Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2007/06/02 00:00

¿A qué juega Uribe?

El Presidente anunció una bomba para el 7 de junio. Por ahora parece un triple salto mortal sin red.

¿A qué juega Uribe?

De un momento a otro la agenda del país cambió. De las 'chuzadas' escandalosas y el huracán noticioso de la para-política el país empezó a hablar de paz, acuerdos humanitarios y excarcelaciones. En pocos días se empezaron a movilizar más de 300 guerrilleros para una eventual excarcelación y se anunció que Rodrigo Granda, el llamado 'canciller' de las Farc, el guerrillero más importante preso en Colombia, también saldría de la cárcel. Esta situación generó conmoción e incertidumbre.

Las explicaciones que había dado el presidente Álvaro Uribe hace 15 días para justificar la excarcelación paralela de guerrilleros, paras y para-políticos, se quedaron cortas para darle algún sentido a la cadena de informaciones a cuentagotas.

¿Qué busca Uribe? Fue la pregunta que todo el mundo se hizo. Y como no hubo una respuesta satisfactoria, se planteó todo tipo de hipótesis. Que se aclimataba un 'fujimorazo', con todo y cierre de Congreso, y en uso de supuestas atribuciones constitucionales que existen para las "razones de Estado". O que la liberación de Íngrid Betancourt era inminente como resultado de pactos secretos entre las Farc y el recién estrenado presidente de Francia, Nicolas Sarkozy. La senadora Piedad Córdoba aseguró que la guerrilla soltaría a Íngrid y a los estadounidenses secuestrados a cambio de 'Sonia' y 'Trinidad' -guerrilleros de las Farc extraditados a Estados Unidos- y de Rodrigo Granda. La Presidencia desmintió el cuento.

En la vorágine de rumores, rectificaciones e historias fantásticas que tenían como común denominador la estupefacción colectiva, circularon también interpretaciones sobre lo que podía estar pasando por la cabeza de Álvaro Uribe. Se habló de que había decidido darle un giro a su Presidencia para convertirse en el líder de un acuerdo con la guerrilla. Y también se mencionó la necesidad de darle un timonazo a la agenda pública para evitar el debate -y la crítica- sobre su intención de sacar de la cárcel a los para-políticos, muchos de ellos uribistas.

Y, si esta era la intención, sirvió. Desde hace una semana, en los titulares de prensa sólo se habla del eventual papel que podría jugar Francia frente a los colombianos secuestrados por las Farc, y en particular frente a Íngrid Betancourt. Lo cierto es que algo se está cocinando. Hubo conversaciones telefónicas del nuevo presidente, Sarkozy, con Uribe. El comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, viajó desde La Habana -donde adelanta negociaciones de paz con el ELN- a París a verse con el nuevo jefe del Elíseo. Y aunque casual, porque estaba previsto por otras razones, en los mismos días pasó por la capital francesa el director de Voz, Carlos Lozano, uno de los pocos que conoce qué están pensando los miembros del Secretariado de las Farc.

También se supo que la fecha anunciada por el presidente Uribe como plazo inexorable -"por razones de Estado"-- para soltar a los guerrilleros de las Farc, coincidía con la culminación de la cumbre anual del G-8 en la ciudad de Heiligendamm, en el norte de Alemania. Y que Sarkozy le comunicó a Uribe que si hacía gestos contundentes sobre su disposición a comprometerse con el acuerdo humanitario, como la liberación de Granda y compañía, buscaría allí un apoyo para su gobierno y para su nueva causa. El G-8 reúne a los principales países industrializados del mundo -Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia- más Rusia, que asiste como invitado permanente.

Mucho movimiento, pues, en las salas de redacción, en el Palacio de Nariño y hasta en París. Pero muy poco, por no decir ninguno, en la espesura de las selvas colombianas: las Farc, antagonistas naturales de esta inesperada e intempestiva campaña, no dijeron esta boca es mía. Sólo se conocieron unas declaraciones etéreas de 'Raúl Reyes', publicadas en un periódico alemán, sin precisión sobre la fecha en que se pronunciaron, que denotan un indiscutible escepticismo sobre las excarcelaciones unilaterales de guerrilleros de su organización.

