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| 11/27/2010 12:00:00 AM

18.000 ex paras en alerta

El país no se ha percatado de la gravedad del fallo de la Corte Constitucional que deja en un limbo jurídico a los desmovilizados. No solo plantea un riesgo a la seguridad nacional, sino que podría cerrar las puertas de cualquier otro proceso de paz. El gobierno le apuesta a cerrar el boquete antes de terminar el año.

Colombia es un país muy singular en materia de noticias. Esta semana, la Corte Constitucional emitió un fallo que prácticamente acaba con el proceso de paz de los paramilitares, pero, con excepción del gobierno, que ha prendido las alarmas sobre el efecto del mismo, nadie más parece haberse sacudido.

El fallo es sencillo: tumbó una ley del año pasado que permitía aplicarles el principio de oportunidad a los desmovilizados rasos. Es decir, le daba el aval al Fiscal para que no los investigara. Y en la práctica la sentencia tiene un efecto demoledor sobre la seguridad del Estado, deja en un limbo jurídico a unos 18.000 ex paramilitares y produce una paradoja nunca vista en otros procesos de negociación en el mundo: los ilegales de base, muchos de los cuales cumplían tareas logísticas o de patrullaje, pueden recibir condenas mayores que las de sus jefes.

Mientras un comandante de las autodefensas, como 'el Iguano', que confesó más de 1.000 asesinatos en Norte de Santander, debe pagar ocho años de prisión, un joven que se unió a última hora a ese grupo armado podría recibir una condena de 8 a 18 años por el delito de concierto para delinquir. Ese trato diferencial, de llegar a convertirse en realidad, sería no solo un absurdo, sino un tiro de gracia para una negociación como esta, que en su momento permitió la desmovilización de 32.000 paramilitares.

La diferencia de las condenas se da porque los cabecillas, por tener delitos más atroces, debían postularse a la Ley de Justicia y Paz para ser sometidos a un proceso penal especial y pagar sus respectivas condenas. Y así lo hicieron 3.000 de ellos. En cuanto a los paramilitares rasos, cerca de 8.000 ya fueron indultados por los jueces o cesó su investigación la Fiscalía cuando la Corte aún no se había pronunciado. Unos miles más murieron o recayeron en el delito. Y los demás, cerca de 18.000, esperaban, como se les había prometido, que se les aplicara el principio de oportunidad.

Pero ahora, el fallo de la Corte Constitucional los vuelve a poner en ascuas. Precisamente, Jorge Iván Laverde, 'el Iguano', le dijo a Caracol Radio, desde Cúcuta, que los ex jefes paramilitares suspenden su participación en el proceso mientras no se resuelva el problema. "Este proceso como va, va muy mal. Nos preocupan esos 18.000 desmovilizados que están ad portas de ser capturados, que no saben qué hacer y van a terminar en el monte porque el gobierno nacional no hizo una verdadera reinserción", dijo.

La semana pasada el gobierno hizo malabares para intentar tapar esa tronera que se abrió. Hubo reunión urgente del Consejo de Política Criminal. Se estuvieron barajando varias opciones y, finalmente, el viernes por la tarde decidió presentar un proyecto de ley para solucionar el problema.

El riesgo inmediato es que los desmovilizados, ante el temor de ser detenidos, se incorporen a las bandas criminales. Pero el presidente Juan Manuel Santos, en persona, les pidió a los ex paramilitares que confíen en el gobierno. "No hagan caso a quienes les digan que abandonen el programa, ni mucho menos a esas voces malignas que los invitan a regresar a la ilegalidad. Ustedes ya hicieron lo correcto, que es dejar la violencia, y ahora nos toca a nosotros cumplir con lo pactado", anunció el jueves desde Cartagena.

¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hay detrás de esta decisión de la Corte Constitucional?

El fallo tiene tanto de ancho como de largo. La votación final fue 5-4, lo cual indica que la decisión no estuvo fácil. Incluso la ponencia, que era del magistrado Humberto Sierra, a favor de mantener el principio de oportunidad para los desmovilizados fue derrotada. Con Sierra, también salvaron el voto Juan Carlos Henao, otro de los magistrados más reconocidos en el mundo jurídico, así como Jorge Pretelt y Mauricio González.

