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| 10/2/2010 12:00:00 AM

¡A la salida nos vemos!

El caso de un joven agredido en la zona norte de Bogotá pone al descubierto el juicio pendiente que hay para padres y colegios en el tema de la violencia escolar.¿Demasiada impunidad?

Una columna del diario El Espectador escrita por Miguel Silva el domingo pasado, en la que denuncia el caso de agresión a su hijo menor, abrió todo un juicio acerca de la responsabilidad de los colegios, las familias y el Estado frente al tema de la violencia escolar.

En el escrito, Silva, secretario privado del ex presidente César Gaviria y fundador de la empresa Gravitas, contó cómo su hijo Sebastián, de 13 años, estudiante del Colegio Anglo Colombiano, fue agredido violentamente el pasado viernes 10 de septiembre en la zona T por otro joven de su edad, alumno del Colegio Nueva Granada (CNG). Según su relato, el joven solo recuerda que se acercó a saludar a dos amigos y cuando fue a darle la mano al tercero este le propinó un golpe en la cara que lo dejó inconsciente. Mientras los agresores huían, Sebastián fue recogido del piso y tuvo que ser sometido a una delicada intervención quirúrgica en la que le recompusieron el hueso de la frente con una malla de titanio, y también la nariz, por lo cual perderá un mes de colegio y estará inhabilitado por seis meses para hacer actividades mientras la herida, de 50 puntos, sana por completo. Todavía se discute si el adolescente usó una manopla para causar semejante daño.

El padre del niño agresor se ofreció a pagar todos los gastos hospitalarios, el joven pidió disculpas y Sebastián, la víctima, lo perdonó. El rector del CNG también llamó a Miguel Silva en señal de solidaridad. El caso, como muchos otros de violencia entre jóvenes, nunca hubiera salido a la luz pública. Sin embargo, a raíz de comentarios en Facebook con los que los jóvenes trivializaron el incidente, y viendo que el muchacho agresor siguió su vida normal en el colegio, como si nada hubiera pasado, Silva decidió romper su silencio. "Todos los gestos que tuvieron los valoro, son atenuantes -dice-, pero no quiero que este asunto quede en el anecdotario, ni que el niño que golpeó a mi hijo termine sin entender la gravedad de su falta. El colegio debe hacer algo, suspenderlo u obligarlo a algún tipo de servicio social, pero algo".

Durante esa semana no se habló de otra cosa en los círculos sociales del norte de Bogotá, y el episodio fue ventilado en varios medios de comunicación. Y en el fragor del debate que levantó este caso no quedó títere con cabeza, y todos los protagonistas de la historia fueron criticados.

El primero en recibir las críticas fue el Colegio Nueva Granada, que aunque no es el único responsable, se le señaló por su laxitud y por desaprovechar la oportunidad para actuar de acuerdo a sus normas disciplinarias e imponer una sanción apropiada y proporcional al hecho. "Sus directivas se quedaron cortas", dice un abogado constitucionalista que pidió no mencionar su nombre. Es cierto que una institución educativa no puede responder por todo lo que hace el alumno fuera de los límites del plantel, pero tampoco es cierto que se pueda lavar las manos cuando un miembro de su comunidad comete un delito o un acto condenable -así no lo haya hecho dentro del colegio-, pues, por ley, todos los colegios tienen la obligación de formar individuos integrales.

Los padres del agresor también fueron duramente criticados porque, según la Ley de Infancia y Adolescencia, son, con el colegio, corresponsables de la educación de sus hijos y, como lo dijo el especialista Francisco Cajiao, "algo pasó o dejó de pasar en la crianza del muchacho para que llegara a resolver un conflicto de esta manera". El cuestionamiento a la familia es aún más grave si se tiene en cuenta que el adolescente ya había estado involucrado en casos de violencia similares. Hasta al propio padre del joven agredido le dieron garrote por no querer entablar una denuncia penal contra el agresor de su hijo. "Eso de que me da pereza o que me da pena es la salida más fácil y le hace un gran daño a toda esa generación de jóvenes, porque no se les ofrece la oportunidad de aprender", señala la senadora Gilma Jiménez.

Y en este juicio salió otro acusado, la sociedad en general, pues según Beatriz Linares, miembro y asesora de Alianza para la Niñez Colombiana, este tipo de agresiones está tipificado en el Código Penal como lesiones personales graves y es un delito doloso que tiene que surtir un trámite de acuerdo a lo estipulado en el Código de Infancia y Adolescencia. "Aquí no se trata de si el papá de la víctima quiere o no demandar, sino de que todas las instituciones que saben del caso lo deben reportar para que el Estado lo tramite de oficio, como sucede en un accidente de tránsito". En ese sentido, señala que hasta el hospital donde fue tratado el joven tiene el deber de dar a conocer los hechos a las autoridades, pues de otra forma estarían fallando por omisión.