¿Cuáles son entonces las motivaciones de Uribe? Cuatro, claramente visibles. La primera, una audaz y sorpresiva estrategia para buscar la paz. La segunda, desbloquear el acuerdo humanitario. La tercera, arrinconar a las Farc ante la opinión pública. Y la cuarta, replantear una política exterior que mira sólo a la Casa Blanca. Sin embargo, lo que en abstracto parece un noble gesto, en la práctica conduce a callejones sin salida.

Audaz estrategia para buscar la paz

Fue la tesis que más circuló hace una semana y, de alguna manera, fue la explicación del gobierno para sus planes de excarcelar guerrilleros, paramilitares y congresistas detenidos. Significa que Uribe considera que una Presidencia exitosa de ocho años no puede dejar de lado un intento por solucionar el problema más grave del país: el conflicto interno. Y que, en consecuencia, el énfasis del primer cuatrienio en combatir las Farc y derrotar al terrorismo se debe reemplazar por un esfuerzo de negociación. Una segunda fase de la 'seguridad democrática', construida sobre la reducción de los índices de violencia logrados gracias a la primera.

En consecuencia, la estrategia integral contempla beneficios para todos. Para las Farc, liberación unilateral de presos. Para el ELN, negociaciones en La Habana que contemplan un canje. Para los paras, terminar los procesos bajo la Ley de Justicia y Paz y pagar las condenas en granjas agrícolas, con garantías de no extradición. Y para los congresistas -lo mismo que para los demás colaboradores del paramilitarismo-, reemplazarles el Código Penal por la beneficiosa norma de justicia transaccional: la famosa Ley de Justicia y Paz.

Al idílico cuadro anterior le faltan piezas esenciales y tiene tuercas sueltas. La dinámica política de las Farc, el ELN, los paramilitares y los para-políticos no coinciden ni en el tiempo ni en su esencia. Por algo los primeros hechos se limitan a las excarcelaciones de los guerrilleros de las Farc, que son inmediatos. Pero nada garantiza que la bicicleta estática del ELN empiece a marchar. Ni que la no extradición de los jefes paras sea aceptable para Estados Unidos. Ni que el Congreso apruebe las normas que se necesitarían para acortar las penas de los congresistas que lleguen a ser condenados por haberse aliado con los paras.

También hay dificultades políticas. La falta de consenso es grave, para una estrategia de tantos riesgos y tan polémica, y las posibilidades de construirlo son precarias en el clima de pugnacidad que ha creado el propio gobierno con la oposición. El Partido Liberal y el Polo han desenvainado sus espadas contra esta propuesta que ven más como un pacto por la impunidad que como una fórmula mágica para la paz. Incluso hay partidos uribistas que están tan desinformados y perplejos como los colombianos del común. Y, todavía más, hay aliados del uribismo que rechazan por principio la idea de las excarcelaciones masivas. Esta hipótesis, la del gran pacto para volver la página de la violencia, está coja, manca y tuerta. Al menos por ahora.

Desbloquear el intercambio humanitario

Uribe quiere quitarse de encima el sambenito de que no ha hecho nada por los secuestrados. Su plan tiene varias puntas de lanza. De una parte, libera en forma unilateral a los presos de las Farc, entre ellos a canjeables como Rodrigo Granda, ante lo cual la guerrilla quedaría presionada para hacer lo mismo con algunos secuestrados. Eso facilitaría una liberación mutua sin necesidad de hacer un despeje en los municipios de Florida y Pradera, que es la condición que han puesto las Farc. En otras palabras, buscaría el intercambio sin el costo de concederle a la guerrilla su máxima aspiración. Una pieza más del ajedrez es la aspiración de convertir a Rodrigo Granda en vocero y líder de la comunicación entre las Farc y el gobierno, en una figura que se asemeja a la que cumplió Francisco Galán con el ELN.

