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| 8/5/1996 12:00:00 AM

8.000 A LA GRINGA

La Fiscalía de la Florida consolida un expediente por asesinato contra Miguel Rodríguez y su hijo William e involucra a los norteamericanos y colombianos que han recibido plata del cartel.

En Estados Unidos se conoce como el caso Cornerstone (Piedra Angular) y en el mundillo de los penalistas de Miami se le considera como la más humillante lección que se le ha dado a los abogados que no tienen claras las fronteras entre la defensa y la complicidad con sus clientes, en este caso los cabecillas del cartel de Cali. El expediente del Distrito Sur de la Florida tiene el número 470, y aunque es de 1993, poco a poco la Fiscalía lo ha ido actualizando con nuevos acusados y delitos, según las necesidades y los hallazgos, hasta llegar a más de 200 páginas de cargos contra 70 acusados. La última ampliación de la causa, aportada hace un poco más de una semana sin mayor publicidad por parte de la Fiscalía, tiene nuevos incriminados y hechos que agravan aún más el grado de complicidad de los abogados con sus clientes. Pero lo que resulta más interesante para Colombia es que una buena parte del reciente capítulo no es más que una versión norteamericana del proceso 8.000, combinada con novedades que comprometen a miembros de la Asamblea Nacional Constituyente _no mencionados_ y acusaciones de asesinatos y secuestros que ponen en duda la imagen pacífica que la prensa gringa le ha dado a la organización de Cali.Varios de los cargos de esta ampliación no fueron presentados con nombres propios, pero la forma como están redactados parece una parodia del popular acertijo de blanco es gallina lo pone. Uno de los cargos dice por ejemplo que el acusado Hernán Gutiérrez, abogado colombiano, acordó con el cartel de Cali abrir una cuenta en nombre de Export Café Ltda., "que fue usada para hacer pagos secretos a los fondos de una campaña política colombiana en junio de 1994". Detrás de estos eufemismos, según le comentó una fuente a SEMANA en Miami, el gobierno de Estados Unidos puede estar preparando un plan demoledor contra el presidente Ernesto Samper, y es la posibilidad de montar en la Corte de esa ciudad el juicio que nunca se hizo en Colombia; un juicio en el que el papel del Presidente y sus colaboradores en el escándalo de los dineros de la droga sería repasado una y otra vez por una legión de testigos de primera línea que sirvieron para ponerle este nuevo filo a la Piedra Angular. Entre ellos el contador del cartel de Cali Guillermo Pallomari, el piloto Jorge Salcedo, el 'embajador' de la organización en Miami, Harold Ackerman, un tercer testigo, que no tenía nexos probados con el cartel, pero que ha demostrado saber tanto o más que Pallomari y probablemente alguno de los abogados encausados que decida cooperar.El problema de este sueño norteamericano es que en Estados Unidos no se pueden hacer juicios en ausencia y se necesita por lo menos uno de los 'duros' de la lista de acusados -Miguel o Gilberto Rodríguez- para montar el show. A esto hay que agregarle, por supuesto, la bendición secreta del Departamento de Estado que le permitirá a los fiscales tener una idea de qué tan lejos pueden ir con las acusaciones contra Samper.
¿Qué dice el encausamiento?
A juzgar por el contenido de la causa, las autoridades gringas tienen en su retaguardia un sólido arsenal probatorio favorecido por el carácter más flexible y consuetudinario del sistema judicial estadounidense. Mientras que en Colombia los fiscales se rompen la cabeza tratando de ajustar una conducta al delito que configura, en las cortes de Estados Unidos sus colegas pueden presentarlas como actividades que, a pesar de su inocente apariencia _abrir una cuenta, llevar un dinero, comprar unos teléfonos_ y de que no ocurrieron en su territorio, se concibieron para consumar un delito o para encubrirlo.SEMANA tuvo acceso al expediente organizado en una estricta cronología que cubre actividades del cartel de Cali, casi mes a mes, desde marzo de 1983 hasta noviembre de 1995, en un enorme marco geográfico donde se mencionan sus ramificaciones en México, Guatemala, Honduras, Panamá, Venezuela, España, Italia y Rusia. El espíritu del 8.000 está en la página 101 del encausamiento. Allí explica la Fiscalía que alrededor de junio de 1994, el último pago de seis millones de dólares ordenado por Miguel Rodríguez Orejuela, su hermano Gilberto, José Santacruz Londoño y Helmer Herrera Buitrago, fue empacado y contado para ser entregado a una campaña política por Jorge Castillo y Sonia Domínguez, a quien identifican como la secretaria de Miguel Rodríguez. El dinero salió de una cuenta del Banco de Colombia a nombre de Export Café de la cual en marzo del mismo año habían sido retirados dos millones de dólares para pagar esta vez "a candidatos (en plural) políticos colombianos".La contribución de junio fue transportada desde Cali a Bogotá por Tulio Murcillo Posada, otros de los acusados en el encausamiento. En el mismo mes, agrega el documento, Miguel Rodríguez envió a una representante de su organización "para