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| 2/29/1988 12:00:00 AM

¡A LA CARGA!

SEMANA analiza el estatuto anti-terrorista dictado por Barco.

¡A LA CARGA! ¡A LA CARGA!
Cuando los colombianos vieron al Presidente de la República por los canales de la televisión anunciando el Estatuto para la Defensa de la Democracia, hubo una sensación de "¡por fin reaccionó el gobierno!". Sólo los expertos se detuvieron a analizar el contenido del estatuto. Para el resto de la opinión pública, el Presidente había hablado, había hablado duro, y había llenado las expectativas.
En realidad, "el palo no estaba para cucharas". El ánimo general, luego de la tormentosa semana durante la cual había permanecido secuestrado Andrés Pastrana y de las angustiosas horas que habían mediado entre el secuestro del Procurador y su asesinato, era el de buscar cualquier pretexto para cerrar filas en torno del Presidente.
La alocución de Barco fue ese pretexto. En tono enérgico, el Presidente dijo: "He invocado la solidaridad ciudadana contra el crimen. Pocos han respondido como se quiere. Ha llegado la hora de castigar la falta de solidaridad. Así lo hace el Estatuto de Defensa de la Democracia". Aunque Barco advirtió que el texto completo sólo se daría a conocer al día siguiente, tocó, a manera de abrebocas, exactamente los temas sobre los cuales los colombianos querían oír hablar. Mencionó el fortalecimiento de la justicia, el de la fuerza pública, los estímulos para la denuncia y la colaboración con la justicia y el diálogo con los partidos de oposición, que aunque nadie sabe muy bien a dónde conduce, sí se venía reclamando insistentemente como eje de un replanteamiento político general.
De esta forma, independientemente de la convicción de que las normas que anunciaba el Presidente eran las que requería la situación del país, la alocución presidencial logró proyectar un impacto psicológico de acción, que era exactamente lo que necesitaba un país cuya percepción del gobierno era hasta ese momento la de la inercia y la impotencia frente al narcotráfico.

