Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2015/12/19 21:00

Colombia a la vanguardia en materia de derechos

En este año Colombia legalizó la eutanasia, permitió a las parejas gais adoptar hijos, y autorizó el uso medicinal de la marihuana, entre otros derechos.

En 2015 se presentaron profundos e intensos debates sobre la posibilidad de reconocer nuevos derechos, libertades o principios, algo que difícilmente se puede ver en la mayoría de países pobres o en vía de desarrollo.

Y si bien es cierto, la Justicia, especialmente la Corte Constitucional, ha marcado la pauta en este tema desde hace años, es destacable que ahora el propio gobierno, empezando por el presidente y sus ministros, ha salido a defender o a plantear discusiones de fondo como la suspensión de las fumigaciones de cultivos ilícitos con glifosato, el uso terapéutico de la marihuana, la luz verde al derecho a morir dignamente o el debate sobre permitir el aborto en cualquier circunstancia. Pero también ha apoyado decisiones muy controversiales, como la que tomó la corte de permitir a las parejas del mismo sexo adoptar niños.

Estos y otros asuntos, que están en el orden del día en los países más desarrollados, dejan ver que en la sociedad colombiana también se están presentado cambios importantes. Las sociedades solo cambian cuando están listas para hacerlo y, por lo ocurrido en este año, eso está pasando en Colombia. Estos son algunos de los logros más importantes registrados en 2015.

Giro a la política antidrogas


En 2015, el país dio un giro de 180 grados que no solo sorprendió a los propios colombianos sino a la comunidad internacional. Después de 30 años de mantener una política férrea y de ser el principal socio de Estados Unidos en la lucha contra los estupefacientes, el gobierno planteó que no era posible enfrentar este flagelo como un problema criminal y policivo sino de salud pública. Y en mayo, el Consejo Nacional de Estupefacientes suspendió el uso de glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos, argumentando que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo incluyó en la lista de posibles cancerígenos.

Ambientalistas, ONG y las comunidades de los lugares frecuentemente fumigados celebraron esta medida que también ha sido duramente criticada. Tanto para funcionarios del gobierno estadounidense como para el procurador Ordóñez, la suspensión del glifosato ha sido perjudicial para la lucha contra el narcotráfico y ponen como prueba el aumento de los cultivos de coca. Sin embargo, la medida ha servido para establecer lazos de confianza entre las comunidades y el Estado ya que no se sienten perseguidas.

Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos, que desde 2012 había planteado en la Cumbre de las Américas revisar los resultados de la guerra contra las drogas, ratificó en su discurso ante la ONU, en septiembre, su compromiso por crear una estrategia en la cual se pueda combatir el problema de la droga con un enfoque educativo y de salud para “combatir las raíces sociales del fenómeno”. Días antes de ese discurso, el mandatario había anunciado el Plan Integral de Sustitución de Cultivos que buscaba ir más allá de la persecución a las mafias, tratar el consumo de drogas como un tema de salud pública, llegar a acuerdos con los campesinos para erradicar los cultivos y darles nuevas oportunidades.

Y para finalizar, el 11 de diciembre el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, expuso una propuesta construida por su despacho, junto con el Ministerio de Agricultura y el de Justicia, que da vía libre a la siembra y comercialización de marihuana con fines médicos y científicos. El proyecto contempla que el Consejo Nacional de Estupefacientes otorgue los permisos para cultivar, fabricar e incluso exportar cremas, aceites y, en general, medicamentos hechos con marihuana. Los ministros redactaron el decreto, que consta de 46 artículos y en este momento espera sanción presidencial, para reglamentar algunos aspectos de la Ley 30 de 1986, el Estatuto Nacional de Estupefacientes. De todos modos, este proyecto no implica despenalizar el uso recreativo de la yerba ni su tráfico.

Derecho a morir dignamente, el primero en América Latina



Aunque en 1997 la Corte Constitucional, por medio de la Sentencia C-239, despenalizó la eutanasia o el derecho a morir dignamente, los colombianos no habían podido acceder plenamente pues el Congreso de la República nunca quiso expedir una ley que lo reglamentara. Este vacío abría la posibilidad de que el médico o las personas que ayudaran a morir a un paciente terminal asumieran responsabilidades penales y quedaran expuestos a ser condenados a penas de hasta seis años de prisión. Frente al creciente número de demandas y tutelas de personas que querían detener su sufrimiento o el de sus familiares, a finales de 2014 la corte le pidió al Ministerio de Salud establecer un protocolo médico para garantizar este derecho.

El ministro del ramo, Alejandro Gaviria, tuvo que dar una dura batalla ideológica y política con el procurador Alejandro Ordóñez o las diferentes iglesias, entre otros. A pesar de las presiones, el gobierno expidió la guía el 20 de abril, lo que llevó a Colombia a convertirse en el primer país en América Latina en legalizar la muerte asistida.

Pero su aplicación, al igual que otros derechos como el del aborto, no será fácil. Así quedó en evidencia cuando Ovidio González, padre del famoso caricaturista Matador, solicitó morir dignamente para poner fin a los dolores y sufrimientos que le causaba un cáncer en la boca. Tras una dura batalla no solo legal sino contra algunos médicos que se opusieron, la familia de González pudo cumplir su deseo.

Hasta el momento, en los registros del ministerio tan solo hay cuatro personas que han recurrido a este derecho, una posibilidad ética a la que solo se puede acceder en pocos países, especialmente desarrollados, como Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Japón, India, Suecia, Suiza y Zimbabue.

Adopción sin condiciones


El 5 de noviembre la comunidad LGBTI sumó un importante triunfo en la lucha por conseguir la igualdad de derechos. Ese día, la Corte Constitucional dio vía libre a las parejas gais para que adoptaran hijos sin restricciones. Argumentó el derecho de los niños a tener una familia y dio por sentado que muchos estudios científicos sostienen que la orientación sexual no afecta ni física ni mentalmente a los menores.

Este avance se suma a otros como el ocurrido en enero de 2015, cuando el tribunal estableció que los homosexuales podían adoptar los hijos biológicos de sus compañeros sentimentales, a partir del famoso caso de dos mujeres, Verónica Botero y Ana Elisa Leiderman, que habían demando para que Botero también pudiera ser, legalmente, la madre del hijo de su compañera.

Aunque el magistrado Jorge Iván Palacio presentó ponencia favorable para la adopción igualitaria en enero, se presentó un empate en votos (cuatro a favor y cuatro en contra) por lo cual la decisión pasó al conjuez Jaime Córdoba Triviño y quedó detenida unos meses. Finalmente, en noviembre, con una votación de seis contra dos, la corte declaró exequibles los artículos 64, 66 y 68 de la Ley 1098 de 2006 del Código de Infancia y Adolescencia y determinó que la orientación sexual no era un criterio válido para negar la adopción.

Aborto en cualquier caso

La Corte Constitucional aprobó en la Sentencia C-355 de 2006 el aborto bajo tres causales: violación, malformación del feto y cuando esté en peligro la salud de la madre. Pero el 10 de noviembre de este año el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, anunció que radicaría en el Congreso un proyecto normativo para dar vía libre al aborto sin condiciones durante las tres primeras semanas de gestación. Aunque el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, declaró estar de acuerdo pues opina que hace parte de las libertades individuales de las mujeres, consideró que habría que revisar esta propuesta. Sin embargo, dijo que no le parecía idónea, ya que, según él, el problema de los abortos ilegales no es de normas sino de carácter cultural.

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