Pero esta noble idea también tiene graves inconvenientes. El principal es que no es acordada con las Farc -la liberación es un gesto, y no un acuerdo- y esta guerrilla ha demostrado que interpreta los actos unilaterales como síntomas de debilidad. 'Tirofijo' y sus hombres demostraron en el Caguán que les cuesta trabajo pactar concesiones, que son duros para negociar y que no suelen incluir en sus cálculos estratégicos consideraciones políticas sobre su imagen. Más difícil aun es que reaccionen a lo que el gobierno Uribe -al cual consideran, según han dicho, favorable al paramilitarismo e ilegítimo- hace en forma unilateral. O que acepten como vocero a alguien designado por la contraparte, así tenga dentro de las Farc la importancia de Rodrigo Granda. Esta posibilidad, en conclusión, también tiene reparos serios. Otra crítica la hizo el ex senador Rafael Pardo en su columna de El Tiempo: no es claro que la liberación de presos sea un precio menor que el despeje, para hacer el intercambio.

Arrinconar a las Farc ante la opinión

La tercera posibilidad se deriva de la anterior. El gobierno Uribe no es tan ingenuo como para esperar que su gesto de liberación de centenares de prisioneros de las Farc conmueva el corazón del Secretariado. Sin embargo, al hacerlo y no obtener respuesta, pone contra la pared a la guerrilla. En especial, ante la comunidad internacional. Y ante algunos países, como Francia, donde sindican al gobierno, más que a la propia guerrilla, de la responsabilidad por la ausencia de un acuerdo humanitario.

La batalla de opinión con las Farc tendría, incluso, otros componentes. Una serie de giras del vicepresidente, Francisco Santos, por ejemplo, para denunciar el secuestro y pedirle al mundo que condene a la guerrilla por sus crueldades. Para ello contará con símbolos como el propio 'Pacho', el canciller Fernando Araújo y Jhon Frank Pinchao, el policía subintendente que se les voló a las Farc. Sus testimonios contribuirían a despertar la sensibilidad internacional sobre la ferocidad del secuestro.

Esta tesis tiene un problema. Las Farc no puede estar más aisladas. Y algo más, no parece importarles. Tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea están en la lista de organizaciones terroristas. Tienen tres gringos secuestrados y una ciudadana colombo-francesa. México les cerró la oficina que mantuvieron durante años en la capital azteca. Y contra el secuestro se han producido campañas de mucho impacto por varias organizaciones de derechos humanos. Si acorralar a las Farc es el gran propósito de las liberaciones masivas, se incurriría en la contradicción de soltar secuestradores para lograr apoyo en contra del secuestro. Una ecuación que no cuadra. Y que sería, más bien, producto de una obsesión radical del gobierno contra las ONG, cuyas denuncias a los horrores de la guerrilla siempre le parecen pocas. Y contra unas Farc que, en términos políticos, ya están acorraladas. No sólo en el mundo, sino en el país. Basta mirar todas las encuestas.

Mirar más a Europa

La última tesis que se puede tejer sobre los objetivos del gobierno Uribe tiene que ver con la política exterior. El alineamiento con Washington se está volviendo insostenible y costoso. La posible postergación del TLC deja la sensación de que el Tío Sam no corresponde con generosidad al apoyo leal de Colombia en los últimos cuatro años. Y para abrir nuevas dimensiones diplomáticas se necesita hacer gestos contundentes de que el gobierno Uribe está corrigiendo, o al menos ajustando, el discurso bushista sobre el terrorismo. Estas actitudes, sin duda, caen bien en los países latinoamericanos que hoy tienen gobiernos de izquierda.

El foco de esta estrategia, sin embargo, sería Francia. Las relaciones con el gobierno del salido presidente Jacques Chirac fueron pésimas. Casi hostiles. Y dañinas, por su efecto en los lazos con otros países de Europa. La transición al nuevo gobierno ha ofrecido una oportunidad para enmendar la tarea. Durante la campaña, todos los candidatos se pronunciaron sobre Íngrid Betancourt. Sarkozy les envió un mensaje a los miembros de la familia, en que les anunciaba que la liberación de la ex candidata presidencial sería una prioridad de su gobierno. Posteriormente, en el discurso de la victoria electoral, se refirió a un grupo de víctimas de la violencia en todo el mundo, entre las cuales figuró Íngrid. Y el día después de su posesión como Presidente de Francia, recibió a Mélanie, la hija mayor.