Los otros cinco magistrados esgrimieron un argumento de fondo para tumbar la ley: según ellos, a los ex paramilitares no se les puede aplicar el principio de oportunidad, porque eso implicaría que el Estado renuncia a investigar a quienes, a pesar de ser paramilitares rasos, hicieron parte de una organización involucrada en delitos de lesa humanidad.

El principio de oportunidad, dice la Corte, es un instrumento de la justicia ordinaria que no puede ser aplicado en el marco de un proceso de justicia transicional como este. Hace un paralelo entre la Ley de Justicia y Paz, que es de 2005, y la ley del año pasado que tumbó, para mostrar que mientras la primera cumplía ciertos requisitos mínimos, esta otra -la 1312 de 2009- daría paso a la impunidad total. Mientras la Ley de Justicia y Paz, dice la Corte, a pesar de que "sometió" la justicia, preservó ciertos requisitos de verdad y reparación "y preveía la imposición de penas alternativas con la posibilidad de aplicar las ordinarias si se incumplían los compromisos asumidos"; la del año pasado, "por el contrario, sin establecer elementos de justicia, verdad y reparación a las víctimas, autoriza a la Fiscalía a renunciar a su obligación de investigar y juzgar a los desmovilizados por crímenes en donde la impunidad resulta inadmisible".

El fallo ha dado lugar a un arduo debate no solo en la Corte, sino en el propio gobierno, que si bien ha sido muy respetuoso de la decisión y ha sido enfático en decir que la acata, lo cierto es que no todos sus funcionarios la comparten. Para quienes consideran que los paramilitares no han recibido suficiente condena por sus crímenes, el fallo debe ser en parte respuesta a sus quejas. Sin embargo, los magistrados que salvaron el voto no solo manifestaron su "absoluta discrepancia" con el fallo, sino que en siete puntos cuestionan la decisión de la mayoría.

Lo más paradójico, como lo señalan los magistrados que salvaron el voto, es que la Corte Suprema había dicho que no se podía indultar a los desmovilizados porque no era un delito político, sino un delito común, y el fallo de la Corte Constitucional dice que no les permite el principio de oportunidad porque es para delitos comunes y no para procesos de paz o de regularización.

Pero tal vez el punto más polémico del fallo es que la Corte Constitucional considera que los paramilitares rasos, por el hecho de pertenecer al grupo, incurrieron en delito de lesa humanidad. Lo cual puede tener implicaciones futuras para otros procesos de paz, pues, eventualmente, a los guerrilleros también habría que darles ese tratamiento. Y a todo empresario o militar que haya apoyado a los paras se le juzgaría conforme a ese criterio.

El presidente Juan Manuel Santos entendió de inmediato la gravedad de lo ocurrido con los más de 18.000 desmovilizados y convocó de urgencia al Consejo de Política Criminal. El viernes en la tarde, el ministro Germán Vargas anunció que el lunes sería radicado un proyecto de ley, con mensaje de urgencia y debate en comisiones conjuntas, para cerrar la tronera antes de que terminen las sesiones del Congreso, el próximo 16 de diciembre.

La idea central del proyecto de ley es que cada uno de los desmovilizados será procesado y recibirá la condena que le corresponda, pero no estará en ningún momento privado de la libertad. Para eso se diseñarán ciertos beneficios y se incorporarán en la ley elementos de justicia transicional que permitan que se cumpla con la verdad, la justicia y la reparación que reclama la Corte.

Al contrario de lo que mucha gente cree, la pelea que marcó en los últimos años la historia de Colombia, la del presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema, no comenzó con el escándalo de la parapolítica. Uno de los primeros rifirrafes se dio por el tratamiento dado a los desmovilizados rasos en 2007. En ese entonces, la Corte Suprema dijo que no se les podía asimilar a delincuentes políticos, y así cerró las puertas del indulto para ellos. Hoy, cuatro años después, el fantasma de esa confrontación parece que sigue rondando.
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