negociar un acuerdo con un candidato político sobre la entrega" de los Rodríguez, Santacruz y Herrera. Los presuntos narcos habrían ofrecido entregarse a cambio de solo cinco años de prisión en una cárcel que sería construida o refaccionada por la organización criminal. Sostiene el encausamiento que Miguel Rodríguez envió un emisario del cartel para negociar un acuerdo con un candidato político que garantizaría la no extradición. Francisco Laguna, uno de los abogados que inicialmente había sido vinculado a Cornerstone declaró que en una reunión que sostuvo con los Rodríguez en mayo de 1994, uno de ellos dijo que le había girado tres millones de dólares a una campaña política.Aunque no explica qué destino le dio al documento, la causa sostiene que Miguel Rodríguez Orejuela preparó en 1994 un borrador de un proyecto de ley en el cual se consagraba la eliminación parcial del delito de enriquecimiento ilícito.Pero el encausamiento del gran jurado de Miami no se quedó en el gobierno del presidente Samper. Varios de los cargos describen pagos a miembros de la Asamblea Constituyente en 1991, año en que, sostiene el expediente, Miguel Rodríguez ordenó la entrega de sobornos a integrantes de la Asamblea "por sus votos en contra de la inclusión de un artículo en la Constitución que permitía la extradición de colombianos". El documento no menciona a ningún constituyente.
La otra cara
En el nuevo capítulo del voluminoso expediente, los Rodríguez no solo son acusados de dirigir la gigantesca empresa de la cocaína sino además vinculados con los crímenes de informantes y enemigos de la organización. Según el gran jurado, William Rodríguez, hijo de Miguel, asumió a partir del 6 de agosto de 1995 las funciones del día a día de las operaciones de narcotráfico y lavado de dinero de la organización y una campaña de venganzas por el arresto de su papá que incluyó el asesinato de testigos potenciales en su contra.William es acusado de haber ordenado a Jorge Salcedo, César Yusti y otros miembros de la organización de localizar y asesinar a la esposa de Pallomari, Gladys Patricia Cardona Cáceres, inmediatamente después del arresto de Miguel en agosto de 1995. Convencido de que quien había 'vendido' a su padre era Salcedo, días después, dice el expediente, William le ofreció dinero a Vicky Girón para que diera información del paradero de Salcedo y su esposa para asesinarlos.En todas estas actividades, los fiscales señalaron como hombre clave al oficial (r) del Ejército, Mario del Basto, a quien le atribuyen haber trabajado para el cartel aproximadamente desde 1985 en el área de seguridad e inteligencia y de haber hecho varios intentos de asesinar a Pablo Escobar. Del Basto fue quien coordinó la captura a finales de 1992 de dos ladrones que se habían robado un computador de Pallomari con información secreta de las operaciones del cartel. Los responsables del robo fueron asesinados por miembros de la organización, dice la causa.Según el encausamiento, Miguel Rodríguez ordenó la muerte de Pallomari en julio de 1995 y en agosto de 1994 la de Radamés Trujillo, este último bajo la creencia de que estaba colaborando con las autoridades colombianas. Trujillo fue asesinado en una finca del Valle del Cauca.Pasarán varios meses para que se cite a juicio a algunos de los acusados que están presos en Estados Unidos, donde el gobierno maneja con extrema cautela los detalles del proceso.Por ahora lo único que se sabe es que los fiscales del caso son William Pearson y Edward Ryan y que vienen de una penosa derrota judicial en un juicio contra dos presuntos narcotraficantes cubano-americanos -Falcon y Magluta- en el que había evidencias contundentes. El caso lo perdió el gobierno por un insólito veredicto del jurado.
Otros debutantes
Además de William Rodríguez, el hijo de Miguel, otros de los debutantes en el encausamiento de Cornestone son:Jorge Castillo: escolta, secretario y chofer de Miguel Rodríguez desde 1985.Sonia Domínguez: secretaria y jefe de archivos de Miguel Rodríguez Orejuela. Traducía documentos de las causas pendientes en Estados Unidos.Guillermo Villa: ex procurador para la Policía judicial. Acusado de conseguir información para el cartel de Cali sobre los casos pendientes en Estados Unidos.Mario del Basto: ex oficial del Ejército, encargado de la seguridad e inteligencia del cartel.Jorge Alberto Sánchez: encargado del pago de sobornos a la Policía de Cali y a la organización de los escoltas del cartel.Carlos Espinosa: experto en comunicaciones, encargado de instalar los equipos para interceptar llamadas.Benito Heredia: intermediario con el narcotraficante mexicano Amado Carrillo.Jose Piedrahita: asesor en laboratorios de procesamiento de cocaína.Tulio Murcillo Posada: hermano de Julián Murcillo, encargado de las casas de seguridad para los miembros del cartel y el envío de dineros a los políticos.Iván Ortiz: encargado de las exportaciones de droga a Europa en bolsas de café.Cristian Daes: encargado de comprar armas para el cartel.Henry Gaviria: identificado como sicario al servicio del cartel.
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