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| 12/18/2010 12:00:00 AM

¿1991 o 1984?

Un sector político logró que el proyecto de Ley de Víctimas ampare las afectadas desde 1991, pero otro sector del Congreso y el propio gobierno creen que debe ser desde 1984. ¿Quién tiene la razón?

Muchas guerras comienzan un día cualquiera con un agravio: un asesinato, como el de Jorge Eliécer Gaitán, una invasión a otro país o una pequeña excusa, como un florero que se rompe. Pero la guerra contemporánea colombiana no tiene un hito de comienzo y eso ha hecho muy difícil ponerles un marco de tiempo a las políticas de reparación, pues cualquier corte que se establezca tiene una dosis de arbitrariedad.

El asunto, que parecía irrelevante y de fácil acuerdo en la Ley de Víctimas, se ha convertido en un punto de discordia inesperado. Después de haber logrado acuerdos en puntos tan sensibles como la inclusión de las víctimas de agentes del Estado en la ley o invertir la carga de la prueba para la restitución de tierras, la fecha desde la cual se reconocerán las víctimas se volvió un asunto central y de alta consideración política.

La ley, tal como salió aprobada el lunes de la Cámara, dice que solo se reconocerán como víctimas a quienes reclamen por hechos sucedidos después del primero de enero de 1991. La fecha generó el retiro airado de los congresistas del Polo Democrático, mientras los sectores del Partido de la U y conservadores que no han simpatizado globalmente con el proyecto la convirtieron en un asunto de principios. Los representantes de la izquierda se fueron furiosos, con sobradas razones, dado que durante los años 80 ocurrió el genocidio contra la UP, se inició una ola de masacres en Urabá y el Magdalena Medio que dejaron centenares de muertos, y se cometieron magnicidios de importantes figuras de la política y la intelectualidad, como Héctor Abad Gómez, y los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa y Luis Carlos Galán. También ocurrieron masacres tan brutales como las de La Rochela, los 19 comerciantes y Segovia, y se inició el despojo de tierras, por ejemplo, en Córdoba, donde Fidel Castaño causó los primeros desplazamientos de campesinos hacia Montería.

Los representantes más a la derecha, como algunos miembros del Partido Conservador y de La U, amenazaron con retirarse de la votación y hundir la ley si se tomaba una fecha más atrás -es decir, la de 1984-, pues, según su criterio, no hay plata para tanta gente y menos con una crisis humanitaria como la que se está viviendo en Colombia con el invierno.

Todo el lío de la fecha comenzó semanas atrás, cuando el director del Partido Liberal, Rafael Pardo, propuso que se tomara como referencia abril de 1993, porque en ese momento se expidió la ley de orden público que reconocía la existencia de los actores. Con esta fecha salió el proyecto de la Comisión, pero era cuestionada por mucha gente, incluso de su partido, como Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera. Luego, en la mesa de la Unidad Nacional, se habló de 1991, a partir de la nueva Constitución, ya que ella misma había sido fruto de unos acuerdos de paz. Pero posteriormente los liberales, en cabeza del mismo Pardo, convencieron al propio presidente Juan Manuel Santos de que la fecha más racional era el año de 1984, fecha en la que comenzó en serio la llamada guerra sucia, con el exterminio de la UP y el narcoterrorismo. Además, es un periodo en el que estaban relativamente configurados los actores del conflicto: las guerrillas se habían expandido por todo el país durante la tregua con el gobierno de Belisario Betancur y los paramilitares ya estaban operando como tal en muchas regiones, agrupados en el MAS. Adicionalmente, miles de personas fueron victimizadas por el narcotráfico, especialmente por el cartel de Medellín, y hoy buscan no solo justicia, sino reparación.

