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| 7/16/2011 12:00:00 AM

¿A qué le temen las Cortes?

Nadie duda de que una reforma a la justicia es indispensable en Colombia. La pregunta es si el Congreso aprovechará esto para vengarse de las Altas Cortes.

Hay algo que no cuadra en el debate que se está dando sobre la reforma a la justicia: prácticamente todo el país está de acuerdo con la urgencia de dar un vuelco en esta materia, y sin embargo el gobierno y las Cortes llevan casi un año debatiendo su contenido sin ponerse de acuerdo.

La situación es kafkiana. Durante los últimos ocho meses, dos veces por semana, un grupo de magistrados en representación de las Altas Cortes y el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas, y otros altos funcionarios del gobierno se reunieron para llegar a un acuerdo sobre el texto del proyecto de la reforma. Pero no pudieron ponerse de acuerdo. Ni siquiera los retiros espirituales de dos días que hicieron la semana pasada sirvieron. El gobierno, entonces, tuvo que aplicar su ultimátum y anunció que presentará la reforma al Congreso este 20 de julio.

Ya en el gobierno de Álvaro Uribe se había visto lo difícil que podría ser: los cuatro ministros que pasaron durante esa cartera en ocho años, que intentaron hacer la reforma fracasaron. En ese entonces siempre se pensó que los roces de la Casa de Nariño con la Corte Constitucional primero, y la Corte Suprema después, eran la razón del fracaso. Pero ahora cuando en la relación entre el presidente y las Cortes reinan la cordialidad y el respeto, esa respuesta ya no funciona. ¿Cuál es el problema para que la reforma a la justicia no cuaje?

Hasta ahora el debate se ha concentrado en los puntos concretos de la reforma -ponerle freno a la tutela contra sentencias para acabar con el 'choque de trenes', acabar con el Consejo Superior de la Judicatura en busca de una más eficaz administración de la rama, crear un tribunal independiente que investigue y juzgue a los magistrados, quitarles a las Cortes su papel en la elección del contralor y el procurador, entre otros- y son temas de gran calado.

Pero el gran problema no es ninguno de esos cambios puntuales. En el fondo, las Cortes tienen un miedo genuino de que por la vía de una reforma bien intencionada, como esta, se le recorte autonomía a la rama judicial. "Se tiene la idea de que la reforma en el fondo lo que busca es debilitar la independencia y autonomía de la rama y constituir un tribunal que frene las investigaciones contra los congresistas", le dijo un magistrado a SEMANA. Y otro anotó: "Muchos creemos que la reforma es buena. Pero nunca se sabe qué puede salir del Congreso. Corremos un riesgo muy alto de que se le recorte autonomía a la justicia". El presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, lo dejó claro en sus declaraciones públicas: "Resulta fundamental mantener en la Constitución y, en lo posible, profundizar en todo aquello que tiene que ver con la autonomía de la rama judicial".

Y no es un temor infundado. Al fin y al cabo hay una gran diferencia en que una Constituyente le meta la mano al diseño del aparato de la justicia en la Constitución, y otra muy distinta que lo haga el Congreso de la República, que tiene intereses creados muy claros en este tema.

Y en particular un Congreso como este, que aún no acaba de salir de uno de los escándalos más sonados de su historia como es el de la parapolítica, en el que precisamente ha sido la Corte Suprema la protagonista clave. ¿La clase política no aprovechará la oportunidad para crear un tribunal que investigue a los magistrados a imagen y semejanza de sus necesidades? ¿En un escándalo como el de la parapolítica, por ejemplo, un tribunal conformado por la clase política encontrará la manera de destituir al magistrado que lidere la investigación o al que se convierta en su investigador estrella? ¿O el Congreso se sustraerá acaso de la tentación de dejar sin dientes o borrar de un tajo la pérdida de investidura que hoy es tarea del Consejo de Estado?

