El acuerdo de aceptación de culpabilidad (
plea agreement) suscrito entre Mauricio Santoyo Velasco y el distrito este de Virginia establece las penas y procesos que el general deberá seguir dentro de su proceso de colaboración con la justicia de ese país.
El documento, al q
ue tuvo acceso Semana.com, precisa que Santoyo tendrá que cumplir una pena de prisión mínima de 10 años y máxima de 15 años. Así mismo, prevé el pago de una multa de 250.000 dólares, una cuota punitiva extraordinaria de 100.000 dólares, y una libertad supervisada de por vida.
Respecto al último punto, el acuerdo señala que se trata de una pena que se agrega a cualquier sentencia de privación de la libertad que se dicte contra Santoyo.
De no cumplir con los términos establecidos por el documento, el exgeneral podría verse en la obligación de tener que regresar a prisión durante todo el periodo de “libertad supervisada”.
Adicionalmente, Santoyo está obligado a suministrar a las autoridades estadounidenses toda su información financiera en un plazo de dos semanas a partir de la fecha de solicitud.
En términos de colaboración con la justicia, el documento especifica que el general retirado deberá identificar todos los activos en los cuales hay tenido intereses o haya ejercido algún control —directo o indirecto— durante los últimos 20 años.
Santoyo se comprometió, además, a someterse a las pruebas de polígrafo que las autoridades Estados Unidos requieran, con el procedimiento y los expertos que estas escojan.
En cuanto a los derechos procesales a los cuales renuncia, el documento detalla que el exgeneral pierde el derecho a declararse no culpable, a ser juzgado por un jurado, y a ser representado por un abogado, tanto en el juicio como en cualquier otro momento del proceso.
En términos procesales, Santoyo tampoco podrá confrontar y contrainterrogar testimonios adversos, ser protegido contra la autoincriminación forzada, testificar y presentar evidencias, ni requerir la presencia de testigos.
Por su parte, para la evaluación de las imputaciones se tuvieron en cuenta las ‘Directrices para la imposición de pena’ (
Sentencing Guidelines), a partir de las cuales se estableció que la base del delito del proceso de Santoyo es de grado 26, en una escala progresiva de 43.
Estas directrices, que constituyen una política unificada de imposición de penas, dependen de la gravedad de los hechos cometidos y de la historia criminal de la persona que los cometió.
En el caso de Santoyo, señala el documento, el nivel 26 previamente establecido se incrementa en 2 unidades debido a la naturaleza violenta de los actos cometidos; en otras 12 por tratarse de delitos graves relacionados con crímenes de terrorismo; y en 2 más por haber cometido los hechos abusando de un cargo público.