En este caso, todos perdieron.

Un panorama ya conocido

Desde 2006 se tiene un diagnóstico del panorama de agresión en los colegios públicos y privados de Bogotá. Uno de los estudios mostró que el 33 por ciento de los encuestados, es decir, uno de cada tres, ha sido víctima de agresión física por parte de un compañero de curso en el último mes.

Otro trabajo, hecho en todo el país con las pruebas Saber del Icfes para conocer el panorama del matoneo (bullying) dio como resultado que 29 por ciento de los alumnos de quinto de primaria y 15 por ciento de noveno reportaron haber sido víctimas de intimidación. Al comparar estas cifras con las de otros países, se encontró que Colombia está dos veces por arriba del promedio en el mundo. No se han hecho estudios más recientes, pero por las noticias y las historias que se oyen se calcula que la situación no ha mejorado, lo que demuestra que "desde el diagnóstico no se ha hecho nada", enfatiza la senadora Jiménez.

Incluso, en el caso del ciberbullying, Enrique Chaux, psicólogo investigador de la Universidad de los Andes, considera que ha aumentado al ritmo que lo hace la penetración de Internet. Chaux explica que en los estratos bajos se dan más situaciones de pandillas, microtráfico y robos (ver recuadro), pero que la violencia es generalizada, por lo tanto los de estrato alto no se escapan de ella. Esto es todavía más preocupante, según Jiménez, porque "los de estrato 1, 2 y 3 tienen unas condiciones de pobreza muy complejas, pero esta gente lo ha tenido todo".

Sería injusto, entonces, creer que este episodio de violencia es exclusivo del Colegio Nueva Granada. En otros planteles educativos también sucede, pero muchas veces las víctimas, los victimarios y el colegio aplican una especie de ley del silencio.

Por ejemplo Daniel, de 14 años, fue víctima de matoneo por parte de un compañero suyo en el Gimnasio Moderno, sin que este o las autoridades pudieran intervenir. Ante una diferencia que Daniel y su amigo tuvieron, este último quedó resentido, y aunque fue expulsado del colegio, lo siguió acosando a distancia. No contento con intimidarlo a él, la emprendió también contra su padre, a quien le robó la cuenta de correo electrónico, desde la que empezó a enviar mensajes insultantes a todos sus contactos, entre los que estaban amigos y clientes. "Yo, que soy un hombre de 48 años, me sentí vulnerable y a merced de un niño de 15 durante los meses que duró este acoso. Mi hijo y yo vivimos un infierno", dice. Los papás del joven nunca respondieron ni aceptaron que su hijo estuviese involucrado en ese tema, y cuando Daniel y su padre acudieron a la Fiscalía les informaron que allá había casos de masacres, guerrilla, extorsión y que "no podían atender una riña de niños ricos maleducados, a no ser que hubiera una amenaza seria a la vida", relata.

Otro caso insólito es el de una niña de 12 años en el Gimnasio Alemán, que era perseguida por el líder del grupo con el apoyo de los demás compañeros, quienes también la molestaban y la agredían verbalmente. La copa se colmó cuando de un puño el agresor, quien tenía ya un historial de violencia física, le rompió la mano a la joven. La frustración de sus padres fue total cuando le reportaron el hecho al rector. "El colegio defendió al agresor y nos dijo que había que entenderlo porque él tenía muchos problemas", dice la mamá, quien ante esta decisión optó por sacar a la niña del colegio.

Otra historia sobrecogedora es la de un joven de un colegio cuyo nombre todo el mundo calla que fue llevado a una finca y emborrachado por sus compañeros hasta perder el uso de razón. Sus amigos lo dejaron deambular cerca de un río caudaloso, golpearse en la cabeza con piedras y poner en peligro su vida, mientras los demás se reían y grababan un video para colgarlo en YouTube.

¿Qué está pasando?

Cuando se oyen estas historias, muchos padres creen que son típicas diabluras de niños y que eso es natural en estas etapas de la vida. No obstante, Enrique Chaux considera que estos comportamientos no son normales y que la sociedad colombiana sí tiene una manera más agresiva que otras de lidiar con los conflictos y está acostumbrada a legitimar la agresión. "Tiene que ver con años de violencia", dice. Ya se trabaja en el tema. Parte del panorama de violencia que revelan las cifras se debe a que la población se ha sensibilizado frente a la violencia escolar y es capaz de detectar cuándo se está produciendo un hecho de agresión física o verbal o distingue el matoneo de la violencia relacional.