Esta fecha es incluso aceptada por muchos expertos. Aunque en Colombia ha hecho carrera la idea de que van 60 años en una guerra continua, esto no es tan cierto. El Frente Nacional, con todo y que las guerrillas estaban incubándose y creciendo, fue un periodo de relativa paz política, aunque durante mucho tiempo estuvo disparado el bandolerismo. Por esto incluso la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr) decidió, después de mucho debate, que la fecha que ellos tendrían como base para sus proyectos de reparación y memoria sería 1964, año en el que nacieron las Farc. Aun así, técnicamente la guerra interna sí comenzó en los años 80, si se tiene en cuenta que en este periodo se escaló la violencia, los grupos armados empezaron a controlar territorio y el propio presidente Betancur reconoció la existencia de un conflicto al pactar una tregua bilateral e iniciar un proceso de paz con varios grupos insurgentes, pero especialmente con las Farc.

Todos estos argumentos convencieron de nuevo al gobierno para que su bancada votara el lunes a favor del año 84. Pero para el ministro Juan Camilo Restrepo esa fecha podría terminar obstruyendo, a su manera de ver, el proceso de restitución de tierras por una razón sencilla: a los 20 años prescribe la reclamación sobre ella, e iniciar procesos ya prescritos por ley podría ser inviable. "De ahí se pegaron los otros para estrechar el tiempo de la ley", dice Rivera. Los congresistas de La U, especialmente, argumentaron que con este corte de tiempo la ley era viable.

El argumento de la viabilidad fiscal no es muy fuerte por varias razones. Por un lado, entre el 84 y el 91 hay cerca de 25.000 víctimas de un total que en el caso de la reparación administrativa llegó a ser de 300.000, pero que con la ley puede llegar a ser de dos millones de personas. Es decir, incluir a las víctimas de los años 90 no es tan significativo en términos económicos como para quebrar al Estado. En segundo lugar, hay abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional que indica que los argumentos fiscales no pueden convertirse en una negación de derechos, como se podría configurar en este caso. Tampoco es muy convincente que 1991 sea una fecha símbolo de la nueva Constitución, puesto que los dos principales grupos armados que llenaron de víctimas al país, las Farc y los paramilitares, estaban actuando desde mucho tiempo atrás.

Donde sí puede haber razón es en el caso que esgrime el ministro Restrepo. Una cosa es que el gobierno esté dispuesto a hacer una masiva restitución de tierras por vía administrativa, cuando se pueda, o apelando a una justicia transicional, como la que establece la ley. Restituir tierras usurpadas hace más de 20 años es complejo porque han prescrito las acciones en estos casos y eso podría ser una talanquera para ponerles orden a los títulos de tierra en corto tiempo, como pretende el gobierno.

Pero la contracara de estos argumentos prácticos es que en un tema tan delicado no se puede pecar de pragmatismo y terminar cometiendo una injusticia. No todas las víctimas aspiran a restitución de tierras, y la ley está pensada para una reparación integral, que incluye, entre otras cosas, el reconocimiento simbólico como tal. Por eso sería muy mal visto que las víctimas de los 80 queden excluidas incluso de su condición. Una de las virtudes de la ley hasta ahora es que se ha intentado mantener un acuerdo amplio entre todos los partidos, aun los de oposición, para que esta salga adelante. Romper ese consenso sería un golpe muy duro para el espaldarazo que la ley requiere.

Por eso la apuesta del Partido Liberal, que ha liderado el debate de la ley, será a que en marzo, cuando arranque la discusión en el Senado, se busque un punto intermedio. Que la ley contemple a las víctimas desde el 84, pero que la restitución de tierras se haga apenas desde 1991. Esa es una fórmula salomónica, que no necesariamente es justa, pero que es lo que puede lograrse para no terminar hundiendo una iniciativa que es crucial para el país.

Por eso en marzo, cuando el Senado reabra el debate, este será el punto de partida, y el gobierno tendrá que poner todo su empeño en convencer a su bancada de que fue en los aciagos años 80 cuando empezó el conflicto que hoy se quiere reparar.
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