La semana anterior hubo nuevos avances. Los dos mandatarios hablaron telefónicamente en varias oportunidades y Luis Carlos Restrepo visitó a Sarkozy en el Palacio del Eliseo para explicarle los planes de la excarcelación de guerrilleros. Lo cual fue bien recibido y motivó declaraciones moderadamente optimistas de parte del nuevo mandatario. Paradójicamente, la visita de Restrepo a París se hizo a propósito del malestar que causó el discurso pronunciado por el presidente Uribe después de la liberación de Pinchao, en el que reiteró su convicción en la conveniencia de buscar el rescate de los secuestrados por la vía militar.

En lo que se refiere a Francia, las movidas de Uribe han operado bien. Lo anterior no significa, sin embargo, que los positivos avances con Francia se extiendan a todas partes. En otros países no se verá con buenos ojos la liberación de miembros de un grupo terrorista. En el Congreso de Estados Unidos, en un momento crucial para el TLC y el Plan Colombia, todavía hay grupos sensibles al tema del terrorismo. No hay que olvidar que el propio gobierno colombiano ha justificado la ayuda militar con el argumento de que necesita fortalecer a las Fuerzas Armadas para combatir a las Farc.

Tampoco es realista pensar que Francia va a lograr un gran compromiso a favor de Colombia en la reunión de esta semana del G-8. Estas cumbres se negocian con meses de anticipación, son formales y protocolarias, y en todo caso tienen prioridades de alta política que en los actuales momentos tienen que ver con la crisis del Oriente Medio, la nueva guerra fría con Rusia y los peligros nucleares. Es poco probable que a Colombia le dediquen más que, si acaso, una mención pequeña y formal en la declaración final. Lo cual sería un objetivo muy precario como 'razón de estado' para liberar a 300 guerrilleros.

Lo que está en juego

En todas las hipótesis, en síntesis, hay graves problemas. Ninguna es satisfactoria, lo cual alimenta la interpretación que han hecho en la oposición: que Uribe simplemente quiso cambiar la agenda informativa para evitar que la opinión pública siguiera concentrada en el incómodo escándalo de la para-política que salpica a tantos congresistas uribistas. O, también, que al final se trata de montar algo que parece una iniciativa de paz global y aplicable a todos los grupos ilegales para legitimar, al final, el otorgamiento de beneficios para los congresistas involucrados.

Lo cierto es que el costo y los riesgos de las excarcelaciones son demasiado altos. A Uribe lo eligieron para derrotar a las Farc y para meter a sus miembros en la cárcel. Sus éxitos en esta materia lo mantienen en el curubito de la popularidad. Pero la gran noticia que esperaban los colombianos era la de la captura de algún pez gordo del Secretariado, y no la liberación de Granda. En el súbito cambio de tercio, además, queda la sensación de que el gobierno ha actuado con improvisación. Los anuncios a cuenta gotas han sido contradictorios. Y hay una indiscutible desproporción entre medios y fines: liberar a tanto guerrillero es un precio demasiado alto para cambiar la actitud, por ejemplo, de Francia. O para acorralar supuestamente a las Farc, que ya están muy desprestigiadas por cuenta de los secuestros de extranjeros. O para calmar a una minoría, muy reducida, que culpa al gobierno, y no a las Farc, por el largo cautiverio de los secuestrados.

Ni hablar de los mensajes que se le envían a la sociedad y las instituciones con las excarcelaciones masivas de guerrilleros sin contraprestación ¿Qué pensará un colombiano común cuando vea que guerrilleros con graves delitos a cuestas salgan de la cárcel? ¿Que pensará la Fiscalía, después del difícil y tortuoso trabajo que hizo para investigarlos? ¿Qué pensarán los jueces que se atrevieron a condenarlos? ¿O los miles de policías y soldados que arriesgaron sus vidas para capturarlos? ¿Cuánto le costó al Estado la captura y condena de cada uno de esos guerrilleros?

La apuesta de Uribe es alta y ambiciosa. Pero también es riesgosa. Un triple salto mortal, sin la certeza de que existe debajo una red protectora.

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