lugar, la Alcaldía contempla un modelo de transición por un año, mientras que se prepara una nueva concesión de las zonas de Bogotá. Según lo programado, se creará una nueva filial de la empresa Acueducto de Bogotá, cuyo nombre sería Aseo Bogotá S.A.S. Esa empresa se encargaría de comprar 150 carros compactadores usados y arrendar otros 76 mientras llega la flota nueva de propiedad del Distrito. La modalidad de esa contratación es directa, o sea que esa empresa podría escoger a dedo los empleados y a quién le da los contratos. Y la fecha de llegada de esos carros sería el 11 de diciembre —solo una semana antes de que acaben los contratos—. No obstante, la cantidad de carros (226) no es suficiente. En este momento, la ciudad necesita más de 400 carros para suplir el servicio.

El documento también contempla la "operación temporal" de 600 volquetas (del acueducto) para recoger las basuras. Sin embargo, el uso de estos vehículos supone dos problemas: las volquetas recogen menos de la mitad de lo que recoge un compactador y además no separa los lixiviados (líquidos tóxicos) de la basura. La posibilidad de que por la calle se vean volquetas destilando lixiviados significaría un problema ambiental con connotaciones legales para el alcalde.

La otra salida para responder a la demanda de camiones tecnificados es que Petro se atreva a pedirle a la Policía que incauten los vehículos de las actuales operadoras, en caso de que estas los saquen a la calle. Una decisión de esa envergadura, si bien improbable, supondría un harakiri político, pues inmediatamente quedaría con la imagen de expropiador y discípulo de Chávez. Y la crisis, con matices de abuso de poder, llegaría a un punto no imaginado.

Aunque el alcalde ha defendido la tesis de que el Distrito es el dueño de esos equipamientos, no hay claridad jurídica sobre la propiedad. Quien debe dirimir ese enredo es un tribunal de arbitramento que podría tardar un año y medio en resolverlo. Cualquier salida distinta, como la incautación en nombre del bien común, no solo es un mensaje negativo que espantaría a los inversionistas de otros países, sino una violación de la ley.

Por el lado de los operadores, ellos consideran que la ciudad está en libre competencia. Aunque algunos han dicho que podrían salir a las calles a recoger las basuras como lo han venido haciendo, lo más probable es que esperen a ver cómo responde el alcalde a la magnitud del desafío.

La expectativa de la capital del país gira en torno a un tema, las basuras, que ni siquiera puntea dentro de las prioridades de los bogotanos como la movilidad. En medio de una aprobación que no supera el 40 por ciento en varias mediciones, el alcalde Petro puso todos los huevos de su patrimonio político en una sola canasta. Una jugada arriesgada que, de salir mal, pagarían los capitalinos con su calidad de vida. Lo más grave es que, con las estrategias jurídicas y operativas desplegadas, las posibilidades de que sean un éxito son bajas. Falta ver qué pasa el 18 de diciembre, día en el que, como dijo, o es derrotado o gana.
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