O incluso también puede ocurrir que en el Congreso se caigan partes de la iniciativa como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. Un magistrado de esta Corte dijo a esta revista: "¿Acaso alguien cree que los congresistas se van a desprender de este tribunal, que es en el que la clase política tiene mayor influencia y le es funcional para algunas de sus necesidades?".

El segundo punto de fondo para que el gobierno y las Cortes no hayan podido llegar a un acuerdo sobre el texto de la reforma es que el remedio que se está proponiendo no garantiza propiamente la cura para la enfermedad. Este cambio constitucional, según algunos expertos, solo resolvería un porcentaje menor de la catástrofe de la rama. Los indicadores son desastrosos: de cada cien asesinatos, solo en siete de los casos se logra encontrar al culpable y condenarlo. Esto quiere decir que de un año como 2010, cuando se presentaron 15.459 asesinatos, solo se conocerán los responsables de 1.082. Y el otro dato grueso que asusta es que de los más de dos millones de denuncias que entraron al sistema judicial el año pasado, se quedaron en él un millón, es decir que el aparato judicial solo está siendo capaz de atender la mitad de ellas. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con que mientras el número de casos que entra al sistema judicial aumentó en 180 por ciento en los últimos 15 años, el número de fiscales, investigadores y jueces no creció más de 20 por ciento.

Eso sin contar con la manera como las tutelas, en materias como salud y pensiones, que se evitarían si el sistema de seguridad social atendiera como es debido a los ciudadanos, vienen asfixiando en los últimos años el sistema judicial.

En la reforma que propone el gobierno solo hay un punto que va directo al almendrón del problema -y de por sí es polémico- pues plantea que se les pueda dar a abogados y notarios facultades jurisdiccionales durante unos pocos años para aplicar un plan de choque de descongestión de juzgados.

Es claro que la reforma a la justicia es crucial para fortalecer la democracia. Hoy, la ineficiencia, la politización y la corrupción de la rama judicial son uno de los mayores problemas que tiene el país. Pero como los remedios que se piensan aplicar no necesariamente van a curar a este enfermo, vuelven a saltar las suspicacias. ¿En qué va a mejorar la investigación en Colombia el hecho de que las Cortes dejen de nominar la terna para procurador como lo propone el gobierno? ¿O la terna de contralor?

El ministro Germán Vargas Lleras ha dicho que esta es apenas la reforma constitucional y que luego vendrán otras leyes reglamentarias para atacar la congestión y la eficacia judicial. Y sin duda esta reforma es necesaria para pulir lo que diseñaron los constituyentes hace veinte años. Pero ante la urgencia, ¿por qué empezar por la que modifica el poder de la rama y no la que busca transformar una ineficaz operación?

El presidente Juan Manuel Santos y su ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, hasta ahora van invictos en su faena en el Congreso. En un año les han aprobado todo tipo de reformas históricas, como la Ley de Víctimas, la de Regalías o el Estatuto Anticorrupción. Ahora, para comenzar el segundo año de gobierno, enfrentan una prueba distinta: la reforma a la justicia.

Si en el caso de las Víctimas la dificultad era que tocaba intereses de viejos terratenientes y feroces grupos armados, y en el de Regalías que les tenían que quitar plata a los bolsillos de los nuevos ricos, el reto con la justicia es distinto, porque se trata de una cirugía de alta complejidad a la estructura del Estado.

En los otros proyectos aprobados el país tenía cierta claridad sobre la necesidad de esos cambios, pero en este caso hay una gran polémica -y sobre todo muy respetuosa- entre dos de los tres grandes poderes del Estado: se trata de meterle la mano a la estructura de pesos y contrapesos que diseñaron los constituyentes hace veinte años.

No hay duda de que el presidente Santos tiene todas las cartas consigo para ganar esta nueva batalla en el Congreso. La Corte Suprema y el Consejo de Estado están esperando a que el gobierno presente su proyecto para definir si ellos presentan el propio. El problema es que en el Congreso se sabe qué entra, pero no qué sale. No obstante, ese es el camino de la democracia.
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