Congreso, atado a lo que suceda en La Habana

Desde que el Gobierno y las FARC se sentaron para negociar el fin del conflicto, hace más de dos años, en el Congreso se ha respirado un extraño ambiente de parálisis. Es probable que como en La Habana las partes discuten asuntos que inevitablemente se tendrán que traducir en reformas, los partidos políticos, sin excepciones, prefieran guardar mesura, pese a que temas como la reforma agraria, sean una urgencia histórica, y una deuda del Estado desde décadas atrás.

Cuando el presidente Juan Manuel Santos inició su primer periodo anunció que su gobierno pasaría a la historia como uno de los más reformadores de la historia. En su primera legislatura, el Congreso fue su principal aliado, y sacó adelante iniciativas de mucho impacto y trascendencia como la Ley de Víctimas y la Reforma a las Regalías, la Ley de Primer Empleo, el Estatuto Anticorrupción, la Reforma a la Salud y la Regla Fiscal, entre otras.

Posteriormente, el Marco para la Paz, que le dio una especie de pista de aterrizaje a las FARC en caso de que acordaran dejar las armas y reincorporarse a la vida civil.

Pero, precisamente, desde cuando inició el proceso de paz, la ambiciosa agenda reformista del presidente Santos ha estado en parte congelada. Incluso un par de iniciativas del Ministerio de Agricultura fueron retiradas en medio de polémica, como fue el proyecto sobre baldíos. Lógicamente la oposición de derecha atribuyó este hecho a supuestas presiones de las FARC y de la Mesa de La Habana.

Por eso el presidente del partido de gobierno (La U), senador Roy Barreras, reclamó del Gobierno recuperar su agenda reformista que ha estado ligeramente paralizada. “Las reformas sociales que requiere Colombia hay que hacerlas con paz o sin paz. Con FARC o sin FARC”, considera Barreras.

Y entre esa agenda reformista son varias las asignaturas aún pendientes. Una reforma agraria integral, una reforma tributaria, la reforma ambiental, el código minero que ponga en cintura la minería criminal, reglamentar la explotación ilegal y garantizar la competitividad, la creación del ministerio de la seguridad ciudadana (uno de los tantos anuncios de campaña), la reforma a la educación superior (varias veces aplazada), la reforma ordinaria a la salud, y la reforma al Sistema Penitenciario que atienda la crisis humanitaria que supone el hacinamiento carcelario.

Son múltiples las ocupaciones que tienen que atender el Congreso, que por lo visto en los últimos años se mueve al ritmo que imponga el Gobierno, sin mayor independencia o autonomía.

Gobierno, ¿por otro lado?

Sin embargo, los planes del Ejecutivo parecen otros. Y estos temas probablemente no sean la prioridad en el periodo legislativo que se extenderá hasta julio del 2016.

Las urgencias para el Gobierno se concentran en 11 iniciativas, tres de ellas continuarán su trámite en el proyecto, las otras serán radicadas desde la próxima semana.

El Código de Policía, la ley de viviendas seguras, y el proyecto que crea las zonas de interés y desarrollo rural, económico y social (Zidres) que busca fomentar más proyectos productivos para campesinos sin tierra y a sacar provecho a miles de hectáreas en zonas con gran potencial, serán las que continúen su trámite.

Un proyecto presentará el Ministerio de Justicia: una nueva ley de pequeñas causas y delitos menores, que pretende que los delincuentes no salgan a las calles a las pocas horas de ser capturados.

El Ministerio del Interior presentará una reforma a la Ley del Deporte, para incrementar incentivos y apoyo a nuevos talentos, así como proteger a viejas glorias del deporte nacional. También una reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil.

Como todos los años, este semestre el Ministerio de Hacienda tendrá que poner en consideración el presupuesto general de la Nación. También anunció una reforma tributaria para las entidades sin ánimo de lucro, y la ley de licores y monopolios. El Ministerio de Cultura propondrá la estampilla Procultura, para recaudar fondos y así garantizar la pensión de vejez para artistas en condición de vulnerabilidad.

Esta agenda se puede advertir poco ambiciosa, lo que parece indicar que la apuesta reformista del Gobierno parece estar atada, con prudencia, a los resultados del proceso de paz. A esto hay que sumarle que hasta el mes de octubre, cuando se lleven a cabo las elecciones, los congresistas estarán ocupados buena parte del tiempo en las actividades propias de la campaña donde se juegan el poder regional.