EL NUEVO ESTATUTO
Una vez digeridas las medidas, nadie, salvo muy tímidamente la Unión Patriótica, se atrevió a decir públicamente lo que se comentaba en privado: que había muchas semejanzas entre el Estatuto para la Defensa de la Democracia de Virgilio Barco y el Estatuto de Seguridad que tantos dolores de cabeza le produjo, en su oportunidad, al presidente Julio César Turbay. Si nadie se atrevió a hacerlo fue, entre otras razones, porque mientras el Estatuto de Seguridad apuntaba directamente hacia la actividad guerrillera en momentos en que el M-19 gozaba de cierta popularidad, el nuevo estatuto está dirigido fundamentalmente contra las acciones terroristas del narcotráfico, que producen una repugnancia generalizada en el país.
Los dos estatutos constituyen una recopilación de normas dispersas y de conductas delictivas, presentadas en forma orgánica y acompañadas con un aumento correlativo de las penas. Pero mientras el Estatuto de Seguridad se limitaba a desarrollar el artículo 28 de la Constitución Nacional, en cuanto a la retención de personas sin orden judicial pero con previa autorización del Consejo de Ministros, el Estatuto para la Defensa de la Democracia permite algo más osado:el arresto, el allanamiento, el registro y la intercepción de teléfonos, sin necesidad de que medie orden judicial ni de autoridad alguna.
Este, probablemente, será el punto más polémico de todo el estatuto. Algunos expertos señalan desde ya, que podría alegarse una clara violación del artículo 23 de la Constitución, que señala que nadie podrá ser arrestado ni detenido, ni su domicilio registrado, "sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente".
El estatuto consta de tres títulos, cuatro capítulos y 52 artículos, en ninguno de los cuales, curiosamente, se menciona la palabra "narcotráfico" .
En el Título I, el primero de los capítulos se refiere concretamente a los delitos que "atentan contra la seguridad y la tranquilidad públicas", y reúne una serie de normas vigentes aplicadas casuísticamente a los más variados fines terroristas: omisión de informes sobre actividades terroristas, exigencia de "vacunas" para actos terroristas, reclutamiento para grupos terroristas, incendio o destrucción de nave, aeronave o medio de transporte, empleo de armas o explosivos contra vehículo, corrupción de alimentos y medicinas, intercepción de correspondencia oficial, utilización de uniformes e insignias militares, etc.
El Capítulo 2° recopila variadas normas que sancionan el secuestro, pero son la originalidad de aumentar las penas cuando dicho delito tenga específicamente fines terroristas. Este capítulo incluye también las torturas realizadas "en cumplimiento de actividades terroristas", la extorsión "con el propósito de facilitar actos terroristas", las amenazas "realizadas para causar alarma, zozobra o terror en una persona o familia", etc.
El Capítulo 3° busca sancionar con especial drasticidad el homicidio con fines terroristas, que el estatuto entiende como aquel que se realiza en cabeza de algún funcionario público, candidato, dirigente político, cívico, gremial o sindical, periodista, profesor universitario, militar, policía o prelado de la iglesia.
Y el Capítulo 4° establece la figura totalmente novedosa en Colombia de poder utilizar la confesión de un sindicado, si ésta le resulta útil a la justicia, para rebajar la pena del procesado o incluso extinguir completamente la acción penal en su contra. También se incluye la figura de la gratificación por, información eficaz, que contempla recompensas hasta por 500 salarios mínimos (más de 12 millones de pesos) para quien, como la persona que delató a los hermanos Duque Erazo como posibles autores del asesinato del Procurador, suministre información que permita la captura de un delincuente.
En el Título II del estatuto se describen los procedimientos contemplados para la captura y procesamiento de los responsables de los anteriores delitos. Es aquí donde algunos expertos consideran que el gobierno, muy hábilmente, revivió la figura del tribunal para delitos especiales que la Corte Suprema de Justicia había declarado inconstitucional. Los delitos enumerados en el Titulo I son los que el gobierno considera "especiales" y, por consiguiente, serán juzgados por unos jueces "especiales" de orden público. En este aspecto, el gobierno se preocupó por crear una segunda instancia para los delitos "especiales". Asi corrigió la omisión de la segunda instancia que se saltaba el Tribunal Especial, y que fue una de las causas por las cuales el Tribunal fue declarado inconstitucional. Para este efecto se crean en los tribunales superiores de distrito judicial unas salas "especiales" de juzgamiento, que serán la segunda instancia de los jueces "especiales" de orden público que juzguen delitos de terrorismo y otros que atenten contra el orden público. Para todos estos efectos, el Estatuto para la Defensa de la Democracia revive una posibilidad que contemplaba el viejo código de procedimiento penal y que habia quedado definitivamente eliminada con la promulgación del nuevo: la de que soldados, policías o agentes del DAS nuedan actuar como agentes de Policía Judicial, para realizar capturas, allanamientos o registros aún sin orden judicial o de autoridad competente "en caso de urgencia y cuando las necesidades así lo exijan". El estatuto no determina sin embargo, a quién le corresponde calificar la "urgencia" o las "necesidades", lo que ha llevado a que algunos sectores, siempre dentro de la timidez con la cual se ha comentado el estatuto, afirmen que existe el peligro de la arbitrariedad de las autoridades. Sin embargo, contra la posibilidad de este desbordamiento, el mismo estatuto contempla un procedimiento que, en principio, garantizaría que esto no suceda: cuando una persona sea detenida sin orden judicial por existir graves indicios de que participa en alguna actividad terrorista, deberá ser puesta inmediatamente a disposición del superior inmediato del soldado, policía o agente del DAS; informar dentro de las 24 horas siguientes al juez de orden público competente; y entregar, en todo caso, el detenido a dicho juez, dentro de los cinco días siguientes a su captura. De ahí para adelante se aplicará un proceso judicial abreviado.
Por último, el Titulo III contempla como disposiciones finales algunas medidas restrictivas para la transmisión radial de hechos que alteran el orden público y de testimonios de quienes presencien o protagonicen esos mismos hechos. Estas medidas fueron recibidas resignadamente por el medio radial, pero fuertemente criticadas por el presidente de Asomedios, Jorge Valencia Jaramillo, en carta enviada al ministro de Comunicaciones.

EFECTO SICOLOGICO
Como en tantas otras oportunidades, la Corte Suprema de Justicia tiene la última palabra sobre la aplicabilidad o no del Estatuto para la Defensa de la Democracia. Pero aún en caso de que sea declarado constitucional, incluyendo las controvertidas normas sobre la posibilidad de arresto sin orden judicial, algunos expertos sostienen que el principal problema del Estado en la lucha contra el narcotráfico no es judicial, sino policivo. De nada sirve, dicen, aumentar las penas, si no se captura a los delincuentes. Pero para quienes defienden el mecanismo de hacer más drásticas las penas, porque consideran que ejercen un poder disuasivo sobre delincuentes potenciales, es claro que el gobierno deberá llevar este paquete de medidas ante el Congreso, para convertir en leyes de la República las medidas que, tomadas al amparo del estado de sitio, hoy por hoy sólo tienen carácter temporal. De lo contrario, si un narcotraficante o terrorista cayera hoy en manos de la justicia y se le aplicaran las penas aumentadas que contempla el estatuto, de ser levantado el estado de sitio en el curso del cumplimiento de la condena, sus penas volverían a reducirse al amparo del código de procedimiento penal.
Si el estatuto cumple su objetivo en la lucha contra el terrorismo producido por narcotráfico y guerrilla, eso está por verse. Pero en lo que sí, desde ya, puede cantar victoria el gobierno es en los efectos que produjo en la opinión pública. El Presidente logró reflejar un estado de ánimo en la batalla contra el terrorismo, que cayó tan bien como un alka-seltzer en medio de la terrible indigestión de violencia de la semana pasada.

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