Pero el diagnóstico no ha sido suficiente, y los expertos señalan que ni padres ni colegios han hecho el esfuerzo completo por educarse en el tema, sobre todo en materia de prevención. "Seguimos sin comprometernos con las acciones pertinentes", dice Olga Lucía Hoyos, doctora en Psicología de la Universidad del Norte y quien ha trabajado durante más de 10 años en el tema. "Hay una mejor disposición de todos, pero los centros educativos siguen siendo reactivos y solo actúan cuando ocurre algo", agrega. Con ella coincide Karen Ratmer, psicóloga experta en matoneo, quien cuenta que ha tratado de ofrecer un paquete completo antiviolencia escolar en muchos planteles educativos privados, pero no ha tenido eco y siente que muchos de ellos arreglan el asunto con una sola conferencia "a la que asisten diez papás que, por lo general, son los que menos tienen problemas de convivencia", afirma.

Esa falta de conciencia y educación de todos los actores hace que no se tenga claridad acerca de las responsabilidades de los colegios y de los padres, y ocurre a menudo que unos y otros se lavan las manos cuando un acto de estos sucede. Uno de los estudios ya citados reveló que el 15 por ciento de los niños habían sido agredidos por sus profesores. "Aunque se puede decir que 85 por ciento de los maestros no lo hacen, esa cifra es alarmante porque debería ser cero", dice Chaux.

En esta confusión, los padres creen que la responsabilidad es del colegio y "piensan que porque pagan una pensión muy cara tienen derecho a exigir y a hacer lo que quieran", dice Fernando Vitta, rector del Leonardo da Vinci. Algunos colegios, por su parte, consideran que la responsabilidad de todo lo que pasa fuera del colegio es de los padres y que no tienen obligación de hacer nada cuando ocurren cosas fuera de los límites del plantel. "Están preocupados por los resultados académicos y piensan que lo normativo es problema de la casa", señala Cajiao. Como lo dice Carolina Piñeros, psicóloga de Red Papaz, "cuando pasa algo la tendencia es buscar un culpable, y lo cierto es que no hay un único responsable por que todos lo son", señala.

Otro elemento que ha contribuido a perpetuar el tema es el silencio. En algunos casos, los colegios prefieren tapar el asunto porque les tienen miedo a las tutelas, pues se han presentado casos en los que, tras una sanción drástica como la expulsión, el rector ha tenido que echar para atrás por violar el derecho a la educación.

Consuelo Gaviria, rectora del Colegio Cardenal Pacelli, vivió esta situación en los últimos quince días, cuando sancionó dentro del colegio a una niña por un comportamiento reprochable fuera de la institución. "Los papás llegaron con abogados y derechos de petición, pero finalmente se dieron cuenta de que no se les había violado el debido proceso y desistieron de la acción -dice Gaviria-. Los rectores estamos amarrados, y el problema es que los papás están cada vez más ausentes, y si una niña queda embarazada, el papá viene a regañarme como si la culpa fuera mía".

Los rectores no pueden actuar amedrentados por eventuales tutelas o vivir con la espada de Damocles de un terrorismo jurídico que les impida tomar decisiones que envíen un mensaje ejemplarizante para su comunidad.

Los abogados consultados dicen que este miedo se ha ido superando en la medida en que los colegios han afinado el procedimiento para otorgar sanciones y así evitar perder las tutelas por fallas en el debido proceso. Pero los expertos consultados por SEMANA reportan que en algunos casos persiste una relación desigual entre el colegio y la familia. "Hay profesores y rectores que les tienen miedo a los papás" , dice Ratmer, porque son personajes con cargos de poder o influyentes económicamente, y ante este tipo de casos prefieren tapar las cosas o solucionarlas con paños de agua tibia, para evitar problemas.

Pero el peor escenario es no hacer nada, porque, como dicen los abogados penalistas, se transmite un mensaje de impunidad que no favorece al niño agresor, quien va a sacar como conclusión que se puede salir con la suya en todos sus actos agresivos. "El silencio ni siquiera sirve para reconstruir el vínculo de la comunidad con el niño agresor, que, con excepción de sus más cercanos, probablemente va a ser señalado y discriminado si no tiene la sanción que se merece", señala un abogado. Tampoco es bueno para la víctima y su familia, porque no tendrán posibilidad de recibir una reparación proporcional al daño causado. Pero más allá de establecer dónde se trazan los linderos entre la responsabilidad de los padres y del colegio, en todos estos graves episodios de maltrato y violencia se vislumbra una creciente falta de autoridad de las partes, producto del miedo, la conveniencia, la comodidad o de una nueva tendencia pedagógica que muchas veces confunde el diálogo con la impunidad.

El caso del hijo de Silva es una buena oportunidad para reflexionar sobre qué es educar y la cuota de responsabilidad que le cabe a cada uno. Pero sobre todo, para entender que estos casos no se pueden pasar por alto ni se resuelven simplemente con pedir perdón y un estrechón de manos.
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