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Una de las tarjetas "Tu llave". | Foto: Daniel Reina

BOGOTÁ

Bogotá: $55.000 millones ha costado la no integración del SITP

El Personero de la capital pide al Distrito y contratistas indemnizar a la ciudad por esa cuantía.

11 de mayo de 2015

El personero de Bogotá, Ricardo María Cañón, se ha convertido en una piedra en el zapato para el alcalde Gustavo Petro. Fue quien pidió medidas cautelares sobre el predio de La Conejera, donde tiene intereses una constructora del cuñado del alcalde, y ahora pretende que la administración distrital indemnice a la ciudadanía por la no integración del mecanismo de pago del Sistema Integrado de Transporte, Sitp.

Para Cañón, y según estudios de la propia Personería, el que hoy los ciudadanos no puedan utilizar todas las rutas del transporte público con una sola tarjeta de pago ha significado un sobrecosto para los usuarios cuantificado en $55.000 millones. Por eso presentó una acción de grupo contra la Alcaldía Mayor, la superintendencia de puertos y transportes, y las firmas contratistas Angelcom S.A., Recaudo Bogotá S.A., Transmilenio S.A. y Unión Temporal FASE II, en la que reclama una millonaria reparación en favor de los ciudadanos que se han visto afectados por la falta de integración oportuna en el método de pago y en la tarifa.

Según el personero los decretos de 2006 y 2009, que definieron la entrada en operación del SITP, establecieron que la integración del método de pago ha debido entrar en plena vigencia desde el 1 de agosto de 2012.

Pero hoy, casi tres años después de este plazo, la operación de recaudo en el sistema de transporte se hace con dos tarjetas: la verde “Tu llave” para la fase III de Transmilenio y los buses del SITP, y las tarjetas rojas “Cliente Frecuente” o “Monedero” azules para las fases I y II de Transmilenio.

Además de la incomodidad que genera a los usuarios la necesidad de tener dos tarjetas para utilizar el transporte público colectivo, el personero de Bogotá advierte sobre los perjuicios que la demora en la integración le ha supuesto al bolsillo de los bogotanos.

Según el decreto 356 de 2012 del alcalde Petro, en el que se estableció la tarifa del transporte público, se estipularon tarifas diferenciales para pasajeros de condiciones especiales, tales como la edad, la hora de uso, y un beneficio económico para el transbordo en las diferentes modalidades del sistema.

Sin embargo, según lo comprobó la Personería, los usuarios que tengan tarjetas rojas o azules no se pueden beneficiar de la tarifa del transbordo, que es de $300 y gratis en horas valle, sino que tienen que pagar un nuevo pasaje para subirse a otros buses del sistema.

Para el personero, la no unificación de la integración tarifaria del transporte ha supuesto un sobrecosto para los usuarios que no utilizan la tarjeta Verde Tu llave, pues a ellos no les aplica el descuento por transbordo en el SITP.

“Los usuarios del sistema que realizaron trasbordo de las Fase I y II zonal y viceversa incurrieron en un costo adicional aproximado de $4.911.070.973 millones de pesos por la no integración del medio de pago”, señala el personero en una acción de grupo que interpuso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En ella pide que se declaren solidaria y civilmente responsables a la Alcaldía de Bogotá, y a las contratistas encargadas del recaudo del sistema de transporte por los daños y perjuicios ocasionados a la ciudadanía por la no entrada en vigencia de la integración tarifaria del transporte público.

Pide que se condene al Distrito, a la Superintendencia de puertos y transporte, y las firmas Angelcom, Recaudo Bogotá, y Transmilenio S.A., a pagar a manera de reparación 55.000 millones. Asimismo, y con sustento en una sentencia del Consejo de Estado, pide a los demandados rebajar el precio del servicio del transporte público, también como reparación al daño causado.

La integración del medio de pago del SITP, que estaba prevista para entrar en plena vigencia en agosto de 2012, es una de las deudas de la administración capitalina, y ahora, por este recurso, podría tener millonarias implicaciones económicas.